Aprobado juicio de responsabilidades contra 4 actuales ministros

El Movimiento Al Socialismo, se valió  de sus dos tercios de voto y con base en el informe de una comisión especial, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el inicio de juicios ordinarios en contra de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Luis Fernando López, y de la Presidencia, Yerko Núñez, además del exministro de Economía, Óscar Ortiz, por la compra con presunto sobreprecio de material antidisturbios para la Policía Boliviana. 

El informe de la comisión especial fue enviada al Ministerio Público para que sea esa instancia la que siga el curso legal en contra de las autoridades y ex autoridades. La Asamblea también solicitó el inicio de un proceso, por este caso, en contra del presidente de la Aduana Nacional de Bolivia, Jorge Hugo Lozada.

El Gobierno compró munición no letal en diciembre de 2019 por Bs 39,3 millones. El proveedor fue la empresa brasileña Condor. El intermediario fue Bravo Tactical Solutions, que pertenece a un sindicado por tráfico de armas y supuesto amigo de autoridades en el Ministerio de Gobierno.

La denuncia fue difundida por el programa “Detrás de la verdad” de la red Gigavisión. Los documentos exhibidos señalan que el Ministerio de Gobierno envió, el 25 de noviembre de 2019, una carta a la empresa Cóndor en Brasil, solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma. Pero al día siguiente, el 26, la misma repartición de Estado informó a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, EEUU.

Ante esa denuncia, la Asamblea Legislativa conformó una comisión especial para investigar si hubo sobreprecio en la compra de ese material. La senadora Plácida Espinoza, integrante de la comisión, consideró que Murillo debió presentarse ante esta instancia para aclarar la adquisición de agentes químicos, mediante un intermediario, por un valor mayor al pagado por los gobiernos de Ecuador y Venezuela, lo que derivó en una investigación penal contra los titulares de los ministerios de Gobierno y Defensa.

“Se instruyó hacer auditorías al 100% del Ministerio (…) No existe ni existió ningún tipo de sobreprecio”, aseguró el Ministro de Defensa en cuanto se difundió la denuncia de presunto sobreprecio.

El 14 de octubre, Murillo no asistió a un acto interpelatorio de la Asamblea para que dé explicación sobre este hecho. El Ministro de Gobierno justificó su inasistencia porque tenía prevista otra reunión. Esa explicación no convenció a los legisladores por lo que censuraron a la autoridad. Después de 4 días, la presidenta Jeanine Añez destituyó del cargo a Murillo, pero a las 48 lo volvió a posesionarlo como titular de Gobierno.

El exprocurador General del Estado, José María Cabrera, inició la investigación de este caso el 24 de junio con el envío del requerimiento procuradurial a los ministerios Defensa y de Gobierno para que brinden un informe pormenorizado del proceso de contratación y adquisición de compra de gases lacrimógenos y también para que detallen las cotizaciones y especificaciones técnicas de los gases lacrimógenos; especifiquen la norma utilizada para el proceso de contratación; y remitan la copia de toda la carpeta del proceso de adquisición de la compra de gases lacrimógenos.

“Estamos en la fase de recabar documentos. El Ministerio de Defensa cooperó, lastimosamente aún no lo hizo el Ministerio de Gobierno”, dijo a mediados de septiembre Cabrera a la comisión legislativa.