¿DURA LEX, SED LEX? Sobre el presupuesto para las campañas electorales.

Por Rosa Talavera Simoni.-

Un titular del diario Pagina 7, edición del 25 de este mes de junio, anuncia que “el MAS recibirá el 60% del dinero para propaganda (electoral)”. A primera vista, el titular induce a pensar que se trata de una noticia reciente. Sin embargo, la lectura del texto permite saber que alude a una resolución, la número 30/2020, adoptada por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 14 de enero recién pasado. No obstante, más adelante, el texto asocia esta disposición a las elecciones del próximo 6 de septiembre, agregando otro motivo de confusión.

La noticia, no por “vieja” deja de ser oportuna, pues ha puesto la cuestión en debate, habida cuenta que las condiciones imperantes a mediados de enero de 2020, han cambiado radicalmente. Por un lado, desde el 24 de enero, repetimos la situación de tener una candidata que postula desde su investidura presidencial, lo cual –nuevamente- genera ventajas abominables; por otro, y más grave que lo anterior, estamos sumidos en una crisis de salud cuya atención requiere recursos económicos, hoy muy disminuidos por diversas razones.

Sin duda, muchos lectores habrán experimentado un respingo ante la perspectiva de que el MAS, partido que causó la necesidad de anular las elecciones pasadas –con los consiguientes costos económicos y políticos para el país- se beneficie nuevamente con aproximadamente el 30% del presupuesto destinado a los partidos. Nótese que el titular es engañoso también en este tema, pues sitúa el porcentaje en 60%, siendo este guarismo ratificado en el texto.

La noticia informa también que la citada resolución se aprobó con el voto disidente de la vocal Rosario Baptista quien habría cuestionado la aplicación del criterio de proporcionalidad para distribuir los recursos en las elecciones de este año debido a que, con la anulación de las que se realizaron el 20 de octubre de 2019, no existiría un “referente válido” para la aplicación de dicho criterio, dejando vigente, se puede entender, solo el criterio de distribución equitativa. 

La ex diputada Jimena Costas, siempre según la nota de Página 7, opinó que después del fraude y en las actuales condiciones, “se debería distribuir los recursos en igualdad de condiciones o no distribuir ni un solo centavo”. Sin embargo, dado que el TSE, como corresponde, está decidido a aplicar las leyes que rigen el proceso electoral, por dura que sean para unos u otros, es previsible que sostenga la posición recogida en la Resolución 30/2020 a menos, claro, que el marco legal le deje un espacio para revisarla. Si ello fuese así, y el TSE persistiera en aplicar la resolución 30/2020 para las elecciones del 6 de septiembre, podemos esperar que le llegue una nueva avalancha de críticas, a las que sumaría mi modesto apoyo. 

Cabe mencionar como contexto, que actualmente hay muchos bolivianos que ante la evolución reciente de los acontecimientos políticos, han reforzado su opinión de que fue un error no haber inhabilitado al MAS para participar en nuevas elecciones o haber permitido que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) prorrogue su mandato en forma paralela al mandato del Ejecutivo que, como se sabe, emanó de la sucesión constitucional ocurrida en noviembre pasado. Ello, sin advertir que la adopción de estas posiciones radicales no solo hubiese validado la hipótesis de golpe de estado sostenida por el MAS (y por otros sectores, incluso a nivel nacional) sino que hubiese impedido la pacificación y la consiguiente convocatoria a elecciones. 

No se puede olvidar que esta salida, al borde del abismo, fue posible gracias a los acuerdos institucionales labrados por los poderes Ejecutivo y Legislativo; pero tampoco se puede, a riesgo de enrarecer aún más el ambiente político nacional, seguir dándole ventajas al MAS, ya sea con actos reprochables que emulan los perpetrados por el anterior gobierno, o generando/manteniendo condiciones favorables que pueden evitarse dentro del marco legal vigente y sin necesidad de contar con el concurso de la ALP.

En la misma línea, y quizás recuperando lo mejor de la tradición alteña de bolivianidad, la presidente de la ALP acaba de pronunciarse pidiendo que el TSE disponga no financiar las campañas con recursos públicos, a fin de que el dinero presupuestado para ese fin se destine a financiar las medidas de bioseguridad para la votación, o para otros propósitos vinculados a mejorar las condiciones de atención a las personas afectadas por el COVID19. 

Cierro recordando que a la pregunta de María Galindo de por qué, a diferencia de otros parlamentarios masistas que renunciaron o salieron del país, luego de la huida del “Jefazo”, Eva Copa había asumido las responsabilidades que le tocaron a su partido en la crisis de octubre-noviembre de 2019, la joven parlamentaria respondió: “Porque soy alteña”. Quizás la declaración valiente que Eva Copa ha hecho respecto del tema en debate, ayude al TSE a tomar la decisión más pertinente a las circunstancias actuales (y reivindique al periodista de Página 7).

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¿DURA LEX, SED LEX? Sobre el presupuesto para las campañas electorales.
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