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Por Zulema Alanes B. Fotos: CIDH.-
La Procuraduría General del Estado (PGE) demandó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un pronunciamiento sobre el derecho humano a la reelección indefinida y denunció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cometió fraude judicial al desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.
El procurador José María Cabrera explicó a Cabildeo Digital que Bolivia presentó ante la Corte IDH una solicitud de Opinión Consultiva sobre los límites permitidos en el ejercicio de los derechos políticos en democracia y detalló que el objetivo es que ese organismo internacional se pronuncie sobre el derecho humano a la reelección indefinida.
Dijo que la solicitud complementa la que fue presentada por Colombia en 2019 y consulta aspectos específicos “porque en el país el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realizó un fraude judicial con su tristemente célebre sentencia 084/17 en la que estableció que el Artículo 23 de la Convención Interamericana había establecido el derecho humano a la reelección indefinida”.
Cabrera dijo que el pronunciamiento de la Corte IDH es muy importante porque “el primer fraude contra la democracia no fue el fraude electoral de octubre de 2019, sino un fraude judicial que desconoció la voluntad popular en Bolivia”.
Las acciones interpuestas ante el máximo tribunal internacional se suman al memorial en el que se solicita al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la nulidad de la sentencia constitucional que dio lugar al desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 y forzó la interpretación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
“Esa sentencia sigue vigente y el fraude judicial debe desmontarse, es necesario que la verdad quede establecida, el máximo tribunal de la Corte IDH debe restablecer la vigencia de la Convención Americana, es muy importante, no solo para Bolivia sino para todos los países, que se desmantele esta falsedad que, a través de un fraude judicial, pretendió que la reelección indefinida es un derecho humano”, enfatizó.
En opinión de Cabrera, todos los gobiernos autoritarios del llamado socialismo del siglo XXI echaron mano del Art 23 de la Convención Americana, “pero en el caso boliviano el asunto es mucho más graves porque además de que la Constitución establece solo una reelección, se le consultó al titular de la soberanía y el pueblo dijo no a la reelección indefinida, no obstante, los magistrados del TCP, desoyendo el mandato del pueblo, cometieron fraude judicial”.
En el memorial remitido a la Corte IDH, Bolivia también respondió la solicitud de ese organismo respecto a la Opinión Consultiva presentada en 2019 por Colombia sobre “La figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
El Procurador General del Estado proyectó que el fallo de la Corte IDH se conocerá recién dentro de 18 meses “es normal que hayan demoras, la Secretaría ya ha notificado a todos los estados para que presenten por escrito su posición sobre la temática que ha planteado Bolivia, al igual que los organismos de derechos humanos y expertos amigos de la corte (amicus curiae), pero en algún momento cerrará las deliberaciones y pronunciaran su veredicto”.
Se mostró confiado en “la imparcialidad de la Corte que, como intérprete último y final, establecerá que nunca existió el derecho humano a la relección, que fue inventado para conspirar contra la Constitución, contra la democracia y contra la voluntad del pueblo soberano que dijo no a la relección en un referéndum”.
En cambio, protestó contra “la politización y la militancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” que, según detalló, ofreció su apoyo a través de su cuenta so¬cial Twitter a una publicación del expresidente Evo Morales que “propicia la confrontación entre bolivianos y bolivianas”.
Cabrera dijo que el Estado boliviano lamenta la “falta de independencia de este organismo”, que luego de “guardar un silencio cómplice ante una sucesión de denuncias de violación de los derechos humanos durante más de 10 años de gobierno del MAS, súbitamente despertó y ahora tramita en tiempo récord cualquier denuncia contra el gobierno de transición, pero además alienta acciones que atentan contra la institucionalidad democrática”.
A continuación, la entrevista completa al procurador José María Cabrera:
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