Hace poco más de un año, la actual canciller, Karen Longaric, sostenía, en estas mismas páginas, que “las relaciones internacionales de Bolivia son de vital importancia. En tal sentido, deben proyectarse en un marco de cordialidad, cooperación, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos en igualdad, dejando de lado obsecuentes preferencias u odiosas discriminaciones motivadas en afinidades político-ideológicas. En esa línea, se deben optimizar las relaciones con todos nuestros vecinos y con aquellos países que históricamente han tenido gestos de solidaridad, y apoyo respecto a nuestras necesidades y aspiraciones”.
Coincidiendo plenamente con esta posición principista, es preciso añadir que las relaciones de Bolivia con la vecina Argentina siempre se caracterizaron por ser cordiales, amigables, de respeto mutuo y apegadas a las prácticas y usos diplomáticos dentro de una convergente y mutua observancia del derecho internacional.
No obstante, desde que asumió el Gobierno de Argentina el señor Alberto Fernández, en diciembre del año pasado, las relaciones de ese país para con Bolivia se han ideologizado en extremo; cuando, aceleradamente, se concedió refugio al expresidentete Eo Morales, las relaciones se elevaron a un nivel de distanciamiento mucho mayor y más notorio, puesto que Argentina se convirtió en una evidente plataforma de agresión a Bolivia y su Gobierno constitucional, de manera estridente y sostenida.
Funcionarios de Gobierno hicieron proclamaciones hostiles, y dos extravagantes declaraciones camarales, basadas en falsos supuestos, constituyeron flagrantes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Últimamente, el ministro de Relacione Exteriores, Felipe Solá, a nombre de su gobierno, afirmó públicamente: “No reconocemos a ese Gobierno desde que nació. Sólo mantenemos relaciones consulares porque hay mucha población de ida y vuelta, sobre todo bolivianos en Argentina, y no queremos perjudicarlos a ellos. Pero la verdad es que el nivel de hostilidad ha sido muy grande”. ¿Cómo interpretar esta declaración formal del Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Argentina?
Se trata, a todas luces, de una virtual e implícita ruptura unilateral de relaciones diplomáticas para con Bolivia: es la culminación de un sostenido proceso de deterioro de las relaciones bilaterales entre los dos países, originado por la constante, evidente y reiterada intromisión de Argentina en los asuntos internos de Bolivia.
Mas aún, Argentina, como política de Estado, se ha dedicado a actuar sin tomar en cuenta acuerdos y normativas internacionales sobre el relacionamiento entre Estados y el Estatuto del Refugiado, permitiendo que, desde su territorio, se originen acciones y declaraciones tanto de exfuncionarios bolivianos prófugos, como de personeros oficiales de su gobierno en contra de la dignidad de un estado soberano como es Bolivia.
Argentina ha avalado y también ha propiciado una escalada de acciones poco amigables para con Bolivia. Actuando de mala fe, desconoce la Doctrina Estrada que constituye un hito en las relaciones internacionales y es un referente para el derecho internacional a nivel universal.
Esta doctrina, creada por los Estados Unidos de México, se fundamenta en aspectos básicos de las relaciones internacionales, especialmente el principio de no intervención y el del derecho de autodeterminación de los pueblos, ya que ningún Gobierno extranjero debería juzgar (para bien o para mal) gobiernos o cambios en gobiernos de otras naciones, puesto que ello implicaría una violación a su soberanía.
Este “crescendo” de una política hostil (admitida por el propio señor Solá) y agresiva para con Bolivia ha culminado con un formal desconocimiento del Gobierno boliviano y la ruptura unilateral de relaciones diplomáticas por parte de la República Argentina que se exterioriza al señalar el Canciller argentino que sólo mantienen relaciones consulares con nuestro país. Ante esta situación provocada y promovida por Argentina, al Estado Plurinacional de Bolivia no le queda otra alternativa (que seguramente nunca hubiera querido adoptar) que enfrentar esta crisis y actuar dentro de la práctica diplomática usual, replegando nuestro personal diplomático, actitud que seguramente también Argentina, originadora de la crisis y de la implícita ruptura, deberá adoptar oportunamente. El no hacer nada sería un reflejo de una suerte de ofuscación y, desde luego, falta de pundonor que no se ha demostrado con otros países como Cuba y Venezuela. La pendenciera afrenta adoptada por Argentina formal y activamente amerita que Bolivia se haga respetar en el concierto de las naciones y que no ocurra lo mismo que en los tiempos de la dictadura de Luis García Meza, cuando ese Gobierno dictatorial consintió que militares argentinos actúen como represores de quienes estaban luchando por la recuperación de la democracia que ahora gozamos con todas sus sombras y sus luces.
Fernando Salazar Paredes es abogado.