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¿Por qué la falta de empleos debe preocupar a las futuras generaciones? ¿por qué el empleo digno y productivo todavía es ignorado en el país? ¿Cómo se construyen objetivos comunes en materia de empleo digno y diversificación productiva? ¿Cuáles son los principios y condiciones de las nuevas relaciones entre empleados, empleadores y Estado (E3)? y ¿Cuál es el marco institucional para iniciar la diversificación productiva? son algunas interrogantes que responde la Fundación INASET en su “Propuesta para la Reactivación Productiva con Empleo Digno”.
Es un documento que reflexiona sobre el temor de la población boliviana hacia el desempleo porque conduce a la pobreza y a la exclusión social. Además cuestiona que a pesar del “crecimiento” de la economía nacional, ésta fue incapaz de ofrecer respuestas concretas a la creciente demanda de empleo con ingresos dignos.
Un situación que justifica señalando que el 63% de la población ocupada no es asalariada y en gran mayoría corresponden al empleo informal, y menos del 20% de la Población económicamente activa (PEA) está protegida por la Ley General del Trabajo, y la productividad laboral es la más baja del continente.
EMPLEO FABRIL
La propuesta destaca que el empleo fabril, que se caracteriza por sus aportes a la generación de valor y a la calidad del empleo, lejos de haber crecido, en la última década ha descendido en números absolutos. Una de las causas para este descenso es que, ante la incapacidad estructural de la economía para crear oportunidades de empleo digno para todos, bajo el eufemismo de “emprendedorismo”, se fomenta el “cuenta-propismo forzado” en actividades de comercio informal que compiten deslealmente con la producción nacional.
En estas condiciones, son evidentes los crecientes niveles de conflicto que incuba la pobreza, especialmente en las áreas urbanas, y es también innegable que una gran mayoría de los conflictos sociales y políticos se originan en el descontento y en la frustración generada por la insuficiencia de los ingresos en los hogares para llevar una vida digna.
EL CAMINO IGNORADO
El escenario descrito, es una consecuencia directa del modelo extractivista de la economía que, en 200 años de vida económica republicana, es el único rasgo estructural que no ha variado a pesar de todos los cambios pendulares en orientaciones políticas. La economía extractivista genera relativamente poco empleo y, básicamente, depende de factores externos (demanda y precios) por lo que induce un tipo de crecimiento cuyas tasas y ritmos son muy variables, pero tienden a concentrar los ingresos y la riqueza, señala el documento.
En consecuencia, el empleo precario, la falta de empleo o la propia pobreza, no son designios económicos inexorables, sino resultados de políticas concretas.
La precariedad del empleo y su baja productividad acentúan la desigualdad en la distribución del ingreso, deprime los salarios, reduce el ingreso disponible y el consumo, y eleva el desempleo.
Por ello, la fundación considera que una la agresiva creación de empleo productivo es la primera condición para salir de la encrucijada de la pobreza y el bajo desarrollo. Por ello, considera que toda política que resulte en el aumento sostenible de actividades económicas con mayor nivel y calidad de empleo productivo y de los salarios, contribuirá al crecimiento de la economía y a la equidad social.
OBJETIVOS COMUNES
INASET critica el crecimiento “sin norte” que implica el extractivismo, razón por la cual trabajadores, empresas y Estado (E3), mantienen relaciones confrontacionales y no en función a una visión compartida de desarrollo productivo.
Por ello, emprender el camino de la diversificación productiva con el objetivo de “pleno empleo”, es un desafío que conviene a los tres sectores.
NUEVAS RELACIONES
Para construir una economía de pleno empleo como el objetivo estratégico compartido por los empleados y trabajadores, por emprendedores y empresas, y por la sociedad y el Estado, se requiere adoptar principios, apunta la fundación.
En primer lugar, el crecimiento de la economía no es un fin en sí mismo: es un medio para el desarrollo sostenido y sostenible que asegure el bienestar de generaciones, actuales y futuras.
Segundo, la fuente y el origen de la creación de valor en la economía, son la creatividad y el esfuerzo humanos que aportan empresarios y trabajadores; en consecuencia, deben ser las personas y sus hogares, no el Estado ni el capital, los destinatarios primarios, directos y finales de los beneficios del crecimiento.
Tercero, es innegable que las posiciones ideológicas con las que se identifican los trabajadores o los empresarios son diferentes. Sin embargo, se requieren acuerdos básicos para establecer puntos de confianza sobre los que se adopten acciones.
La equidad en la distribución del ingreso en las empresas, no es un acto de beneficencia social, sino una condición esencial para el crecimiento de la economía y para el desarrollo sostenible, apunta INASET.
MARCO INSTITUCIONAL
Estas tareas deben ser parte de políticas de Estado a ser implementadas por el Gobierno de Luis Arce. Para iniciar la salida del extractivismo, la meta mínima para 2025 sería establecer las condiciones institucionales necesarias para iniciar el tercer siglo de la nación con una visión social compartida sobre el desarrollo sostenible.
