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La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Bolivia observó con “preocupación” la conminatoria judicial a 13 medios de prensa de la ciudad de Cochabamba para que entreguen información y nombres de periodistas que investigaron el supuesto secuestro y torturas protagonizados por el abogado Jhasmani Torrico, quien se benefició con detención domiciliaria.
"La Misión expresa su preocupación ante la conminatoria judicial emitida en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados a un caso de interés público", señala Acnudh en redes sociales.
El abogado Torrico, que se encuentra sentenciado por secuestro y torturas, pretende iniciar procesos por supuesta difamación e injurias a 13 medios de comunicación y solicitó a la jueza Sofía Camacho, del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, que se tome en cuenta toda la información que estos medios difundieron respecto a los delitos del abogado, petición que fue aceptada.
"La Misión recuerda que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión", señalan la Acnudh.
La Defensoría del Pueblo se pronunció también en similar sentido que la Misión de la ONU y advirtió que este tipo de actos constituyen medios de amedrentamiento para este sector fundamental de la sociedad boliviana y un medio indirecto de limitación a la libertad de expresión.
Recordó que todas las peticiones, a consecuencia de la labor periodística, deben enmarcarse a estándares internacionales, a la Constitución Política del Estado referentes a la comunicación social e información.
La Defensoría exhortó a los jueces en materia penal a realizar un análisis de las normas que protegen a los trabajadores de la prensa y al trabajo de los medios de comunicación antes de emitir conminatorias sobre otorgación de información.
También hay observaciones y rechazo desde otras entidades del interior del país. Una de ella es la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (Fstpc) que solicita a la jueza revisar su determinación.
La Federación también recuerda a los periodistas que está vigente la ley de Imprenta, que se constituye en la jurisdicción para juzgarlos por acusaciones referidas a presuntos delitos de imprenta.
Recuerda que la Constitución, en su artículo 106, establece que los periodistas ejercen su labor mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y de medios de comunicación.
El ministro Iván Lima recordó que la Ley de Imprenta de 1925 se encuentra vigente y advirtió que el proceso penal iniciado por el abogado sentenciado por secuestro y torturas, Jhasmani Torrico, busca censurar a los trabajadores de la prensa.
Este sábado, 24 de abri, la jueza de Quillacollo, Salomé Guzmán Terán, dictó arresto domiciliario en favor de Torrico. "La audiencia fue programada de emergencia, por una resolución de acción de libertad que había planteado el imputado, se había otorgado 24 horas para resolver su situación jurídica. La audiencia fue instalada sólo con dos jueces técnicos y se revocó la detención preventiva del imputado, se le otorgó la detención domiciliaria", confirmó a Página Siete el titular del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Vladimir Pérez.
Además de la detención domiciliaria, a Torrico se le impuso el arraigo y una fianza económica de 80.000 bolivianos. "En este momento no está en libertad, pero ya hay una resolución que revoca la detención preventiva", declaró Pérez.
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