En medio de una evidente tensión en las relaciones entre Argentina y Bolivia, un bloque de diputados argentinos cuestionó la injerencia del gobierno de Alberto Fernández en el proceso electoral boliviano de cara a los comicios del 18 de octubre.
A través de un proyecto de declaración que se tramita en la Cámara de Diputados, lamentan que “autoridades de nuestro país puedan hallarse implicadas en acciones de este tipo, lesivas de la soberanía de otro Estado”.
En contacto con Cabildeo Digital, el diputado Gustavo Menna, uno de los impulsores de la declaración, dijo que “dejamos en claro que ningún funcionario público argentino puede tener injerencia en el proceso electoral de un país soberano, mucho menos de un país hermano como Bolivia”.
Detalló que la declaración fue presentada luego de conocer un informe de Transparencia Electoral, una organización de la sociedad civil, que detalla “la injerencia por parte de funcionarios locales y de estructuras clientelares de partidos políticos argentinos en la competitividad del proceso electoral boliviano el 2019”.
Asimismo, advirtió del riesgo de que esas prácticas se repitan en las elecciones del próximo 18 de octubre debido al apoyo comprometido, el pasado 22 de agosto, por el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Depetri, a la campaña del Movimiento Al socialismo (MAS) en territorio argentino.
Según el informe de Transparencia Electoral, el 2019, las actuales autoridades argentinas brindaron apoyo político a Evo Morales y activaron una serie de redes clientelares para incidir en el voto boliviano.
“Claramente, ese dato es absolutamente objetivo, no es una opinión, es un dato de la realidad, de un tiempo a esta parte está aconteciendo y creo que eso es una injerencia indebida”, aseguró Menna.
Explicó que la declaración fue firmada por 15 parlamentarios “que compartimos el anhelo y el imperativo de que todos los países de América Latina tengan gobiernos legítimos, surgidos de procesos electorales limpios y transparentes, y creemos que el Gobierno argentino tiene que contribuir en ello”.
Varios de los firmantes, recordó Menna, son los mismos que presentaron un proyecto de resolución pidiendo que se suma deniegue el trámite de refugio al expresidente Evo Morales y revoque su estatus de asilado “por promover la organización de milicias armadas en Bolivia, violando los principios constitucionales y democráticos vigentes en nuestro país. Tuvo que retractarse”.
CRECIENTE TENSIÓN ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA
Las evidencias sobre la injerencia en la soberanía del voto boliviano, han sumado un nuevo elemento de tensión entre Bolivia y Argentina cuyas relaciones, desde que asumió el gobierno de Jeanine Añez, está totalmente estancadas.
La ministra de Relaciones exteriores, Karen Longaric, admitió este martes que las relaciones bilaterales están en un “mal momento” debido a la “injerencia en el proceso electoral”.
La Canciller anunció que el gobierno boliviano denunciará a las autoridades argentinas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), por su intromisión en la política boliviana y su proceso electoral.
“Se ha superado los límites que puede tener una simple opinión de una autoridad extranjera y ha habido una violación al derecho internacional”, dijo, a propósito de las declaraciones del subsecretario de Obras Públicas de Argentina.
La postura de Bolivia coincide con la declaración del bloque de diputados argentinos que expresan que la injerencia “no deja de preocuparnos, en especial cuando son autoridades de nuestro país las que pueden hallarse implicadas en acciones de este tipo, lesivas de la soberanía de otro Estado y violatorias de principios de derecho internacional,- contemplados en tratados en los que la Argentina es parte-, entre los cuales se destacan la no injerencia en los asuntos de otros Estados y el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de otras entidades nacionales (artículos 3b y 3cde la Carta constitutiva de la Organización de los Estados Americanos)”.
Longaric dijo que la injerencia se suma al permanente apoyo que las autoridades argentinas brindan a Evo Morales aun de los reclamos formulados por la sistemática violación del derecho de asilo y al refugio al instruir acciones de desestabilización del gobierno transitorio.
El diputado Gustavo Menna, lamentó el deterioro de las relaciones bilaterales por que “hay que salvaguardar los intereses más allá de las circunstancias internas de cada país, a veces hay una inclinación a establecer relaciones en función de cercanía ideológica y eso no nos parece bien, y aunque no hay un gobierno surgido de una elección, está yendo a proceso de normalización y todos debemos apoyar”.
UNA DECLARACIÓN QUE NO DEJA DUDAS
“Las elecciones libres y periódicas constituyen uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, cuyo ejercicio está reservado al pueblo soberano de una misma nacionalidad y a la participación electoral de sus ciudadanos sin interferencia extranjera, presión ni influencia externa de ninguna índole, derecho que debe ser protegido por todos los Estados”, señala la declaración del bloque de diputados argentinos.
“Este tipo de declaraciones tienen la finalidad de emitir un pronunciamiento de tipo político, para darle un cauce institucional a la posición que tenemos sobre el particular y para poner de manifiesto que nos preocupan las conclusiones del informe sobre la injerencia en la soberanía electoral de Bolivia”, dijo Menna.
Añadió que la preocupación está asociada a que el peso electoral del voto en el extranjero alcanza el 4.6% del padrón boliviano en 2019, destacando Argentina como el país con mayor cantidad de electores habilitados.
La declaración destaca que “uno de los puntos más alarmantes del Informe y que otorga sustento a la profunda preocupación que se declara en el presente proyecto es que “el oficialismo boliviano (gestión de Evo Morales) movilizó una importante cantidad de delegados partidarios el día de la elección en cuestión, y eso se complementa además con una fuerte campaña en la Argentina por parte del MASIPSP, para lo que (según denuncias de partidos de oposición) se sirvieron incluso de recursos públicos”.
Sostiene que “ningún país queda exento de estas presiones y denuncias, circunstancia que nos compele a ser más diligentes y adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar conductas antidemocráticas”.
Añade que “Las interferencias en la política interna de los Estados y en los procesos electivos de sus dirigentes han tomado distintas y variadas formas, desde financiamiento directo (con valijas de dinero destinado a cubrir gastos de campaña de un candidato) hasta sobornos a medios influyentes para que orienten sus reportajes y/o lancen campañas de difamación contra contendientes políticos”.