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¡EL AGRONEGOCIO MANDA, EL GOBIERNO DEL MAS CUMPLE!

José Luis Saavedra | 

A escasos dos días de la abrogación de los decretos transgénicos, el régimen MASista, a través del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, dijo que prontamente se reuniría con el sector agroindustrial y/o agronegociante para hacerles sana-sana y obviamente retomar, es decir reponer y -en la medida de lo posible- ampliar el uso de la biotecnología a al menos cinco cultivos transgénicos (cfr. “Gobierno retomará análisis sobre cultivos transgénicos”, Los Tiempos, 25 abril 2021).

Esta oficiosa declaración del ministro Gonzales nos revela que el régimen MASista no tiene, como no tuvo en 15 años de depredadora gestión gubernamental, la más mínima intención de cambiar, ni siquiera de cuestionar el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente (la expresión es del maestro Raúl Prada). Pero, entonces ¿por qué Arce ha abrogado?, por un simple y mezquino afán de venganza contra el gobierno transitorio. Al MAS no le asiste, nunca le ha asistido, ni el más mínimo sentido de convicción, menos de convencimiento, para por lo menos plantearse la defensa (no digamos el respeto de los derechos) de la madre tierra.

La impostura MASista no es el único problema, sino también el embuste, la calumnia y por tanto la patraña gubernamental. Por razones de espacio, voy a limitarme a señalar dos casos en los que insolentemente se ha faltado a la verdad, es decir se ha mentido. 

Uno, el presidente Arce, durante el anuncio de la abrogación de los decretos que avalaron el uso de los transgénicos, culpó al gobierno de transición el haber introducido en el país “con un solo decreto, y sin sonrojarse (sic), toda la cadena de transgénicos en nuestro país, en trigo, maíz, en todo".

Arce olvida, ladinamente (no se me diga que no sabía), que la política transgénica en Bolivia pro-viene desde el 2005, es decir a partir de los gobiernos de Mesa y Rodríguez. Durante la gestión de Mesa, específicamente el 07 de abril de 2005, se aprobó una resolución tri ministerial a través de la cual se autorizó la utilización de semillas genéticamente modificadas en y para el cultivo de soya resistente al glifosato (evento 40-3-2). Respaldado en esta resolución, el siguiente gobierno, el de Rodríguez, aprobó el DS N.º 28225, del 1 de julio de 2005, con el que se favorecía y alentaba el uso de transgénicos en el cultivo de la soya. Estas normas no han sido abrogadas; ergo, continúan vigentes.

Dos, en el evento pachamámico, pomposamente denominado “Reencuentro con la pacha”, el ministro del poder popular para las relaciones exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, al hablar de los transgénicos, mintió impunemente al decir “que fueron permitidos por la dictadura, el gobierno de facto (sic)”. No tengo espacio para refutarle de manera detallada y no creo que haga falta (recordemos el mandato bíblico: “no hay que dar margaritas a los cerdos”), bastará con decir, asumiendo su grosera ignorancia, que ha sido precisamente el presidente Evo, quien, el 18 de abril de 2019, aprobó el Decreto Supremo N.º 3874, justamente sobre el uso de transgénicos. Esta norma -en su artículo único- manda y ordena que «De manera excepcional, se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel». Es decir, nuevos eventos de soya transgénica expresamente prohibidos en y por nuestra Constitución (Art. 255).

Este infame decreto N.º 3874 no ha sido abrogado, ni derogado; por tanto, se mantiene vigente y puede ser puesto en práctica en cualquier momento (basta la orden de los patrones del agronegocio). En consecuencia, no se puede afirmar, como lo hacen cínicamente los burócratas del régimen MASista, que el gobierno del presidente Arce está en contra de los transgénicos. El MASismo, en su más de 15 años de detentación, usurpación y exacción del poder gubernamental (y cuya corrupción y fraude -como la del 21F- han sido prácticamente gubernamentalizados), ha impulsado decidida y activamente los cultivos transgénicos. ¿Por qué esta opción MASista por el ámbito más salvaje y depredador del extractivismo? Para una respuesta sería y coherente necesitaríamos prácticamente un libro, así que por ahora nos limitaremos a ensayar una simple hipótesis de trabajo: compromisos promiscuos con la casta dominante y principalmente con la oligarquía del agronegocio.

