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Por: Amalia Pando |
Un maletín adecuado, donde quepa todo lo necesario pero que no se vea grande.
Entre lágrimas, su mujer fue haciendo el equipaje con lo indispensable como el cepillo de dientes, calcetines gruesos, toalla, una chompa, e inclusive unas galletas y dulces.
Horas después, ya sin el nudo en la garganta, cuando regresaron de la Fiscalía, el maletín terminó en el olvido mientras su hija lo abrazaba fuerte sin ocultar el miedo que había sentido y él recorría con la vista su casa, todo le pareció luminoso, tan luminoso como puede ser la libertad.
TIEMPO ABROGADO
Todo lo obrado en el último año fue abrogado. Decenas de decretos del gobierno transitorio dejaron de tener vigencia, como si con ello también pudieran borrar la Historia.
Entre ellos, uno que sube del 40 al 43 % el beneficio que recibe el gobierno de los ingresos de Fundempresa, el ente que registra la apertura y cierre de las empresas en el país y que aproximadamente genera 22 millones de bolivianos al año.
Abrogado el 43 %, el gobierno de Arce retornó al 40 %.
DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO
El 15 de marzo, el ministro de (in) Justicia envió a la Fiscalía General cuatro propuestas acusatorias para iniciar un Juicio de Responsabilidades contra la expresidente Jeanine Añez.
El 23 de marzo, la Fiscalía descartó una, la de Fundempresa por insostenible, pero a gritos desde La Paz el ministro Iván Lima logró reincorporarla casi de inmediato.
Cuando este viernes, en una audiencia virtual para ese Juicio de Responsabilidades, el Fiscal General, Juan Lanchipa, y otros tres fiscales, le preguntaron al ex viceministro de Comercio Interno del gobierno de Añez, Adhemar Guzmán, sobre el presunto daño económico causado al Estado por haber renovado el contrato con Fundempresa, Guzmán explicó que 43 es un porcentaje mayor al 40 %. Y su abogada, Audalia Zurita, preguntó sin intención de ofender, si los causantes del daño económico ¿no serán aquellos que abrogaron el decreto en cuestión?
MUY CÓMODO
“El miedo incontrolable de la familia por una muy posible detención era mi mayor angustia. Pero se disipó cuando empecé a declarar”, dice Adhemar Guzmán y reconoce: “Me sentí muy cómodo en la declaración, manteniendo la verdad. Podía optar por el silencio, pero mi interés fue esclarecer toda esta confusión”.
Después de mucho buscar, subiendo y bajando por el edificio del Ministerio Publico, finalmente encontraron la oficina correspondiente, sin embargo, la audiencia virtual comenzó con tres horas de retraso en el auditorio de la Fiscalía de La Paz, a través de un viejo televisor que no dejaba ver con claridad los rostros de los fiscales que interrogaron desde Sucre.
Surgió una pregunta desconcertante referida a un insospechado 48 %.
LA CONFUSIÓN DE UN 48 %
Uno de los fiscales hizo referencia a un 48 % de coparticipación para el gobierno, 48 % que es mayor al 43 %, y, por lo tanto, se constata el daño económico al Estado.
¿De dónde sale ese porcentaje?, pregunta la defensa. De la Ley de 2017, responde desde la Capital uno de los fiscales.
“Déjeme ver”, apela la abogada Zurita. Y revisan el texto de dicha Ley.
Guzmán toma aliento y la palabra: “Esa Ley y su decreto reglamentario hacen referencia a un contrato diferente al que motiva la acusación que se discute en esta audiencia, la acusación que se refiere a la administración del Registro de Comercio vigente desde el año 2001.
En cambio, las disposiciones de 2017 se refieren a la administración de la Gaceta Mercantil Electrónica que desde entonces reemplaza a las publicaciones de prensa sobre la composición societaria de las empresas, balances y otros. Gaceta que también se adjudicó a FUNDEMPRESA, con un contrato específico y diferente.
El 48 % de la recaudación por esas publicaciones digitales beneficia al gobierno. Ese porcentaje nunca fue modificado. “
SE PUEDE IR
La abogada Zurita le susurra al oído: “no te pueden detener hasta que se dicte una sentencia condenatoria en un Juicio de Responsabilidades”.
Y por el parlante del televisor se escucha un deseado pero inesperado: “Se puede ir.”
