Reforma judicial: Sólo un acuerdo nacional evitará el camino al infierno

Por Zulema Alanes B.-

Sólo un acuerdo nacional viabilizará una reforma que garantice la independencia y autarquía del poder judicial, aseguró el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón y reiteró que su partido apoya una reforma parcial de la Constitución para renovar los mecanismos de elección de jueces y fiscales.

En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, convocó a conferencia de prensa para anunciar que los cambios en la justicia se harán “contra viento y marea” y contra “quien se oponga” y afirmó que ese objetivo “no es un tema de la reforma constitucional”.

El titular de Justicia se pronunció pocas horas después que una corriente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa advirtió que no apoyará una reforma constitucional que cambie la elección por voto ciudadano de las autoridades judiciales.

Por su parte, Alarcón reiteró en declaraciones a Cabildeo Digital que su partido respalda la reforma parcial de la Constitución y la inclusión de la pregunta del referéndum en la papeleta electoral de las elecciones subnacionales del 7 de marzo. 

Dijo que están esperando la propuesta del gobierno, “este sistema hace aguas por todos lados y no podemos seguir así hasta el año 2023, dejando en sus cargos a operadores que son parte del problema y no de la solución”. 

En cambio, el ministro Lima declaró que "La justicia no es un tema de la reforma constitucional; tenemos problemas en todos los niveles de la justicia y hay que dar una solución integral” y anunció un “plan nacional de reforma judicial que vamos a construir para los próximos años”.

El camino al infierno

El Consejo Consultivo de expertos constitucionalistas conformado por el gobierno, aún no ha hecho conocer su propuesta de reformas que, según Alarcón, “es clave para avanzar en la reforma parcial de la Constitución”.

Esa posibilidad que fue también planteada por el titular de Justicia, fue desahuciada por el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renán Cabezas, del MAS, porque estimó que, en términos procedimentales, ya no hay tiempo para concretar las reformas constitucionales que pretende el Ejecutivo en un referéndum paralelo a las elecciones subnacionales.

Además, señaló que, al interior de las bancadas de senadores y diputados del MAS una fuerte corriente plantea respetar la decisión del pueblo boliviano que eligió el voto directo como el mecanismo para designar a las autoridades judiciales.

Según Alarcón los desacuerdos en el MAS no son una buena señal, porque “hasta ahora hay buenas intenciones del Ministro de Justicia, pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones” por lo que insistió en la necesidad de que “esas buenas intenciones deben traducirse en hechos concretos y en un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Legislativa, que incluya a organizaciones de la sociedad civil y esté avalado por el voto aprovechando las subnacionales”.

Acuerdo, unidad y consenso 

“Acuerdo nacional”, demandó insistentemente el diputado Alarcón, y el ministro Lima planteó “unidad y consenso” como condición para la reforma.

Según el diputado de CC el acuerdo nacional garantizaría “una reforma constitucional que requiere dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo que obliga al MAS a construir el consenso, no existe otro camino”.

Se mostró confiado en que el escenario de la Asamblea Legislativa propiciará el acuerdo nacional porque “el MAS no tiene mucha posibilidad de maniobra, si se hace una mala reforma el costo político puede ser muy alto”.

Dijo que es una oportunidad imperdible para avanzar en un acuerdo de paz social y reencuentro nacional “pero fundamentalmente para fortalecer la democracia, porque no se puede concebir la democracia si se mantiene un órgano judicial tan desacreditado”. 

Según Alarcón el acuerdo nacional sería el primer consenso, que con los dos tercios en el parlamente se puede traducir de una manera ágil en la aprobación del referéndum y, asimismo en ligeras aclaraciones a la Ley de Régimen Electoral y al Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, admitió que el gobierno “parece tener otros planes” porque algunos voceros del oficialismo han declarado que como parte de la reforma judicial se está pensando en un paquete de medidas que no estarán sujetas a los dos tercios en el parlamento.

El lunes, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció un paquete de cinco leyes para regular la carrera judicial, los juicios de responsabilidades contra magistrados y consejeros, la construcción de una nueva justicia constitucional y concretar una vieja propuesta para que el servicio de Derechos Reales deje de depender del sistema judicial y pase al Gobierno central.

Para la aprobación de ese paquete de leyes no se requiere consensuar con la oposición dado que es suficiente la mayoría que detenta el MAS en el Legislativo. 

“Voy trabajar sin descanso” anunció el ministro Lima para lograr que el referéndum se concrete el 7 de marzo, día de las elecciones subnacionales, “para mí sería ideal, pero si tenemos que hacerlo el 1 de julio o el 10 de diciembre, no es prioridad, para mí la prioridad es reformar la justicia, en unidad y consenso”.

Y mientras desde la oposición, sigue expectante a la propuesta de reforma del Consejo Consultivo de expertos constitucionalistas, conformado por el gobierno, las autoridades de justicia ya han anunciado que prepara reuniones con diferentes sectores en todo el país para socializar su proyecto de reformar judicial el 2021 y no se avizora ni acuerdo nacional, ni unidad y consenso, solo buenas intenciones.