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foto: CNN en Español
Por:
Fundación INASET
Luis Fernando Camacho, candidato por la Alianza Creemos, está tercereo en intención de voto; participó en el encuentro de la FAM-CUB pero no asistió al debate nacional del domingo 4.
La propuesta
de Creemos para reactivar la economía consta de 4 puntos: i) generar 300.000
empleos temporales con un fondo de emergencia de 10.000 millones de Bs (3,5%
del PIB) para financiar pequeños proyectos de infraestructura; ii) eliminar el
IVA y el IT para productos alimenticios y medicinales producidos en el país durante
cinco años; iii) crear un seguro de cesantía; y, iv) otorgar a los hogares más
necesitados una tarjeta con 500 Bs, válida por 18 meses destinada a la compra
de productos nacionales.
El
financiamiento de estas medidas estará sustentado en el reordenamiento del
gasto público, suprimiendo “lujos y gastos superfluos”. Como medida para apoyar
la creación de empleo, promoverá el diálogo tripartito que permita diseñar una
nueva Ley General del Trabajo que sea compatible con las realidades del Siglo
XXI. En tanto la nueva ley se promulgue, se adoptará nueva normativa para
regular el trabajo por horas, el empleo juvenil y el de mujeres. Plantea
también formalizar a los 4 millones de informales, para que accedan a los
beneficios del empleo formal.
La propuesta de un fondo para empleos temporales, imita las experiencias del FSE, FIS y PLANE. El FSE (Fondo Social de Emergencia) en 1986 fue la respuesta a la “relocalización” de hasta 40 mil mineros por el colapso de la minería. Se perdieron puestos de trabajos manuales, cuya productividad había llegado a ser nula porque la producción no tenía valor. Crear ocupaciones temporales en la construcción de infraestructura fue una solución creativa, pero que no implicaba reconversión laboral alguna.
La receta de hace 35 años no es aplicable; en 2020-21 la realidad es totalmente diferente. El desempleo, efectivamente, podría llegar (y superar) el 10% de la fuerza laboral, afectando a 600.000 personas solo en el empleo formal; pero no solamente de trabajadores manuales, sino de empleados y profesionales cuya productividad supera la media nacional que, en números redondos, son 5 mil dólares/trabajador.año. La de trabajadores, empleados y de profesionales, oscila entre 8.000 y más de 20.000 dólares. Suponiendo 10.000 dólares como promedio, sub-emplear 600.000 personas en ocupaciones de productividad casi nula significaría reducir 6.000 millones de dólares (10.000 x 600.000) al PIB actual de 43.000 millones de dólares, lo que equivale a una caída del 15%.
Es decir, además de la posible caída de 15% del PIB por pérdida de empleos con “productividad positiva”, el plan de empleos temporales significaría invertir otro 3,5% del PIB para crear ocupaciones con “productividad cero”: un impacto negativo total cercano al 20% del PIB.
Aunque potencialmente muy necesario, el seguro de desempleo a corto plazo podría tener un costo anual superior a 2,2 mil millones de dólares asumiendo un salario mínimo (300 dólares) como remuneración mensual para 600.000 personas (de un total de 1,5 millones de empleados formales y 4 millones de informales). La propuesta no menciona cómo se financiaría el seguro.
“Formalizar a informales” no es registrarlos con NIT. Fundamentalmente, significa incrementar la productividad de sus empleos de manera que sus ingresos laborales les permitan un nivel decoroso de vida, y tener “los beneficios del empleo formal” (incluyendo recién el NIT). En consecuencia, formalizar 4 millones de informales implicaría crear un millón de empleos por año hasta 2025. Hoy, por el crecimiento vegetativo de la población, cerca de 200 mil personas se incorporan anualmente al mercado laboral; de ellas, solo 30% encuentra empleo formal.
Proyecto de “Diálogo Social y Laboral en época electoral” de la Fundación INASET
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