Corrupción y acceso a la información

Por Sandra Sánchez Calderón, vía Fundación Jubileo.

Como ya es conocido, las industrias extractivas y sobre todo el sector hidrocarburos en nuestro país constituye uno de los pilares de la economía nacional y subnacional, fundamentalmente por su aporte fiscal. Asimismo, es un sector donde las decisiones involucran elevados montos de dinero e impactos socioambientales, lo cual sumado al alto grado de desinstitucionalización que hoy en día mantienen las entidades públicas encargadas de su gestión, lo hacen más vulnerable a incurrir (1) en hechos de corrupción y a una deficiente gobernanza (2)  de dichos recursos. 

Considerando que muchos países del mundo atraviesan por este tipo de contextos, a partir del año 2000 han surgido una serie de iniciativas en favor de la transparencia y el buen gobierno por parte de la sociedad civil, logrando consolidarse con el pasar de los años en herramientas que contribuyen a impulsar las buenas prácticas y a elevar los estándares de desempeño de los sectores extractivos. 

Es así que en el documento Buenas Practicas sobre Transparencia y Acceso a la Información en las Industrias Extractivas se presentan algunas de estas iniciativas y cómo logran que existan datos disponibles de manera fiable, oportuna y en formato digital; ello con el fin de promover el debate nacional y subnacional sobre la línea de trabajo en materia de transparencia y acceso a la información que se debe seguir en el país hacia una mejor gobernanza de los sectores mencionados. 


La transparencia en el sector público requiere que el Estado proporcione información sobre asuntos económicos, financieros, sociales, institucionales y políticos de manera activa y que estas publicaciones sean oportunas, fiables, pertinentes, totalmente accesibles y comprensibles.

Estas buenas prácticas buscan implementar un sector extractivo más transparente y responsable a partir de dos objetivos principales:

- Crear compromisos por parte de los Gobiernos y empresas para publicar información fundamental del sector. 

- Abrir espacios para involucrar a la sociedad civil en la gestión. 

A continuación, en el siguiente cuadro se describen 3 iniciativas de transparencia junto a sus principales características:


En cuanto al tema ambiental en específico, el año 2018 se adopta en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, que constituye un tratado de derechos humanos para garantizar la efectiva implementación de los derechos de acceso a: la información, la participación pública y a la justicia en materia ambiental. Este tratado aún no ha entrado en vigor y se espera que lo haga entre las gestiones 2020 y 2021. Bolivia ha suscrito y ratificado dicho Acuerdo, por lo que se abre una oportunidad para que la sociedad civil se organice en torno a esta iniciativa y acompañe al Gobierno en el cumplimiento de su compromiso por transparentar la información ambiental en los proyectos extractivos.

Con la implementación del Acuerdo, la sociedad civil podrá: 

- Tener acceso a información sobre el Estado del medio ambiente y sobre cómo un proyecto en particular podría afectarlo. 

- Ser consultadas y participar cuando se tomen decisiones que podrían impactar al medio ambiente. 

- Acudir a la justicia y pedir reparaciones si se impacta de manera adversa al medio ambiente o si no se toma en cuenta a la sociedad civil. Además, obliga a los Estados a proteger a las personas y grupos que defienden el medio ambiente.

Finalmente, una herramienta de transparencia y acceso a la información implementada por el nivel gubernamental y muy reconocida en la región es el portal web Mapa de Regalías, creada por Dirección Nacional de Planificación de Colombia el año 2013, el cual de forma georeferenciada e interactiva muestra información sobre la explotación de hidrocarburos y minerales, bajo el siguiente desglose:

- Producción de recursos naturales no renovables, con información georreferenciada sobre los recursos naturales cuya explotación genera ingresos.

- Fiscalización de la exploración y explotación de recursos, con información que garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

- Recursos disponibles, información georreferenciada sobre los ingresos por la explotación de recursos naturales, desde la generación de recursos, el presupuesto y ejecución de los mismos.

- Proyectos, información georreferenciada de los proyectos financiados con recursos extractivos. 

CONSIDERACIONES

- El grado de desinstitucionalización que hoy en día mantienen las entidades públicas encargadas de la gestión de los sectores extractivos las hacen más vulnerables a hechos de corrupción, debido a la alta politización y carencia de instrumentos de control y vigilancia.


- Si bien las diferentes iniciativas representan importantes esfuerzos cada una de ellas necesita ser complementada, por ello resulta importante que, aunque Bolivia no sea necesariamente parte de una de ellas, aplique criterios relacionados con el acceso a información en línea vía páginas web, en formato de datos abiertos e incluyendo una perspectiva amplia del sector extractivo que abarque desde las condiciones previas, toda la cadena de hidrocarburos hasta la distribución y el uso que los distintos beneficiarios de la renta extractiva le dan a esos recursos.


- Es imperativo recobrar la institucionalización de las entidades públicas inmersas en los sectores extractivos, con una visión y voluntad política de llevar adelanta una gestión transparente y de cara a la población, que permita el desarrollo y cumplimiento de normas específicas sobre la información que debe ser publicada, la periodicidad de su actualización y, sobre todo, las sanciones en caso de incumplimiento, entre otros aspectos.

(2) Administrar los recursos naturales en beneficio de todos los ciudadanos, avanzar en el camino de la equidad, la sostenibilidad, los derechos humanos y la protección de la naturaleza

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