TCP admite demanda contra Ley que fija fecha de elecciones

Vía Brújula Digital .-

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió  la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que fija elecciones para un máximo de 90 dias a partir del 3 de mayo y notificó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, para que responda a los argumentos de los accionantes.

La determinación adoptada por el TCP implica que Copa tiene 15 días para presentar el informe que corresponda. Cumplido el plazo, el TCP procederá inmediatamente al sorteo de quien analizará el caso, debiendo emitir la sentencia correspondiente dentro de los 45 días siguientes. Por ello, el fallo podría estar listo hasta dentro de 60 días.

El recurso fue presentado por el exsenador Óscar Ortiz, la senadora Silvia Carmen Rosa Guzmán y la diputada Rose Marie Sandoval, demandando que se declare inconstitucional el artículo 2 de la mencionada ley, que establece precisamente el plazo de los 90 días mencionados.

Se considera que realizar las elecciones hasta el domingo 2 de agosto como máximo es un plazo muy breve ya que coincide con la etapa de crisis sanitaria que vive el país debido a la presencia del coronavirus.

El TCP según el reporte, por otra parte, rechazó el establecimiento de medidas cautelares (medidas restrictivas o privativas de la libertad planteadas por los accionantes) contra la norma recurrida.

Para el abogado Óscar Urquizu, quien presentó la demanda a nombre de los legisladores, la admisión significa que “ya se tiene un 50% de camino avanzado” en el proceso y se espera que el TCP tome una decisión en el menor tiempo posible.

“Es una buena noticia para el pueblo boliviano que tienen esperanza en que estas elecciones, que tienen que llevarse pronto en el país, no sean en la peor etapa de la pandemia ni por la desesperación del MAS de querer acelerar”, manifestó el jurista.

De acuerdo al reporte, el TCP rechazó otros dos recursos presentados contra la ley, un Recurso Directo de Nulidad que presentó el mismo grupo de legisladores, y una Acción de Inconstitucionalidad presentada por la senadora Carmen Eva Gonzáles.