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Por: Zulema Alanes |
Martes negro. 74 muertes y 2.127 contagios por Covid-19 marcaron cifras récord en lo que va de la segunda ola de la pandemia de Covid-19. Las previsiones no son alentadoras y cuando las tendencias parecen incontrolables, una resistida ley de emergencia sanitaria constituye la única respuesta del Gobierno.
La propuesta oficialista ha sido rechazada por los gremios médicos y la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Asamblea Legislativa ha denunciado que vulnera de Constitución, dificulta gravemente la lucha contra el COVID19 y afecta los derechos de los médicos y de la ciudadanía.
Al filo de un paro médico de alcance nacional, el Gobierno negoció varios artículos de la ley que fue aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados pero, este martes, en el trámite que se cumple en la Cámara de Senadores, la envió en revisión a la Comisión de Constitución controlada por el oficialismo, cuando correspondía que se analice en la Comisión de Salud, Política Social y Educación que tiene presencia de la oposición.
Maniobras, dijo a Cabildeo Digital la senadora de CC, Daly Santa María. “Un descaro inadmisible. Se ha dado un giro inesperado, porque quieren encubrir el ingreso de médicos extranjeros al país, imponer un manejo centralizado del sistema de salud restando competencias a gobernaciones y municipios, y conculcar el derecho a la huelga de médicos y personal de salud”.
Las mismas advertencias que Carlos Mesa, presidente de CC, formuló un día antes, al momento de asegurar que “tantas vulneraciones a la CPE, dificulta gravemente la lucha contra el COVID19” y reclamar por el restablecimiento de las autonomías, el respeto al derecho a la protesta y, asimismo, advertir que la norma promoverá la corrupción y dejará la lucha contra el coronavirus a un consejo de ministros que no conocen de la temática y no en manos de médicos, epidemiólogos y salubristas.
Como ir a la guerra sin balas
Comunidad Ciudadana formuló 14 observaciones a la Ley de Emergencia Sanitaria que el MAS aprobó en la Cámara de Diputados y que está en revisión en Senadores. "Este proyecto de emergencia sanitaria es igual a ir a la guerra sin balas porque no otorga las herramientas necesarias para combatir el virus y no toman en cuenta las necesidades en nuestro país" afirmó Miguel Roca, diputado plurinacional de CC.
En un pronunciamiento público, identifica la vulneración de al menos 9 artículos de la Constitución Política del Estado, (11; 21 num.6; 40; 53; 241.I; 242 num.1 y 2; 297.I num.3; 299.II.num 2; y 46.I.num.1).
Denuncia que prohíbe el ejercicio de los derechos constitucionales a la huelga, la protesta y la formación académica de los médicos y el personal de salud, sin tomar en cuenta la Sentencia Constitucional Plurinacional 0326/2019 – S2, de 29 de mayo de 2019 del TCP, que en relación únicamente a las restricciones del derecho de huelga para garantizar la continuidad de los servicios de salud, exige una ley especializada que determine los deberes del Estado para evitar el conflicto y garantice las compensaciones al sector salud.
Reclama porque el Consejo Nacional Estratégico sólo está compuesto por Ministerios (lo pueden conformar hasta Directores Generales) y no incluye representación de los Colegios Médicos y Gremios del personal de Salud, ni de los especialistas en las diferentes fases de la enfermedad, además de marginar a las autonomías departamentales, municipales e indígena originario campesinas.
Alerta que permite la contratación de profesionales médicos extranjeros, sin priorizar, la contratación de nacionales, la recontratación del personal médico con contratos vencidos, y la creación de ítems en los servicios de salud. A nivel nacional también observa las cláusulas de confidencialidad en contratos de adquisición de bienes y servicios, en contra del derecho a la información de los ciudadanos y de la transparencia en la gestión de la cosa pública (art. 21 num.6 CPE).
También mencionaron en plenaria, que el proyecto de ley de emergencia sanitaria prioriza las medidas punitivas en lugar de las preventivas, educativas y comunicacionales y autoriza la contratación de médicos extranjeros, habiendo médicos desempleados en el país.
"Este proyecto de emergencia sanitaria es igual a ir a la guerra sin balas porque no otorga las herramientas necesarias para combatir el virus y no toman en cuenta las necesidades en nuestro país" afirmó Miguel Roca, diputado plurinacional de CC.
Por último, el proyecto, que se supone urgente, da 30 días para su reglamentación cuando incluye medidas que se podrían aplicar ya mismo como comenzar a fijar los precios de los insumos para la lucha contra el covid, la gratuidad y voluntariedad de la inmunización gestionada por el Estado o la prohibición de depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en establecimientos de salud del subsector privado.
Mucha política y poca gestión
La senadora Santa María, aseguró que la ley del Gobierno no tiene ninguna intención de resolver los problemas derivados de la pandemia de coronavirus porque “De por medio hay intereses políticos antes que una real preocupación por política que encaren la pandemia”.
Dijo que sería un grave retroceso invalidar el registro profesional, y recordó que en cualquier país del mundo “hasta para poner una inyección hay que validar el título, y para ello se debe rendir un examen, someterse a una validación curricular. No es cuestión de ser afín a la ideología del gobierno para obtener un ítem, sin demostrar competencias acreditadas”.
Aseguró que no es correcto “aprovechar la tragedia que está provocando la pandemia para el retorno de los médicos cubanos que ganaban un salario básico de BS. 9.000, por encima del nivel salarial de los médicos nacionales que perciben Bs. 7.000“.
Según Santa María, “actualmente en el país existen alrededor de 10.000 médicos desocupados, entre especialistas y médicos generales”.
Detalló que el pasado 18 de diciembre, formuló una petición de informe al entonces ministro de Salud, Edgar Pozo, “advertida de que el 7 de diciembre, el encargado de negocios de Cuba se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados para acordar “la cooperación con médicos de ese país como ocurrió en el pasado”.
La comisión de Constitución del Senado iniciará este miércoles tratamiento de la ley. El Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Bolivia, firmaron este lunes un acuerdo que no tiene consenso con varias representaciones departamentales de los médicos.
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