Foto: ICAM |
Empresarios industriales y de servicios determinaron impugnar una norma gubernamental que aprueba el nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables, debido a que éste afecta la liquidez y estabilidad de ese gremio.
Según un comunicado difundido por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), la citada norma toma como base para la determinación del cálculo de multas la utilidad bruta de las empresas y, cuando éstas reportan perdidas en sus estados financieros, toma como base para determinar el cálculo de multas el capital de la empresa.
Frente a ello, la ICAM a través de sus entes matrices como la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), impugnó la Resolución Administrativa RA/AEMP/N°009/2021, del 29 de enero de 2021, emitida por la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), que aprueba el Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables.
Los empresarios industriales y de servicios mediante el comunicado señalan para ese sector “las determinaciones asumidas por la AEMP ponen en riesgo la liquidez y estabilidad de las empresas legalmente establecidas en el país, que se encuentran atravesando una compleja crisis económica a raíz de la pandemia; y con ello, peligran también miles de fuentes de empleo directos e indirectos; vulnerando además el Principio de Proporcionalidad establecido en los Artículos 71 y 75 de la Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002”.
Asimismo, el sector espera que el Gobierno pueda considerar los argumentos planteados en la impugnación y deje sin efecto el reglamento, emitiendo uno nuevo que permita precautelar la salud económica de las empresas y de las familias bolivianas.
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