Fraude Electoral habría sido coordinado y consumado por autoridades del poder ejecutivo

Un informe policial revela que el fraude electoral del 2019 fue realizado con la alteración de actas electorales y manipulación informática. 

Este último delito fue realizado con la intromisión del Órgano Ejecutivo de la gestión de Evo Morales, quienes cuando se dieron cuenta que no iban a ganar los comicios interrumpieron la transmisión de datos para «bombardear» información desde un servidor externo e ilegal, denunció el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

Santamaría explicó sobre la alteración de actas, que existen documentos sobreescritos con otro tipo de bolígrafo. “Una misma persona llenó otras actas, cuando sabemos que la responsabilidad del notario es individual”.

Además, indicó que se notificaron a los notarios que omitieron el traslado de las actas. Estas acciones determinaron el rompimiento de la cadena de custodia del material electoral.

Además en la investigación se evidenciaron llamadas y mensajes de Marianela Revollo, exvocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, con el exministro Juan Ramón Quintana, con la diputada Sonia Brito y con la exvocal Lucy Cruz.

De acuerdo al Viceministro, Lucy Cruz y Marianela Revollo fueron delegadas por el expresidente Evo Morales y Sonia Brito es diputada por el MAS. 

Según el informe, se realizó una reunión en el piso 17 de Casa Grande del Pueblo, sin registro de ingreso. En ella participaron informáticos de entidades públicas; Sergio Martínez; el jefe de gabinete del Ministerio de la Presidencia, Max Eguivar; los exministros Wilma Alanoca y Javier Zabaleta; entre otros. 

En la reunión, se socializó el software «Territorial Visor» que accedía a toda la información del INE, TSE, el padrón, entre otros, de forma irrestricta. Estos datos se facilitaron a 20 mexicanos y un venezolano-argentino.

Sobre la manipulación informática se evidenció que hubo aislamiento de la comunicación por internet, ataque a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), violación del padrón electoral y utilización de la información del TREP en el cómputo oficial.

Según el informe, el gerente de esa compañía informática, Marcel Guzmán de Rojas, habría incorporado de manera dolosa a fallecidos e inhabilitados.

El servidor BO20 fue creado el 21 de octubre de 2019 a sugerencia de Sergio Martínez Beltrán, jefe de tecnologías para el Servicio de Registro Cívico (Serecí) de La Paz, declarado en comisión para trabajar en el TSE.

El servidor configurado por Guzmán de Rojas no tenía agentes de control y era ajeno a la infraestructura informática de las elecciones del 2019.

Santamaría detalló que los datos preliminares transmitidos por el TREP fueron pasados directamente al cómputo oficial sin verificarlos o validar la información de las actas, acción que no condice con el protocolo del proceso electoral. Esto se hizo con conocimiento de todos los vocales del TSE menos Antonio Costas.