Un amor interesado que huele a alcohol: JEANINE Y LA AGROINDUSTRIA.

Foto: Mercado Azúcar.-

Los agroindustriales de Santa Cruz alertaron sobre un “alto riesgo” de falta de alimentos si el sector no recibe apoyo financiero para su reactivación. Y surgieron convenios y un acuerdo de compra de 120 millones de litros etanol, pero a qué costos.

“El sector necesita un financiamiento urgente para reactivar la producción, que ha sido duramente golpeada por la crisis. Estamos a dos meses de iniciar la campaña de verano y la mayoría de los productores ha quedado sin capital operativo. Por eso vemos que en adelante tengamos un alto riesgo de abastecimiento de alimentos”, advirtió el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Reinaldo Díaz.

El anuncio fue realizado por el ejecutivo el martes pasado, durante la visita de la presidenta Jeanine Áñez a los productores cruceños, según un informe del periódico El Día.

En esa jornada también se firmó un convenio interinstitucional entre el Gobierno y la CAO para que, de manera conjunta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se pueda llevar adelante capacitaciones tecnológicas para el agro cruceño.

“Como país le debemos mucho a la economía del campo cruceño. Se trata, al final del día, uno de los motores más importantes. Este Gobierno hará todo lo posible para que el progreso que genera el campo cruceño, siga tomando fuerza. Queremos más empleos y ayudaremos a crear más empleo. Y por eso hemos empujado la economía del país con todas las fuerzas al proporcionar tres bonos y ahora estamos luchando por un cuarto bono”, expresó Áñez.

Cabe señalar que el convenio surge cuando la CAO accedió a un crédito de $us 350.000 que será desembolsado de forma directa por el BID a esta institución.

“El Gobierno no paga este préstamo, el BID va a ser el fiscalizador de estos fondos. Los recursos son de disposición inmediata, es para capacitar a las personas en nuevas tecnologías, lo que le permitirá ganar mucho más”, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Branko Marinkovic, al destacar que el crédito será a fondo perdido y será usado para la capacitación de los trabajadores del sector agropecuario en el manejo de nuevas tecnologías.

De igual manera el martes, en el acto desarrollado en la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), el Ministerio de Hidrocarburos y representantes de la agroindustria cruceña firmaron el Plan de Reactivación Económica Agroindustrial, con el que se pretende generar al menos 10.000 fuentes de empleo de manera inmediata a través de la producción de 120 millones de litros etanol para ser añadido a la gasolina y generar un biocombustible y dinamizar su consumo en el mercado interno.

En la oportunidad, el ministro Víctor Hugo Zamora dijo que “éste va a ser uno de los programas que va a reactivar uno de los sectores más importantes de Santa Cruz. Estamos hablando en este momento de tener en un proceso inmediato de contratación de alrededor de 10.000 empleos directos y eso va a significar una parte importantísima para las familias, principalmente productoras de caña”.

La autoridad también señaló que las importaciones de gasolina en la actualidad llegan a 2.000 millones de litros por año y que la producción de etanol anhidro cubrirá al menos un 10 por ciento de ese volumen.

En tanto, el presidente de la Cainco, Fernando Hurtado, proyectó que la demanda de gasolina en Bolivia hasta el año 2030, llegará a 2.960 millones de litros, a un ritmo de crecimiento del 4%, volumen que requeriría de al menos 740 millones de litros de etanol anhidro.

Agregó que de acuerdo a esa proyección, el cultivo de caña debería incrementarse en aproximadamente 200.000 hectáreas, sin dar detalles de cómo lo harían.

Este convenio fue duramente criticado por consultor en hidrocarburos, Francesco Zaratti, este miércoles, en una entrevista en El Deber Radio porque reveló que la compra estimada de 120 millones de litros etanol; que equivale a 750.000 barriles; no tiene plazos, no considera la situación financiera de la estatal YPFB, no considera el almacenaje del combustible, ni la baja cotización internacional del petróleo y sobre todo compromete políticas de largo alcance que no le corresponde a un Gobierno transitorio, porque en octubre habrá una elección.

“Entonces a qué santo nos vamos a comprometer a comprar más alcohol si no tenemos dónde almacenar (…). No creo que sea correcto desde un punto de vista ético, que un Gobierno de transición tome medidas que compromete a Yacimientos en un futuro”, dijo.

Advirtió también que existe una intencionalidad en el convenio de compra que “es hacerles un favor a los productores de alcohol (agro cruceño) en desmedro de Yacimientos, en desmedro del país y en desmedro del próximo Gobierno, que tiene todo el derecho de hacer una política energética de los biocombustibles en el nicho que les corresponde pero no con un compromiso como ese”. 

Esa operación le da una carga más a YPFB, que aseguró está sin recursos, y además no toma en cuenta “el problema ambiental que para producir hay que cultivar más y eso tiene consecuencias”. 

Según Zaratti, el país debe encaminarse a una transición a las energías renovables y que “no nos vengan a contar que los biocombustibles son energía verde, amigables con el medio ambiente” porque se conoce que es mono cultivo con uso de pesticidas y ampliación de la frontera agrícola.

En otras palabras se continuará aplicando el Decreto Supremo 3973 promulgado en julio de 2019, durante la gestión presidencial de Evo Morales, un mes antes que se registren incendios forestales en la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz. Esta es una norma que autoriza el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Santa Cruz y Beni, en el oriente del país.

Asimismo sigue vigente la Ley 741, de septiembre de 2015, con la cual el anterior Gobierno amplió el desmonte de cinco a 20 hectáreas, mientras que para las penalidades aceptó una amnistía para incentivar al sector agroindustrial y agroempresarial.

Un reporte de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, indica que entre el 3 y 9 de agosto se han registrado 10.545 focos de calor. 

Un gran porcentaje de focos de calor fueron detectados en los municipios de Puerto Suárez, El Carmen Rivero Tórrez, San Ignacio, San José, Puerto Quijarro y Pailón, de Santa Cruz. En el caso el Beni los focos de calor se han concentrado en los municipios de Exaltación, Magdalena, Santa Ana y San Ramón.

En 2019 los incendios forestales consumieron alrededor de 5,3 millones de hectáreas en Bolivia. En agosto y octubre del pasado año, el 70% de las zonas afectadas por el fuego corresponden a la Chiquitanía, una situación que obligó a declarar emergencia nacional por la magnitud de los incendios.

De los costos y consecuencias, no hace falta explicar más.

MAIP