Justicia y defensa de derechos humanos, ¿una cuestión de principios o simples apariencias?

Por Patricia Alandia .-

Durante los meses de Gobierno transitorio, hemos leído y escuchado las sistemáticas denuncias de violaciones a los derechos humanos, la indignación por hechos de corrupción, las campañas de rechazo a los recortes presupuestarios a la cultura, la falta de preocupación por la educación y otras políticas sociales, de voces que nunca se habían pronunciado en los años del Gobierno del MAS. Por su parte, después de 10 años, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que, pese a la narrativa de golpe y dictadura nunca dejó de funcionar con la mayoría aplastante del MAS, asumió su rol fiscalizador con una rigurosidad nunca vista, que derivó en la interpelación y censura a Ministros, la destitución del Procurador designado por Añez y el inicio de investigaciones y procesos a autoridades. 

No se puede cuestionar las denuncias de esos ciudadanos ni el rol fiscalizador de la ALP; lo que es cuestionable es que unos hayan callado durante 14 años y los otros no hayan hecho absolutamente nada frente a los innumerables actos de corrupción, violación de derechos humanos y de las normas que rigen nuestro Estado. Pese a ello, todo indica que enmudecerán nuevamente los unos y los otros insistirán en seguir fiscalizando la gestión transitoria, pero cerrarán los ojos frente a lo que se perfila como un nuevo periodo de corrupción e impunidad.

Por su parte, la mal llamada Justicia ha dado señales claras de acompañar ese camino con el más estremecedor cinismo: en cuestión de días, ha resuelto la libertad de todas las exautoridades y dirigentes investigados por diversos actos, y ha iniciado eficientemente la persecución de las exautoridades de transición. Si bien esta se había ya ganado la falta de credibilidad por parte de la población, por su ineptitud y sometimiento al poder del MAS, no deja de asombrar la oficiosa actuación de algunos de sus operadores, al, por ejemplo, liberar a los culpables de la quema de 60 buses Pumakatari, identificados por varios testigos, y activar el operativo más eficiente para aprehender a exautoridades y allanar sus casas, por estar supuestamente involucradas en la quema de la libreta de servicio militar de Evo Morales, como si se tratara de una cuestión de Estado.

En esa lógica, veremos celeridad —absolutamente necesaria ni dudas caben— en la investigación de las muertes de Senkata y Sacaba, pero se archivarán las casi 90 muertes que ocurrieron en el Gobierno de Evo Morales, nunca investigadas, salvo que hubiera un opositor a quien inculpar. Y seguramente los muertos y heridos del lado de los movilizados del 2019, en Montero, Vila Vila, Challapata, Ovejuyo, Cochabamba, y las muertes ocasionadas por los cercos y el desabastecimiento de oxígeno no obtendrán justicia, pues no son parte de ese pueblo concebido por el MAS, al punto de no merecer ni siquiera ser nombrados en el discurso de asunción de Arce (aunque sí en el de Choquehuanca).

Todo apunta a que durante estos 5 años buscarán archivar todos los juicios iniciados a militantes del MAS y borrar todas las pruebas vinculadas con actos de corrupción y violación a derechos humanos. Por ello, es fundamental que la memoria ciudadana se mantenga viva y que conserve cada uno de los casos que esperan por la Justicia. En ese propósito, comparto nuevamente un repaso de los hechos que no deben quedar en la impunidad.

No puede olvidarse la represión de Chaparina, que dio inicio a una serie de violaciones sistemáticas que supusieron la negación de la consulta previa, libre e informada, además de la cooptación y división de las organizaciones indígenas y campesinas (siempre apoyada por la fuerza pública). Choquehuanca es testigo de lo sucedido y, por lo que dicen, este evento marcó el inicio de su distanciamiento interno. Llorenti ya no goza de protección, pese a que se encuentra refugiado bajo el paraguas de Evo, por lo que podría ser el momento de que sea juzgado. A Chaparina le siguen Caranavi, Takovo Mora, la Asunta, Panduro, Apolo, El Alto, que sumaron muertos, heridos y decenas de detenidos, jamás resarcidos por la Justicia. Están los cooperativistas mineros, y el mismo Illanes, muertes cubiertas por un velo de silencio cómplice que debe ser levantado.

Con respecto a los casos de corrupción, ya quedaron casi en el olvido los vinculados con YPFB, Misicuni y las barcazas chinas. Sin embargo, nadie olvida el caso del Fondo Indígena, cuyos millones podrían recuperarse, habida cuenta de que se sabe a qué manos fueron a parar. También está el caso de Zapata y CAMCE, que nunca fue realmente investigado para no llegar a Evo Morales; la aprehensión de Zapata, por delitos que ella jamás hubiera cometido si no tuviera el aval de las más altas instancias, fue solo un sacrificio distractivo. Muestra de la impunidad del caso, es que Wilfredo Chávez, que trabajó como abogado de esta empresa, y que, según declaraciones de Zapata —obviamente nunca investigadas—, habría pagado 250 mil dólares por el fallo a favor de CAMC, para evitar la ejecución de la boleta de garantía de 91 millones de bolivianos del proyecto Bulo Bulo-Montero, haya sido nombrado nada menos que Procurador del Estado. 

Como ya afirmé antes, creo que la reacción ciudadana frente a actos de corrupción y violación a derechos humanos es fundamental, como parte del control al que deben someterse todas las autoridades, sin embargo, cuando esta se activa solamente cuando el gobierno de turno no responde a su filiación política carece de credibilidad y, por lo tanto, de legitimidad. 

Los silencios, la indignación selectiva, la falta de empatía por los otros (todos los otros), los revanchismos y los intereses mezquinos solo sirven para justificar las arbitrariedades, para alentar a los déspotas y fortalecer los autoritarismos, que destruyen las instituciones y la democracia. Por ello, la defensa de la democracia —que tanto demandan unos y otros— supone garantizar el cumplimiento de las leyes. Al iniciar una nueva gestión gubernamental, y basándonos en sendos discursos que llaman a la reconciliación e incluso a la independencia de la Justicia, necesitamos señales claras, hechos, que a los incrédulos nos muestren que nos equivocamos, y a los crédulos esperanzados, que estaban en lo cierto. Podría empezarse por la destitución de Wilfredo Chávez y la reapertura de algunos de los juicios. La democracia se construye sobre la justicia; la impunidad es el camino más corto hacia el autoritarismo.