El juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó la moción planteada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, respecto al proceso en que se los responsabiliza por las muertes de la masacre de octubre de 2003, y ratificó la sentencia que establece el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes.
De acuerdo con los antecedentes, en abril de 2018 un jurado halló responsables a los exfuncionarios en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA), después de un juicio de un mes que incluyó seis días de deliberaciones por parte del jurado.
Un mes después, el tribunal de distrito emitió un fallo que anuló el veredicto del jurado y emitió su propia sentencia declarando que, por no haber suficientes pruebas, los acusados no eran responsables. En agosto, el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos anuló el fallo del tribunal de distrito y remitió el caso al mismo tribunal de distrito para que continuara con los procedimientos.
Los acusados presentaron una segunda moción para anular el veredicto del jurado y la indemnización por daños.
El tribunal de distrito falló a favor de los familiares de las personas que perdieron su vida en la masacre, restableciendo el veredicto del jurado de $us 10 millones.
En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.
