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Gonzalo Colque | Director de la Fundación Tierra:
El vicepresidente David Choquehuanca convocó al llamado "Reencuentro" con la Madre Tierra para adoptar dos leyes:
1) Una ley de Defensoría de la Madre Tierra y
2) Una ley contra el Ecocidio y de Protección a la Madre Tierra.
Digamos claro y fuerte. Todo esto no es más que un mero distraccionismo e intento de cooptación de la agenda ambientalista.
Para un verdadero "reencuentro" no hacen falta tales leyes declarativas y decorativas. Si el Vice quiere hacer algo de verdad, empiece por lo siguiente:
1) Abrogue el decreto transgénico 4232,
2) Abrogue la ley de desmontes 741,
3) Cancele el proyecto de biodiésel,
4) Desaloje a los traficantes de tierras que están ocupando y produciendo soya transgénica en tierras fiscales.
24,8 millones de hectáreas de tierras representa el 28% de las tierras saneadas en el país. El sector empresarial posee 13,6 millones de hectáreas, que equivale al 15% de la tenencia. Los interculturales exigen manejar el INRA y reclaman tierras inclusive de áreas protegidas. Ya tuvieron a dos ministros que salieron acusados de corrupción
Afirmar que los interculturales y campesinos, considerados el ala dura del MAS, son los dueños de las mayores extensiones de tierra en el país no es una exageración, es un hecho. Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre los dos sectores poseen el 28% de la tierra saneada. Esto equivale a 24,8 millones de hectáreas. Tienen una mayor extensión que el sector empresarial, que cuenta con el 15% de la tenencia (13,6 millones de hectáreas).
Mientras, el Estado posee el 30% (26,7 millones de hectáreas). Los indígenas tienen el 27% (24,3 millones de hectáreas) de predios, revela un reporte de El Deber.
La detención del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo no solo puso en tela juicio al Gobierno, sino a los interculturales que respaldan a la exautoridad, detenido mientras recibía un soborno de $us 20.000 para sanear un predio en San Ramón (Santa Cruz), indica el medio cruceño.
Este mismo grupo, públicamente, exigió al Gobierno que designe un ministro que responda al sector y pidió la administración del INRA, por haber apoyado electoralmente al partido de Gobierno.
De hecho, antes de Characayo, el sector colocó a Wilson Cáceres como ministro del área, pero fue destituido por nepotismo.
Se buscó a la dirigencia del sector en Santa Cruz, pero no contestaron la consulta de El Deber.
Fernando Asturizaga, ex viceministro de Tierra, dijo que los interculturales han gozado de prioridad a la hora de dotación.
En las últimas horas también se conoció que un grupo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob) reclama tierras del área protegida municipal del Bajo Paraguá, ubicado en San Ignacio de Velasco en Santa Cruz.
Además exigen modificaciones al Plan de Uso del Suelo (PLUS) que para los cruceños representa uno de sus mejores instrumentos de planificación del desarrollo económico y social.
TRÁFICO DE TIERRAS
“El tráfico de tierras tiene unos tamaños que todavía no nos imaginamos; el caso Characayo no es nada nuevo, pero algo tenemos que hacer”, afirmó el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque al manifestar que dirigentes Interculturales y campesinos son cómplices de funcionarios públicos para el tráfico de tierras fiscales, según un reporte de la Red Erbol.
Citó los casos de Bolibras en 1992 cuando se repartieron 96 mil hectáreas a ciudadanos bolivianos, argentinos y brasileños en la provincia Chiquitos en el departamento de Santa Cruz; el caso Branko Marinkovic que ha titularizado tierras fiscales en la Laguna Corazón, las 1.400 autorizaciones de asentamientos otorgados a diferentes comunidades entre 2012 y 2019, así como el loteamiento de la reserva forestal de Guarayos.
Dijo que gran parte del tráfico se da sobre tierras fiscales que son mayormente bosques, áreas protegidas, áreas de conservación y en algunos casos se deben entregarse en calidad de propiedad comunitaria a la gente sin tierra, a campesinos e indígenas que necesitan nuevos asentamientos y en ningún caso, según la ley, se puede adjudicarse, entregar o vender a privados.
Explicó que gran parte de estas operaciones consiste en dos temas: uno loteamiento arbitrario por razones políticas y económicas de estas tierras fiscales a modo de comunidades campesinas y de comunidades fantasmas que sirven para traficar porque los dirigentes venden las mismas tierras a sectores privados.
Indicó que la otra forma mucho más grave de tráfico de tierras es que los funcionarios públicos con “muchísima complicidad de dirigentes interculturales y campesinos” prometen a los empresarios titularizar estas tierras fiscales a través de saneamiento.
Afirmó que esto es lo que ocurrió con la propiedad “El Triunfo II” que involucró al ministro de Desarrollo Rural Edwin Characayo, porque era una tierra fiscal, pero quien pretendía la titularidad estuvo haciendo varios trámites para lograr que pase a manos privadas, sabiendo que no se podía traspasar bajo ningún concepto.
Observa que servidores públicos y esos dirigentes se comprometen a una serie de artimañas para canalizar el tráfico de tierras, como el hecho que hacer aparecer como poseedores de hace 20 años para justificar el saneamiento o modificar el historial de la propiedad o del derecho propietario.
En el caso de “El Triunfo II” en el municipio de San Ramón, los interesados quisieron pagar 380 mil dólares por 1.300 hectáreas porque en el mercado valen 1.5 millones de dólares y porque son tierras altamente productivas y de hecho tienen cultivos de soya siendo tierra fiscal, dijo en el programa "Hagamos Democracia" de la red Erbol.
Precisó que no se trata de un pago al Estado sino a quienes iban a operar el saneamiento de las tierras fiscales en una forma de corrupción porque el dinero no entra a las arcas del Estado. Dijo que la propiedad “El Triunfo II” era mucho más grandes y se fraccionó en tres, uno de los cuales pertenece a la empresa SOFIMA que logró consolidar propiedad fiscal en propiedad privada.
Explicó también dentro el proceso de saneamiento, las resoluciones de desalojo no son ejecutadas por funcionarios del INRA porque en algunas veces son manejadas como objeto de extorsión para la ganancia de funcionarios y autoridades envueltas en estos procesos.
Advirtió que este problema no se va a resolver con el cambio de autoridades, sino se requiere convertir el tema en un problema de Estado para eliminar el tráfico de tierras fiscales, según la información de Erbol.
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