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Por Zulema Alanes B.-
Cabrera le pidió a Murillo informes y Jeanine lo destituyó.
La destitución del Procurador General del Estado, José María Cabrera, derivó en serios cuestionamientos al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y decantó una crisis institucional que complica al entorno presidencial de Jeanine Añez.
Cabrera denunció que detrás de su destitución se juegan intereses y se afianza la impunidad. Lo que parecía un enredo entre dos autoridades del entorno presidencial terminó poniendo bajo sospecha al Ministro de Gobierno y alertó sobre el manejo discrecional de la institucionalidad estatal.
“Este es un mensaje de amedrentamiento terrible” afirmó José María Cabrera a Cabildeo Digital y, cuestionó: “¿Los funcionarios deben optar por ser sumisos a las directrices del matonaje y abuso de poder?”. Y lamentó, “El mundo político es salvaje y descarnado”.
Aseguró que fue destituido porque “provoqué la furia de Murillo, porque informé a la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa que se niega a presentar sus descargos sobre la supuesta compra con sobreprecio de agentes químicos y cuestioné su decreto de privatización de acciones de propiedad estatal en beneficio de ELFEC”.
UN ROMPECABEZAS CON LA MITAD DE LAS FICHAS
En junio pasado, se denunció que el ministro de Gobierno autorizó la compra, con supuesto sobreprecio, de gases lacrimógenos y otros artículos antidisturbios en colaboración con el Ministerio de Defensa. Una Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa (ALP) inició una investigación y la fiscalía admitió una denuncia por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones. Paralelamente la Procuraduría General del Estado (PGE) inició una investigación jurídica y solicitó información sobre los contratos a los ministros de Defensa y Gobierno.
Murillo, maneja los hilos del poder desde el Ministerio de Gobierno y desde la Presidencia.
El ministro de Defensa, Fernando López, presentó sus descargos, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, eludió la fiscalización, “cree que está por encima de la Constitución y las leyes” dijo Cabrera.
Admitió que, debido a la obstaculización de la investigación, “tengo un rompecabezas con la mitad de las fichas. Posiblemente las fichas más importantes son, cabalmente, las que está escondiendo el Ministro de Gobierno, porque si alguien se niega a brindar información con dos requerimientos de la Procuraduría, tiene algo que esconder y quien esconde levanta sospechas” dijo, apuntando a Murillo.
Añadió que su destitución no impedirá que “Murillo sea sometido a proceso, quien lo iba a someter era mi persona, un segundo requerimiento es la antesala a la denuncia, pedir mi remoción es un mecanismo de defensa, pero el próximo Procurador tendrá que presentar la denuncia por la comisión de tres delitos”.
Según el Procurador, el ministro de Gobierno incurrió en incumplimiento de deberes, negativa a suministrar información e impedir el ejercicio de funciones públicas porque ha impedido la acción de la Procuraduría, y obstaculización de la justicia porque está abierto un proceso que no puede avanzar. “Corresponde una denuncia penal ante el Ministerio Público”, insistió.
UN FUNESTO PRECEDENTE, CON GRAVE DAÑO AL ESTADO
El pasado 14 de septiembre, la presidenta Añez anunció la devolución de las acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), nacionalizadas en 2010 y administradas por la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENDE). Cuatro días después firmó la designación de un nuevo Procurador.
¿Qué pasó? José María Cabrera no se guardó detalles para explicar lo ocurrido. Dijo que la privatización de las acciones de ENDE en favor de ELFEC fue una iniciativa del Ministro de Gobierno que, en su afán de concretarla, cometió varias irregularidades.
“En primer lugar, olvidó que el Ministerio de Gobierno no puede ser proponente porque no tiene competencia en el área, esa es una competencia del Ministerio de Energía. En segundo lugar, lo hizo por la vía rápida, que se aplica solo a decretos de mero trámite y asuntos que no tienen complejidad y, por tanto, no requieren mayor estudio”.
Explicó que días previos al anuncio de la presidenta Añez, la propuesta apareció en UDAPE, instancia responsable de revisar cualquier normativa. “La objeté de inmediato”, apuntó, y explicó que lo hizo porque “La reversión de una nacionalización no se ajusta a este procedimiento; no se adjuntó ningún informe jurídico técnico ni económico financiero de parte de los ministerios de Energía y de Economía. Es de rigor, todos los decretos tienen múltiples estudios e informes en lo jurídico, económico y técnico, en los temas de fondo y sustantivos”.
Dijo que lo único que el proponente calificó la nacionalización de ELFEC como ilegal, y “ese argumento no sólo es insuficiente, sino que no tiene sustento porque en una democracia regida por la Constitución el Órgano Ejecutivo no tiene competencia para calificar de legal o ilegal un acto, eso es competencia de los jueces”. Dejó en claro su rechazo a ese argumento y afirmó que “todo Estado tiene el derecho de nacionalizar algo que considere de interés público. Es un acto de soberanía”
Pero más allá de esos aspectos, Cabrera dijo que el decreto de privatización en favor de ELFEC representaría graves daños al país, “si el propio gobierno de Bolivia hace una declaración oficiosa de que un acto de nacionalización es ilegal, sentaría un precedente directo que afectaría los intereses del Estado en cuatro juicios que se ventilan por demandas de anteriores nacionalizaciones y estaríamos ante el serio de pagar 2000 millones de dólares”.
Insistió que no se puede afirmar simple y llanamente que una nacionalización por sí misma es ilegal, y recordó que en el caso de ELFEC ya han transcurrido 10 años desde su nacionalización por lo que “si el propio Estado dice que es ilegal, ¿entonces todos estos años de generación de utilidades de ENDE tienen que ser pagadas a los privados? ¿Los 10 años se los tendrá que devolver? En estos 10 años, la misma ENDE y el TGN han hecho inversiones, mejoras y ampliaciones, ¿ahora se revierten al sector privado sin que se recupere ni un solo centavo regalando las inversiones realizadas por el Estado durante ese periodo? No hay respuesta”.
Adicionalmente, reveló que muchos de los directivos de ELFEC y de Luz del Valle que resultarían beneficiados con la privatización, están sujetos a procesos penales por la comisión de delitos con relación al caso Panamá Papers porque constituyeron empresas “offshore” en el exterior para evadir el pago de impuestos.
Cabrera dijo hay muchas interrogantes que el ministro Murillo intentó evadir “y se precipitó a anunciar la “devolución de acciones” junto con la Presidenta, descolocando al resto de los ministros. Ninguno de los otros 16 ministros está dispuesto a firmar. Han pasado varios días, se ha elaborado varias versiones del decreto, se ha pretendido camuflarlo con el término restitución para no usar la palabra privatización. Un eufemismo para no llamar las cosas por su nombre”.
La Procuraduría cuestionó y nunca obtuvo respuesta, dijo Cabrera, y detalló que “tuvieron sesión de gabinete y el ministro Murillo dijo: “Tenemos nomas que aprobar”, pero los ministros le replicaron y anunciaron que no lo harán. Eso generó fricción y puja al interior del Gabinete y quiebre con otros ministros, lo cual enfureció, identificó el obstáculo y tramitó mi alejamiento del cargo”.
Comentó que no tuvo contacto con la presidenta Jeanine Añez, “Fui invitado sin ninguna apadrinamiento ni condicionamiento político y en base a mi perfil profesional y académico. No espero hablar con ella, pero tengo claro que tendrá que asumir las consecuencias de su decisión”.
JM Cabrera explica qué le pidió a Murillo.
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