Bolivia se quema y la reacción del gobierno es calificada como proselitismo

Por Zulema Alanes B. Foto: UCB.-

La presidenta Jeanine Añez sobrevoló el área de los incendios en el oriente del país, decretó emergencia nacional y derogó uno de los denominados decretos incendiarios. Una reacción tardía e insuficiente, pero además proselitista, dijeron activistas y expertos.

Los incendios amenazan nuevamente a la Chiquitanía, entre el Chaco y la Amazonía boliviana, y no se ha podido controlar el avance de las llamas hacia el Parque Noel Kempff Mercado, una de las principales reservas naturales.

Este año la tragedia no alcanzó la magnitud del 2019, pero la alerta llegó cuando los incendios forestales, según los propios reportes de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), ya arrasaron cerca de 600 mil hectáreas. El informe oficial señala que, al 30 de agosto, las hectáreas quemadas suman 598.712.

“Todas las previsiones apuntan que en septiembre el potencial de incendios será mayor, especialmente en San Ignacio de Velasco y San Matías, y continuará en octubre”, dijo a Cabildeo Digital el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque.

Explicó que la derogación del Decreto Supremo 3973 es insuficiente, “correspondía abrogar las leyes que han provocado este desastre ambiental. Si realmente el gobierno estaba comprometido con revertir la situación debió proponer una iniciativa ante la Asamblea Legislativa para abrogar las leyes incendiarias”.

Alex Villca Limaco, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), calificó de proselitistas las medidas tomadas por Añez y cuestionó “¿qué hay del paquetazo de normas incendiarias, incluidas las aprobadas por su gobierno en beneficio de los agroindustriales y ganaderos?”.

Colque insistió que la derogación del decreto 3973, que autoriza quemas y desmontes con fines agropecuarios en Santa Cruz y Beni, es insuficiente, son al menos nueve las leyes y decretos aprobadas durante el gobierno de Evo Morales que deben abrogarse “a lo que se debe sumar los decretos 4232 y 4238 de la presidente Añez que establecen procedimientos abreviados para autorizar cinco cultivos transgénicos”.

“¿Estaban esperando que las elecciones apaguen el fuego?”, cuestionó el investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), Leonardo Tamburini, y advirtió que “Los incendios, aumentaron exponencialmente y en áreas nuevas, 48 de los 58 territorios indígenas de las Tierras Bajas fueron afectados en agosto, septiembre está peor “.

¡QUE NO NOS DISTRAIGAN CON ACTOS PROSELITISTAS!

Solo en el mes de agosto, según el monitoreo a focos de calor realizado por el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) en los territorios indígenas y áreas protegidas de Bolivia, se registraron 41.868 focos de calor acumulados en Bolivia. Del total de focos de calor registrados, 10.265 se concentran en 48 territorios indígenas y en 60 áreas protegidas de Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando y Cochabamba. 

Y todo hace ver que la situación se agrava en lo que va del mes de septiembre. “¡Que no nos distraigan con actos proselitistas!” protestó Alex Villca.

Según reportes de la Gobernación de Santa Cruz, una de las regiones más afectadas es San Ignacio de Velasco donde el incendio no ha podido ser controlado, existen al menos ocho incendios, sobre todo en el parque Noel Kempff Mercado, casi junto al Beni, a 500 km de distancia del municipio.

Un voluntario relató que en el pre parque, se está trabajando intensamente, pero, como en el pasado, están siendo rebasados porque no cuentan con recursos humanos, económicos ni logística, “ya llevamos un mes y medio combatiendo incendios, pero cuando están a 140 a 130 kilómetros monte adentro y ocho incendios al mismo tiempo es imposible”. 

En el norte del departamento de Santa Cruz y Beni, el fuego entró en las Áreas Protegidas y los incendios también están en el Área Natural de Manejo Integrado ANMI San Matías, en el Pantanal y Brasil, donde rige el supuesto "modelo" de desarrollo agrario soyero, paradigma que orientó el PLUS Beni.

Frentes de incendio en el Área Protegida Natural Copaibo y el Territorio de Monte Verde. El fuego ha ingresado en el Plan de Manejo de la comunidad de Limoncito.

“Este es el costo del modelo extractivista agrario y forestal, no de aprovechamiento sostenible sino de implantación de bosques con palma africana y eucaliptos, como ha autorizado por el gobierno actual y como en el pasado”, dijo Tamburini.

En el municipio de San Ignacio de Velasco, uno de los sectores más afectados por los incendios forestales, la presidente Añez aseguró que con la derogación del Decreto 3973 se garantiza que no ocurrirá lo que pasó en 2019.

Sin embargo, Gonzalo Colque insistió que esa medida es insuficiente y reclamó “que ya debió iniciarse una auditoría ambiental, identificar la magnitud del daño ambiental e iniciar el plan de mitigación del daño ambiental y de recuperación del bosque chiquitano e identificar a los responsables de los incendios”.

Insistió que “si solo tendríamos que formular una conclusión, esta sería que los incendios que azotaron Santa Cruz no tienen su razón de ser principal en las presiones para desmontar y habilitar nuevas tierras para la agricultura a gran escala, sino que han sido una consecuencia directa de las expectativas sobredimensionadas que despertaron las políticas gubernamentales de desprotección de los bosques, cancelación de las sanciones y multas para la tala y la quema ilegal y autorizaciones de asentamientos administrados como un secreto de Estado”.

LAS NORMAS INCENDIARIAS

El Decreto Supremo 3973 fue promulgado el 9 de julio de 2019 y, según coincidieron activistas y expertos, fue la chispa que provocó uno de los mayores desastres ambientales en la Chiquitanía, porque autoriza el desmonte y quema de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de Santa Cruz y Beni.

Pero derogar ese decreto es insuficiente, según Tamburini “hay que concordar toda la normativa sobre Recursos Naturales, Medio Ambiente, Tierra, Forestal, a la Constitución, en particular relativa al artículo 389, el cual impide la conversión de los bosques a otros usos” y esa es una tarea que el gobierno debió iniciar a poco de su posesión “porque era previsible que ocurran nuevos incendios”.

Expertos y activistas, recordaron que “el paquete incendiario” incluye varias normas que insistieron que se deben derogar el Decreto Supremo 26075 que autoriza la conversión de tierras de producción forestal permanente a uso agrícola en el departamento de Santa Cruz, el decreto reglamentario de la Ley 3545 que permite dotaciones de tierras en áreas de bosques. 

Abrogar la Ley741 que autoriza quemas y desmontes en tierras forestales, la Ley 1098 y el Decreto Supremo 3874, que autorizan el uso de transgénicos para la producción de agrocombustibles, además de la Ley 1171 que define los perdonazos sobre quemas en zonas boscosas, además, la Ley 1098 que establece el marco normativo para la producción de biodiésel.