LA CRISIS QUE NO SE ACABA

Por: Mateo Rosales Leygue  | 

El nivel de desaprensión del gobierno boliviano se escapa de las categorías que alrededor del mundo hemos observado en la crisis y gestión de la pandemia ocasionada por el Covid19. 

No es baladí pensar en lo que pudo haber sucedido si la crisis sanitaria de la que se hizo cargo el gobierno de Añez hubiese sido gestionada desde el principio por un gobierno masista más allá del interlocutor azul, porque lo visto hasta ahora nos sugiere que todos son igual de nefastos. Lamentablemente, nuestro marco referencial es precisamente ese: una política precaria a la hora de tomar decisiones y un sinfín de adjetivos para plantear soluciones prácticas y concretas para los bolivianos. Detrás del rostro de nuestros gobernantes siempre se asoma la estela de la incapacidad y el egoísmo.

Lo que sí es evidente es que la realidad en la que hoy está sumergida la población boliviana hace extrañar un mínimo de decoro y seriedad en la gestión de la pandemia, por lo menos para guardar las formas y ‘salvar los muebles’ porque lo cierto es que ningún político en Bolivia con competencias en el tema, al menos dentro de los que ejercen significativamente algo de poder, está a la altura de las circunstancias. Pero en este caso nos remitiremos no por capricho ni empecinamiento, sino por coherencia y responsabilidad, al gobierno de negacionistas y bloqueadores.

Ha sido el pan de cada día la crítica a la incompetencia del gobierno de Morales para generar iniciativas serias en pro de mejorar e impulsar el sistema de salud. La realidad hoy se nos pone delate como un abismo insalvable. Aquel discurso de unidad y solidaridad del vicepresidente en su toma de posesión ha quedado en un amargo recuerdo y en contrapartida vemos a un ministro de Salud que, tal como su propio historial nos recuerda, parece más un aprendiz de guerrillero que un profesional médico, un vocero gubernamental que se niega a rendir cuentas y a decir la verdad sobre el precio en la compra de las vacunas y a un presidente que nos pide “aguatar hasta que llegue la vacuna” y que responsabiliza a nuestra desidia con la Pachamama de los males que nos aquejan. 

El señor Arce no se ha dado cuenta de que la vacuna no es la solución a la gestión de la crisis y que los resultados efectivos de su aplicación en la población serán evidentes en el largo plazo siempre y cuando vaya acompañada de un plan sanitario sólido que salve la mayor cantidad posible de vidas y que asegure una recuperación económica aceptable en el mediano plazo. Porque el fondo del asunto es, precisamente, salvar vidas e intentar mantener un cierto nivel de seguridad en el futuro para los bolivianos, algo que se escapa sin resquemor de los corazones y mentes masistas, claro está.

Según información del propio gobierno, el primer lote de la vacuna AstraZeneca-Oxford llegará a Bolivia a partir del cuarto mes de este año, hasta entonces la población tendrá que, sencilla y llanamente, aguantar. Porque como es de suponer las vacunas china o rusa despiertan cierta suspicacia en la población por razones obvias que el lector analizará.

El 15 de enero el gobierno nacional ha decretado una serie de medidas que llegan tarde y a medias, cuando los hospitales están a punto del colapso y se registran las cifras más altas de contagio por quinto día consecutivo, incluso mayores que en julio, el peor mes de la pandemia. Y aquello si nos fiamos de los datos que transmite el gobierno porque, tal como comentan algunos analistas, si contásemos todos los fallecidos por Covid19 en el país, Bolivia estaría dentro de los países con más decesos por millón de habitantes en el mundo. Recordemos que en septiembre pasado Bolivia ocupaba el cuarto lugar en número de fallecidos por millón de habitantes  en el mundo.

Si bien la cuarentena rígida no es la primera medida deseable por sus consecuencias en la actividad económica, países como Reino Unido, Alemania o Colombia (Bogotá y Medellín) la han aplicado inevitablemente por la cantidad alarmante de contagios y fallecidos. Tarde o temprano, dada la situación que se observa en el país, se tendrá que determinar, al menos, una cuarentena flexible.

Esperemos que de una vez se asuma la gravedad en la que estamos inmersos y la coordinación transcienda el sesgo político y se pase de las asambleas y gabinetes ampliados a la cooperación entre gobierno, departamentos y municipios, se deje de lado los egoísmos que afloran en una campaña electoral y prevalezca la cordura ante el colapso sanitario en el país. 

A medida que pasan los días la iniciativa y responsabilidad de cada ciudadano tendrá que predominar sobre la seguridad que el Estado pueda garantizarnos, situación que no es ajena a los síntomas colectivos de nuestra sociedad y la historia de nuestro país.