Caso ELFEC: Luces y sombras en el proceso de compra de acciones

Foto: Página Siete.-

La compra de acciones de la Empresa Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC) por parte de la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba (Comteco) derivó en un juicio e imputación formal contra 11 exdirectores de la cooperativa en 2015. Revelan uevos datos sobre el caso que sacó a la luz la discordia en el Gobierno.

Se trata de denuncia, a la que tuvo acceso Página Siete, la cual señala que estos exdirectores compraron el 56% de las acciones de la empresa eléctrica a la empresa Soelbo, conformada por ejecutivos y trabajadores de ELFEC, generando un daño económico a Comteco por $us 17 millones, debido a que Soelbo era una empresa ilícita, formada en un paraíso fiscal y parte de la investigación de los “Panama Papers”.

Ese medio explica que de acuerdo a un artículo publicado en la revista del Colegio de Auditores de Cochabamba, “el 21 de septiembre de 2015, el Ministerio Público ha imputado a 11 personas que en el momento de la compra de acciones por parte de Comteco a Soelbo eran directores o ejecutivos de Comteco, por un supuesto daño económico en contra de la cooperativa por $us 17.066.667 y los delitos imputados son contratos lesivos al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Supuestamente, los imputados sabían que los más de 17 millones de dólares estaban destinados a la compra de Soelbo, una empresa ilícita que se conformó en Panamá”.

Asimismo, que de acuerdo con las investigaciones de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa sobre los Papeles de Panamá, ejecutivos y trabajadores de ELFEC compraron el 92% de las acciones de la empresa eléctrica que estaban en manos de la Pennsylvania Power and Light Global (PPLG) creando dos empresa ficticias y fusionándolas en la empresa Soelbo, a través de la firma Mossack Fonseca de Panamá y utilizando el mismo dinero de ELFEC para realizar el pago de los $us 11 millones que entregaron a cambio del paquete accionario.

Las citadas acciones fueron luego repartidas entre Soelbo, que conservó el 60% del paquete accionario y 362 trabajadores de ELFEC, se quedaron con el 40%.

Posteriormente, Soelbo vendió su participación accionaria en ELFEC a Comteco por $us 17 millones.

Página Siete asegura que de acuerdo a la denuncia, los 11 exdirectores de la cooperativa, conociendo los antecedentes de la adquisición ilegal de la empresa eléctrica de parte de Soelbo procedieron a la compra del paquete accionario, aún conociendo que el Gobierno pretendía nacionalizar la empresa eléctrica.

“Al momento de autorizar y suscribir el contrato, tampoco observaron que Soelbo era una sociedad comercial constituida en Panamá; sin embargo, de forma completamente irresponsable y extraña los exdirectivos de Comteco no ejercieron ningún control sobre estos aspectos, suscribiendo un contrato de compra y venta de acciones con una empresa de papel constituida de forma ilegal y con fines ilícitos”, explica la denuncia.

Una fuente que prefirió mantener su nombre en reserva, informó a ese diario que entre septiembre de 2015 y abril de 2016, el Ministerio Público imputó formalmente a los 11 exdirectivos y el Poder Judicial los citó a al menos cuatro audiencias, para luego prescribir uno de los casos, lo cual fue apelado por los denunciantes, aunque sin éxito.

No obstante, continúan en curso media docena de apelaciones a la prescripción de los cargos.

Es así que el pasado 14 de septiembre, en los actos protocolares por el aniversario de la gesta libertaria de Cochabamba, la presidenta Jeanine Añez anunció la devolución de las acciones de Elfec a Comteco y a los trabajadores y extrabajadores de la empresa eléctrica, proyecto que es impulsado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Este proyecto generó el rechazo y posterior destitución del entonces Procurador General del Estado, José María Cabrera, así como la renuncia de tres ministros del área económica del Gobierno.

Se trata de nuevos datos que aportan al origen de la discordia en el gabinete ministerial, que hace unos días provocó una ola de renuncias y acusaciones de conflictos de poder e intereses regionales al interior de la administración de la presidenta, Jeanine Áñez, los cuales salieron a la luz por la anunciada devolución de acciones a más de 160.000 socios de ELFEC.

MAIB