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Por: Edwin Herrera |
Desde el domingo, fruto de la segunda vuelta, no hubo persona en el país que no haya comentado el fracaso del MAS en las elecciones regionales. El tema y sus derivaciones monopolizaron la atención de medios de comunicación, redes sociales, análisis políticos y conversaciones mascarilla a mascarilla. Se ensayaban explicaciones, se buscaban culpables y se dibujaban futuros escenarios para el oficialismo y las oposiciones. El descalabro desató una arrolladora corriente de opinión pública adversa al masismo entre el domingo y el martes.
El miércoles temprano esa corriente de opinión se frenó y el foco de atención giró súbitamente hacia un hecho inesperado. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, un perfecto desconocido pese a su alto cargo, fue detenido en el centro de la ciudad de La Paz cuando recibía la primera parte de un millonario soborno por el saneamiento de tierras en Santa Cruz. ¿Golpe de suerte? ¿Estrategia política para cambiar la agenda pública nacional y aminorar los cuestionamientos a la conducción política de Evo Morales y al gobierno de Luis Arce?
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La reveladora conferencia de prensa matinal del Ministro de Gobierno, la filtración de videos del ministro acusado de corrupción, su exhibición enmanillando cuando era trasladado por oficinas policiales y las inmediatas reacciones políticas de opositores y oficialistas lanzaron el cohete para que vuele lo más alto posible y opaque la estridente derrota electoral del MAS. La ineficiencia gubernamental en la vacunación masiva también ingresó en la bruma gracias al “Caso Characayo”. Y ni qué decir de las denuncias de corrupción contra ministros como el de Obras Públicas.
Para que el escándalo se mantenga en el máximo nivel de atención ciudadana, al comenzar la tarde del miércoles el Ministro de Justicia, en otra rueda de prensa, acusó a Characayo de ser parte de una “organización criminal”, se produjeron allanamientos en los domicilios del ministro detenido y de su principal cómplice y se sumaron más repercusiones en el ámbito político y en las organizaciones sociales vinculadas al MAS, sobre todo de parte de los interculturales.
El condimento que faltaba, la polémica para que el escándalo tenga larga vida, fue puesto por el ahora formador de cuadros políticos del MAS, Juan Ramón Quintana, que apareció junto a Evo Morales y al Vocero Presidencial, y calificó al “Caso Characayo” como un tema intrascendente. Logró su cometido. Provocó un aluvión de críticas, pero también muestras de apoyo, principalmente en las redes sociales.
La mesa estaba servida y la estrategia en pleno funcionamiento: se había disparado un caso de corrupción al más alto nivel que eclipsaba la estrepitosa derrota electoral del MAS, la ineficiencia del gobierno sobre las vacunas contra el COVID-19, el intento de modificar la Constitución Política mediante triquiñuelas en cuanto al juzgamiento de mandatarios, entre otros temas importantes; neutralizaba la creciente pugna política interna y, por su puesto, preparaba el terreno para la evaluación partidaria a la medida de la cúpula masista.
El distraccionismo no es nuevo en el país y tampoco en los gobiernos del MAS. Solo para ejercitar la memoria, cuando el proceso de capitalización de empresas públicas enfrentó una dura movilización social en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se armaban operativos antidrogas en el Chapare y se detenía a dirigentes cocaleros, entre ellos Evo Morales, para cambiar el foco de atención y el objetivo de la lucha callejera. Y en el referéndum del 21-F, en 2016, cuando ganó el NO a la re-reelección presidencial de Morales, se anunció una nueva demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para despertar nuevamente el espíritu nacionalista de los bolivianos.
Volviendo al “Caso Characayo”, el relato gubernamental fue instalado velozmente –corrupción gubernamental y castigo sin contemplaciones– con los ingredientes necesarios: imágenes del delito cometido in fragantti, polémica sobre el millonario negocio del tráfico de tierras, cobertura mediática al instante del encarcelamiento de los principales acusados y el creciente morbo ciudadano.
No hay duda de que la corrupción debe ser combatida a todo nivel, pero tampoco debe caber duda alguna de que el “Caso Characayo” le vino como anillo al dedo al MAS, partido derrotado política y electoralmente y que conduce un gobierno con evidentes ineficiencias para encarar los grandes desafíos producto de la pandemia y con ganas de engullirse la Constitución para intentar recuperar la hegemonía perdida por errores propios.
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