Veamos, pues, para terminar este texto mercenario, un par de ejemplos, relacionados con el proyecto de biodiesel, para ver cómo el régimen MASista (el de Morales y el de Arce) es un lacayo, un sirviente, un peón (servil) del agronegocio y en consecuencia de las corporaciones transnacionales (con todo y graciosos discursitos antiimperialistas). 

Uno, es la llamada Ley de Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal N.º 1098, del 15 de septiembre de 2018, que es de producción, uso y mezcla de “aditivos verdes” con gasolina y diésel, promulgada (obviamente) por el presidente Evo. Para que no quede duda alguna respecto a quien favorece esta ley, el acto de promulgación de la nueva norma se desarrolló en la planta de la Unión de Agroindustrial de Cañeros (Unagro), ubicada en la localidad de Mineros, en el norte de Santa Cruz. El mandatario dijo que con esta ley Bolivia ingresaba a la era de la producción de los biocombustibles. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, explicó que la incorporación del etanol a la matriz energética nacional se traduciría en un crecimiento del área cañera cultivada de 150.000 a 305.000 hectáreas. Es decir, más depredación y además con agrotóxicos contaminantes.

Dos, el proyecto considerado "estrella" por el actual gobierno de Arce, es la construcción de la planta de producción de diésel renovable en Santa Cruz (con una inversión inicial de 250 millones de dólares), a partir de aceites vegetales (de oleaginosas) hidrogenados, para ser utilizado como combustible. Se trata pues de biocombustibles, es decir de biodiesel y de etanol. Para ello, según Arce, se va a incluir nuevas áreas agrícolas, que actualmente no se están empleando en la producción de alimentos, para dirigirlas hacia la producción de materia prima, necesaria para el diésel renovable. 

Asistiremos, pues, a la más salvaje y depredadora ampliación de la frontera agrícola con el consiguiente y violento impacto en las áreas forestales, en la biodiversidad (tierra, agua y aire) y los derechos de los pueblos indígenas y de la propia madre tierra. La política transgénica y extractivista del régimen MASista beneficiará pues al agronegocio y a la importación de más agrotóxicos, además de promover la más salvaje deforestación de los bosques, con implicaciones preocupantemente problemáticas en y para la salud humana y ambiental.

En resumen, la política MASista es radicalmente extractivista y depredadora de los bienes comunes de la naturaleza. Tengamos en cuenta que se requiere expandir en millones de hectáreas la frontera agrícola para producir la soya adicional para la planta de biodiesel. Esto significará mayor deforestación, mayor avasallamiento y tráfico de tierras (como en la Chiquitania) y una compleja serie de impactos ambientales y sociales realmente nefastos. Así, pues, el acceso a millones de hectáreas deforestadas e incendiadas implicará -con absoluta seguridad- seguir perpetrando más y más ecocidios.

Más aún, el uso de cultivos para fabricar combustible está afectando severamente al precio de los alimentos. De manera que la promoción de aditivos vegetales transgénicos (con agrotóxicos) y la ampliación de la frontera agrícola para los biocombustibles es sólo para favorecer a la oligarquía del agronegocio y a las empresas imperialistas y transnacionales.

Finalmente, otra grave consecuencia es que lejos de ayudar a reducir las emisiones contaminantes (de efecto invernadero) y el calentamiento global, los biocombustibles resultan ser mucho más nefastos para el cambio climático que los combustibles fósiles. La argumentación de este enunciado es materia de otro y próximo artículo.  



José Luis Saavedra es miembro de Somos Sur y profesor de teoría y política poscolonial.

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