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Por Zulema Alanes B.-
Una serie de revelaciones en torno a irregularidades y sobreprecio en la compra de 170 respiradores artificiales, provocaron un remezón en el Gobierno. La detención de dos funcionarios del Ministerio de Salud y el anuncio presidencial de una investigación para sancionar a los responsables, no aplacaron la indignación por la supuesta corrupción y el grave atentado contra la salud del pueblo en medio de la emergencia sanitaria. Y no faltaron las voces que exigen la renuncia del ministro Marcelo Navajas y del embajador Mohamed Mostajo.
En un mensaje por televisión, la presidenta Jeanine Áñez dijo que pidió una investigación que “llegue hasta el fondo caiga quien caiga” y se comprometió “a trabajar para que cada centavo que se hubiera robado sea devuelto”.
La Presidente Jeanine Añez promete cárcel para los corruptos "caiga quien caiga".
Horas antes, fueron aprehendidos Giovanni Pacheco, director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Fernando Valenzuela, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, que tuvieron a su cargo la compra de los 170 respiradores.
Fernando Valenzuela conducido a la FELCC
Asalto a plena luz, hasta que se compruebe lo contrario
La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva fue la primera en cuestionar la compra por razones técnicas, advirtió que “No son aptos para las Unidades de Terapia Intensiva, Inútiles para pacientes de COVID-19”. “Los ventiladores catalanes, un asalto a plena luz del día, mientras no se compruebe lo contrario” advirtió Cabildeo Digital en su edición del 18 de mayo, cuatro días después que los aparatos llegaran al país. Surgieron las preguntas sobre los proveedores y el precio que se pagó por los equipos.
La empresa española GPA Innova que suministró los equipos reveló en el programa “Antes de mediodía”, de radio Fides, que el precio unitario en fábrica del ventilador es de 7.194 dólares, sin contar los precios de distribución. Finalmente, el Gobierno informó que pagó a la intermediaria IME Conslting 27.683 dólares por unidad, y un total de 4.706.110 millones por los 170 ventiladores.
A pesar de todas las evidencias, las autoridades de Salud justificaron la compra. El lunes, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, convocó a una conferencia de prensa y aseguró que “No hubo sobreprecio y el Gobierno pagó un precio ni mayor ni menor, pagó el precio en el que se comercializa en los mercados mundiales”. Lo secundaron la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, que leyó un comunicado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que certifica que avaló la compra, y los funcionarios de Salud, Giovanni Pacheco y Fernando Valenzuela, que no solo justificaron el precio, sino que aseguraron que fue menor al que pagaron los gobiernos de Brasil y Chile.
A esa altura, las autoridades de salud no mencionaron el informe del Cónsul General de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja Lozada, que revela que el 8 de mayo se enteró de otra oferta a “mitad de precio” de los mismos respiradores.
Corroborando esta versión, el portal Brújula Digital informó este martes que la empresa importadora de equipos médicos COSIN había ofertado al gobierno los respiradores españoles Innova a un precio de 12.500 dólares cada uno, incluyendo transporte, pago de impuestos, instalación, garantía y capacitación al personal médico y su gerente general, Rodolfo Vega, se mostró “completamente sorprendido” de que el gobierno hubiera pagado una cifra tan superior a la ofrecida por su empresa.
En la nota oficial a la Canciller Karen Longaric, el cónsul detalla que fue el propio representante de la empresa IME Conslting, Iñaqui García, quien le advirtió que “la operación estaba en peligro debido a una supuesta oferta, por otra empresa, de los mismos respiradores a mitad de precio de venta”. Asegura que informó a Fernando Valenzuela de la oferta a mitad de precio y que éste le confirmó que había llegado la proforma de otra empresa.
Asimismo, señala que el lunes 11 de mayo, el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovanni Pacheco Fiorillo, le oficializó que se había firmado el contrato con la empresa proveedora.
Pareja Lozada, deslinda toda responsabilidad y asegura que, cumpliendo el pedido de los personeros del Ministerio de Salud, se limitó a verificar la existencia de los respiradores y coadyuvar en el envío de la carga desde España a Bolivia.
¿Quiénes son los funcionarios bajo sospecha?
Giovanni Pacheco Fiorillo juró el 29 de abril como director ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM). A poco de su aprehensión por la adquisición de los ventiladores, se reveló sus vínculos con Samuel Doria Medina, como funcionario de la empresa de cemento El Puente y de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), hace como cinco años.
"Tenemos que tener la capacidad de administrar correcta y oportunamente los recursos económicos” dijo Pacheco en su posesión. Trece días después firmó el contrato de compra de los ventiladores.
Fernando Valenzuela integrante del grupo de confianza de Gabriela Montaño, ex ministra de Evo Morales.
Fernando Valenzuela Billewicz, ha ejercido varias funciones públicas desde el 2010 y ha sido estrecho colaborador de Gabriela Montaño, primero como director jurídico de la Cámara de Diputados y, desde el 2019, del Ministerio de Salud donde se desempeñó como director general de Asuntos Administrativos en el periodo 2010-2011. Luego fue funcionario del Senado hasta el 2014 y de ahí pasó a ocupar la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, entre 2015 y 2018. Valenzuela Billewicz es hijo del general de Brigada Germán Valenzuela Lemaitre (+), quien fuera ex subcomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y jefe del Estado Mayor de la FAB, y durante varios años piloto del helicóptero de la FAB en el que viajaba el expresidente Evo Morales.
La compra de los ventiladores también puso bajo sospecha a David Alberto Pareja, cónsul general de Bolivia en Barcelona, sobrino del presidente de la Aduana Nacional Hugo Lozada, e hijo de Ruth Lozada, candidata al parlamento en las listas del frente Juntos que postula a Jeanine Añez a la presidencia y mano derecha del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.
Este martes, desde España, David Alberto Pareja, dijo a Red Uno que efectivamente “Mi madre es candidata, pero no tiene nada que ver con mi trabajo. Tratan de ensuciar el nombre de mi familia”.
Piden la renuncia de un ministro y un embajador
Las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente y candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga dijo que “me extraña que una persona tan cercana al MAS y a Gabriela Montaño haya estado trabajando en el Ministerio de Salud”, en alusión a Fernando Valenzuela.
En una entrevista en la red PAT, apuntó al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y exigió su renuncia por “negligencia e ineptitud” y, asimismo, al embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo, que también debería dejar el cargo porque “falló como coordinador del equipo científico que debía garantizar el equipamiento del sistema de salud en este periodo de cuarentena”.
A través de su cuenta de twitter, el candidato de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, dijo que “No se trata de hacer demagogia y pedir cárcel” y recordó a la presidenta Añez que “Su gabinete defendió con uñas y dientes esa contratación. Hoy no bastan los gestos: dígale al país quien traficó con la salud, su gobierno lo sabe”.
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, declaró a la Red Uno que cumplirá el mandato de la Presidenta y que coadyuvará en las investigaciones “caiga quien caiga” y, ante la insistencia del medio, admitió que en este tipo de adquisiciones “la responsabilidad recae en la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), y si tenemos que llegar a esa instancia, así lo haremos”.
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