Por confiscación de recursos, la Gobernación de Santa Cruz inicia acciones legales contra el Ministerio de Economía

La Gobernación de Santa Cruz ha iniciado acciones legales contra del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por la confiscación de Bs 47,9 millones de los recursos propios de esta entidad cruceña.

El anuncio corresponde a la secretaria General de esta Gobernación, Cinthia Asin, quien aseguró que el Gobierno Departamental de Santa Cruz ha dado cumplimiento a sus obligaciones de acuerdo al convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), según información publicada por El Deber.

El gobernador, Rubén Costas, denunció el jueves 25 de febrero que el Gobierno de Luis Arce hizo el "débito automático de manera irracional, ilegal e inadmisible" de Bs 47,9 millones de los recursos propios de la Gobernación cruceña. Según esta autoridad esos recursos estaban destinados a la continuidad de obras del tramo carretero El Espino-Charagua-Boyuibe.

Asin explicó que se trata de "recursos propios" que ya estaban comprometidos y destinados al pago de obras, de proyectos, a la compra de insumos hospitalarios como ser los respiradores y las vacunas para lograr inmunizar a nuestra población.

"El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de forma arbitraria e inconsulta ejecutaron el débito confiscando los recursos del Gobierno departamental", manifestó.

Además aseguró que la Gobernación ha dado cumplimiento a sus obligaciones de acuerdo al convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), donde se comprometen a asumir la contraparte local de proyecto Charagua-Boyuibe.

"Sin embargo, el mismo convenio determina que dichos recursos van a salir del fideicomiso suscrito por el Gobierno central, fondos que son entregados a la Gobernación en calidad de préstamo", de acuerdo al reporte de El Deber.

El Ministerio de Economía informó hizo el débito automático de Bs 47,9 millones a la Gobernación de Santa Cruz, debido a que esa administración departamental no cumplió con un convenio con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por el proyecto carretero El Espino-Charagua-Boyuibe.