El general de brigada Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición militar de Cochabamba, fue aprehendido por orden fiscal, debido a que es acusado de cometer el delito de asesinato de 12 personas durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019.
Cuéllar acudió a declarar por este caso, acaecido en el puente Huayllani. Después de ese acto judicial se procedió a su aprehensión, según informó su abogado, Edwin Paredes, quien alegó que su defendido "solo cumplió funciones administrativas".
En las movilizaciones de finales de 2019 fallecieron más de 20 personas. En el caso de Sacaba, más de 125 personas resultaron heridas.
La ex autoridad militar presentó el plan estratégico de trabajo general que fue ejecutado en noviembre “en cumplimiento a un decreto supremo y obviamente a una orden del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas). Ese plan básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal”.
Las muertes en Sacaba, además de Senkata y otras acciones violentas pre y poselectorales en 2019 son investigadas desde el lunes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este grupo está compuesto por Patricia Tappatá, Juan Méndez, Marlon Weichert, Magdalena Correa Henao y Julian Burguer.