El pecho de Guzmán estalla de alegría y no puede esperar para abrazar a su esposa que aguarda rezando en la puerta de la Fiscalía.
LA RAZÓN POLÍTICA
No hay una explicación jurídica para incluir el contrato con Fundempresa en un Juicio de Responsabilidades. Pero sí una razón política, la venganza y castigo a la empresa privada que también se pronunció contra el fraude electoral.
Fundempresa es una fundación sin fines de lucro compuesta por entidades empresariales como CAINCO de Santa Cruz y las Cámaras de Industria y Comercio de La Paz.
Antes del 2001, el registro de Comercio estuvo a cargo del Ministerio de Industria y por supuesto estaba muy mal llevado.
El contrato por 20 años con Fundempresa modernizó, agilizó y abarató este registro, esencialmente técnico que en vez de gastos deja ganancias para el gobierno.
El septiembre de 2019, dos años antes de finalizar el contrato, el gobierno de Evo Morales debía convocar a una nueva licitación para este servicio y no lo hizo.! Incumplimiento de deberes ¡
“Dos años antes”, dice el contrato, pensando en todas las dificultades de la transferencia de datos, personal, equipos e infraestructura, y, pensando en que este servicio no puede suspenderse. Créditos, licitaciones, compra - venta de negocios, pago de AFPS, pleitos judiciales, y varios otros, requieren de un certificado de Fundempresa.
En todo caso, tras unos meses, llegó el gobierno transitorio y el Covid-19. Las nuevas autoridades optaron por renovar el contrato por 15 años más, subiendo la participación del gobierno al 43 % y exigiendo nuevas inversiones para la digitalización de todo el sistema, para que en pandemia el público pueda obtener este servicio vía internet sin necesidad de apersonarse a una de las 16 oficinas de Fundempresa.
El gobierno de Arce anuló esta renovación y la consiguiente la inversión. En septiembre próximo el contrato llegará a su final y el gobierno deberá hacerse cargo. Es previsible que despida a todo el experimentado personal y contrate a militantes del MAS.
LAS AFPS COMO ANTECEDENTE
Arce, en su condición de ministro de Finanzas, anuló los contratos con las administradoras privadas de pensiones y desde el año 2017 no pudo concretar la transferencia de las AFPS a manos del gobierno.
Causó un daño económico millonario al Estado al crear una inoperante Gestora Pública de Pensiones que, entre otras cosas, bajo la tutoría de Arce, pagó por adelantado 3,5 millones de dólares por un software a una empresa panameña que desapareció con los dólares.
El software que nunca llegó es un botón de muestra de algunas decenas de multimillonarios contratos firmados en el anterior gobierno Evo-Arce que sí ameritan un Juicio de Responsabilidades, como las inoperantes plantas de Bulo-Bulo y San Buenaventura, o las barcazas chinas que tampoco llegaron al país, o los contratos para el mantenimiento de helicópteros por 60 millones de dólares, entre otros muchos.
JUICIOS SIN LEY
Sin embargo, a un mes y más de la detención dela expresidente Jeanine Añez, no se puede soñar siquiera con que se haga justicia.
El susurro de la Dra. Zurita, “no te pueden detener.” se aplica o no cuando le conviene al gobierno, porque la ley y la Constitución son ellos.
Adhemar Guzmán, con el bolso al hombro, retornó a su casa después de la audiencia con la Fiscalía. Pero es apenas el principio de un largo camino sembrado de espinas.
A la expresidente Añez la sacaron de su domicilio a empujones, sin que pueda preparar un maletín para su encierro.
Y no la piensan liberar. Pisoteando la Constitución alistan un Juicio de Responsabilidades con una Ley modificada que no necesitará de los 2/3 congresales para su autorización.
La verdad es irrelevante, si Fundempresa pagó el 40 o 43 % es un detalle. Lo importante para ellos es llevar adelante un Juicio con sentencia anticipada de 30 años.
Arce dijo en Cochabamba, en un acto de consuelo por la derrota del MAS en las elecciones regionales: “Vemos como se habla de una mujer (Jeanine Añez) en la cárcel, cuando hay 36 madres de familia que siguen llorando las muertes de sus hijos, más de 2000 familias que lloran por sus familiares heridos.”
Es cierto. Pero Arce oculta lo más importante, que el causante de los muertos y heridos de octubre y noviembre de 2019 fue Evo Morales, por lo que hay un error en quién está encarcelado y en el banquillo de acusado.
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