La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas o más conocida como Ley de Arraigo para autoridades, en la que señala que no podrán salir del país durante los tres meses posteriores a que dejen sus cargos.
Se conoció que el Gobierno presentará una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la norma, porque vulnera la Constitución Política del Estado y el debido proceso.
Según el texto aprobado, el objetivo es que las autoridades de los tres niveles, permanezcan en el país por el lapso de tres meses luego de concluir su mandato o ser destituidos de sus cargos.
Además, determina que en ese tiempo dichas exautoridades deberán presentar informes que requieran las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado y advierte que las autoridades salientes que incumplan la presente ley serán pasibles a acciones judiciales.