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Por: Zulema Alanes |
La aprehensión Jeanine Añez y de dos exministros y la detención de un exjefe militar, marcaron una tensa jornada que la oposición denunció como el inicio de una cacería política y caracterizó como la faceta autoritaria del gobierno de Luis Arce.
Las órdenes de aprehensión contra exautoridades civiles, policiales y militares del gobierno transitorio de Añez, por los supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración durante la crisis política de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales, fueron calificadas como una persecución ilegal que busca instalar el relato del golpe de estado y desvirtuar las denuncias de fraude electoral.
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Se conoció que la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra seis militares, un policía y seis civiles. Este viernes fueron aprehendidos los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, y el almirante Flavio Arce fue enviado a la cárcel. Y la madrugada de este sábado se confirmó la aprehensión de la expresidenta Jeanine Añez.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, anunció el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, a través de su cuenta de twitter y a continuación felicitó el “gran trabajo” de la Policía “en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.
Añez también escribió en su cuenta de twitter después de su aprehensión y aseguró que “en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”.
En las próximas horas podrían ocurrir nuevas aprehensiones por cuanto cursan órdenes contra13 exautoridades del gobierno de Añez, entre las que figuran los excomandantes de la Policía, Yuri Calderón, y de las FFAA, Williams Kaliman, y los exministros Arturo Murillo y Yerko Nuñez.
El caso tiene origen en la querella presentada por la exdiputada del Mas, Lidia Patty, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el ex cívico cruceño, Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, varios jefes militares que pidieron la renuncia de Evo Morales y jefes policiales que se amotinaron en medio de los conflictos de 2019.
CONDENA UNÁNIME: NO FUE GOLPE, FUE FRAUDE
Desde la oposición la condena fue unánime e inmediata. A poco de conocerse la detención de dos exministros y un ex jefe militar, se pidió el cese del amedrentamiento y la persecución y se desvirtuó el relato del golpe de estado.
En una carta al presidente Arce, el excívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le demandó que “deje de perseguir y amedrentar, porque el pueblo tiene convicción democrática y no se quedará de brazos cruzados”.
“Puede caer en las presiones de los radicales de su partido, aquellos que antes gobernaban y que quieren justificar sus errores y su fraude judicializando la mentira del golpe de estado o puede retomar la agenda de la salud y la economía”, le dijo al primer mandatario.
Por su parte, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, lamentó la persecución gubernamental y aseguró que “lo que está pasando es muy grave porque es el comienzo de una cacería de brujas usando el poder judicial”.
En declaraciones a la cadena CNN, alertó que lo que se intenta es “inventar la historia y legitimar el fraude de 2019” y detalló que con ese objetivo primero se activó “el mecanismo de la amnistía para Evo Morales y sus colaboradores, todos responsables del fraude, y, luego, construyeron un caso para pretender que hubo golpe de estado”.
Hizo un recuento de todas las circunstancias que marcaron la crisis política del 2019, y subrayó que fueron personalidades y autoridades militantes del MAS, entre las que nombró a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y al ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quienes pidieron la renuncia de Evo Morales”.
También detalló que fue la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa que avaló la sucesión constitucional y, luego, sancionó la ley de convocatoria a elecciones nacionales 2020.
Apuntó a expresidente y jefe del MAS como el estratega de la cacería política, y aseguró que “No hay duda que el verdadero control del gobierno, del legislativo y del poder judicial es Evo Morales” y añadió que este montaje “es una distracción para evitar el impacto de la crisis interna del MAS, puesto que Morales está siendo duramente cuestionado en su partido por sus dedazos que han provocado un importante revés electoral al partido de gobierno”.
Mesa aseguró que “estamos a tiempo de ponerle freno a la discrecionalidad, arbitrariedad y, abuso sistemático, porque cuando la ley es manipulada y no existe justicia”, no descartó que el gobierno también vaya tras de él y ordene su aprehensión, pero advirtió que “estoy en La Paz, los que me pueden perseguir saben dónde vivo, saben dónde vivo, y voy a responder ante cualquier acusación con claridad, con los argumentos de la razón”.
Las redes sociales también se inundaron de comentarios y un mensaje se empezó a repetir en varias cuentas de Facebook: “Yo también pedí la renuncia de Evo Morales. No hubo golpe de Estado, no a la persecución política”.
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó las órdenes de aprehensión contra Jeanine Añez y varias exautoridades porque “no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’” y aseguró que se “generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”, en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Comparó la orden de aprehensión contra Añez con la emitida en 2020 contra Evo Morales y recordó que en ese entonces el organismo de derechos humanos que preside pidió que se retiren los cargos contra el exmandatario.
Aseguró que cualquier “delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”.
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