Ecológicos vs agroindustriales por transgénicos

Foto: CCB.-

Una acción popular enfrenta a pueblos indígenas y productores ecológicos con agroindustriales. Los primeros defienden el patrimonio genético y biodiversidad mientras que los segundos empleo y desarrollo, sin considerar que en el país el uso de transgénicos está prohibido por varias normas.

En mayo pasado, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4232 que autoriza de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

Esta norma provocó que en julio, pueblos indígenas, activistas y expertos de Bolivia presentaran una acción popular, a la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con el propósito de suspender su aplicación.

Para los demandantes la “Asamblea por los bosques y la vida”, este Decreto amenaza el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, a la consulta previa, a la territorialidad, el territorio y al hábitat de los pueblos indígenas, y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas.

Además porque pone en riesgo la biodiversidad y el medio ambiente sano, en su doble dimensión: como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública.

Sin embargo, a una semana de efectuarse la audiencia de la acción popular, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y los productores de granos del Gran Chaco del Departamento de Tarija (Aprograch), rechazaron el recurso legal exigiendo que se les permita el uso de semillas transgénicas en su producción.

A ese rechazo, el jueves se sumó la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz (Asociatrin), argumentando que dicho recurso legal atenta contra la seguridad alimentaria de la población boliviana y pone en riesgo el futuro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del oriente boliviano, además amenaza el derecho al trabajo en ese sector, que también aporta a la economía regional y nacional.

Mediante un comunicado el sector anunció que se declara en “estado de emergencia”, porque están en riesgo sus fuentes de empleo en servicios prestados a la agroindustria.

“El trabajo que realizamos dentro la cadena productiva, en todas sus áreas, desde el traslado de semillas, cosecha en el campo, acopio en los centros de almacenaje, traslado de los productos a la agroindustria, el transporte para el abastecimiento dentro el país y el excedente siendo transportado para la exportación, se vería afectado definitivamente, por lo que no descartamos otras medidas en contra de estas personas”, advierte a través del documento.

La audiencia de la acción popular se efectuará el viernes 4 de septiembre, en la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pero al parecer los enfrentados ignoran que existen leyes en el país que prohíben el uso y comercialización de los organismos genéticamente modificados y productos tóxicos que afecten la salud y el medio ambiente. 

Esta prohibición está expresamente establecida en el Art. 255 de la Constitución Política del Estado (CPE), y en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología suscrito por el Estado boliviano el 29 de Enero del 2000, la Ley 300 de la Madre Tierra, en su Art.24, la Ley 144 de la Revolución Productiva en su Art. 15, la Ley 401 sobre Celebración de Tratados en su Art. 4.

Así como en la Ley 622 de la Alimentación Escolar y Soberanía Alimentaria en su Art. 7, la Ley 3525 de la Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria Ecológica en su Art. 2, el Decreto Supremo 181 referido a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en su Art. 80, el Decreto Supremo 2452 sobre etiquetado de OGMs, la Resolución Administrativa VRNMA 135/05 y la Ley 71, sobre Derechos de la Madre Tierra en su Art. 7, observó el Comité Científico de Biotecnología (CCB).

El organismo reiteró que existen normas legales enmarcadas en la CPE que prohíben la introducción de transgénicos a nuestro país, y dichas normas han sido elaboradas en base a un proceso de reflexión y aporte de los miles de productores y consumidores de todo el país.

Además porque está comprobado que solo 24 de 197 países del mundo producen transgénicos y cada año son menos. Por tanto, con los cultivos transgénicos no se incrementa el rendimiento, sólo se aumenta el uso de pesticidas tóxicos, se afecta la biodiversidad, el cambio climático y la provisión de agua, se provoca la erosión genética de las variedades locales, principalmente de maíz. 

“Es hora de reflexionar si el interés económico de unos pocos está por encima del interés de millones de bolivianos que aun quieren resguardar y mantener una calidad de vida y la perspectiva de un verdadero desarrollo sustentable en base a la biodiversidad que es lo único que aún nos queda”, sostiene un pronunciamiento de este comité científico.

MAIP