Para ello, detalla que el gobierno debe cimentar una institucionalidad “pro-producción y empleo” confiable, porque, diversificar el aparato productivo, demandará profundas reformas estructurales en la institucionalidad; establecer un Estado de Derecho, con separación de poderes y un sistema judicial que inspire confianza; una profunda reingeniería del proceso autonómico que logre privilegiar el desarrollo desde lo local, pero con mecanismos idóneos para la subsidiaridad, la coordinación y la cooperación entre los niveles de gobierno; adoptar criterios para valorar y promover transparencia total en la conformación de poderes electos y designados, guiados por la función y las metas, no la prebenda; y establecer marcos de eficiencia, productividad y transparencia que rijan en la administración pública.
PROPUESTAS PARA LA REACTIVACIÓN
En ese contexto, destaca que la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, propuso como base para una reflexión compartida con la que se inicie la reconfiguración de las relaciones E3, un conjunto de medidas que contribuyan a recuperar la industria nacional, con acciones de aplicación inmediata en tres niveles:
Para el sector manufacturero en general:
• Reducción (o eliminación) de los impuestos que se trasladan a los precios (IVA, IT, ICE, etc.) para la producción nacional.
• Ajuste al IUE con alícuotas vinculadas al empleo, consumos intermedios de origen interno/externo, y a la participación de remuneraciones en el valor agregado (curva salarial).
• Tipo de cambio “pro-producción y empleo”, para bajar competencia desleal a la industria nacional.
• Reducción del “spread” para créditos de inversión con líneas de financiamiento en moneda nacional.
Para los Rubros de Alta incidencia en empleo, valor agregado y equidad:
“Gasto público directo” mediante contratos de compras del sector público para empresas en rubros con alto impacto en cantidad de empleo, valor agregado, distribución del ingreso, consumo intermedio, aporte al VBP:
• Mediante programas articulados a nivel nacional, departamental y municipal en ámbitos de salud, educación, defensa y medio ambiente, garantizar la demanda (por 3 o más años) de productos nacionales como alimentos, confecciones, madera, turismo.
• Ampliar los beneficios de los “bonos” a grupos vulnerables, mediante sistemas de billetera móvil para “paquetes” de productos de la industria nacional entregados a domicilio.
Para Empresas Privadas con Compromiso Social, EPCS:
• Ley de Garantía de Estabilidad Normativa (10 años), que asegura a las empresas la vigencia de las reglas de juego pactadas, su modificación directa en caso de ampliar los incentivos, o cambios consultados con compensaciones en caso de necesidad de modificar condiciones que pudieran afectar los beneficios inicialmente garantizados.
• Compromiso jurado de transparencia administrativa y confidencialidad, aplicable tanto a las empresas privadas, como a instancias públicas.
• Contabilidad homologada de manera que el cálculo de los indicadores de productividad, valor agregado y distribución del ingreso, por ejemplo, sean transparentes y accesibles y las instancias involucradas.
• Considerando que las remuneraciones en el valor agregado es del orden del 30%, las empresas que se acojan al programa EPCS deberán asumir compromisos para aumentar esta participación de acuerdo con la naturaleza de sus procesos productivos.
• En las EPCS, el Estado convalidará los acuerdos privados específicos de participación laboral en los beneficios y, eventualmente, en las pérdidas que pudiera tener la empresa por algún factor de mercado, no atribuible a mala fe o engaño doloso por parte de la empresa.
• El Estado garantizará a las EPCS un piso de rentabilidad (10 años para emprendimientos productivos nuevos o con menos de tres años de funcionamiento, y 6 años para el resto) que no podrá ser afectado por impuestos a las utilidades.
• El Impuesto a la utilidad de las empresas (IUE) se aplicará a partir del piso de rentabilidad garantizada, con alícuotas vinculadas a la participación de la remuneración al trabajo en la distribución del ingreso
• El Estado establecerá, para las EPCS, líneas de financiamiento públicas con fondos de garantía, sin spread “por riesgo crediticio” y con plazos compatibles con la maduración de los proyectos empresariales.
• El Estado promoverá el desarrollo de programas integrales de capacitación, de asistencia técnica, y de mejora continua de la calidad y la productividad, como parte de una sólida oferta de servicios de desarrollo empresarial (SDE) para trabajadores y empresarios, y que podrán ser pagados a cuenta de los impuestos de las empresas.
• La historia de capacitación de cada trabajador incidirá en las promociones y para el cálculo de los aumentos salariales.
Los detalles operativos y los alcances específicos de las medidas propuestas deberán ser consensuadas con las empresas privadas, la Cámara Nacional de Industrias y las cámaras departamentales de industria. En caso de acuerdos básicos, las organizaciones laborales y empresariales convocarían a las autoridades pertinentes (de los órganos ejecutivo y legislativo), acordar una agenda compartida para la reactivación de la economía nacional en el marco de una “Estrategia para la diversificación productiva en una economía de pleno empleo”.