Mediante nuevo decreto, Añez amplía castigos a quienes “desinformen” sobre COVID-19

Vía Brújula Digital .-

En el Día del Periodista boliviano se dio a conocer un nuevo decreto supremo que amplía los castigos contra quienes “desinformen” sobre las políticas tendentes a controlar la expansión del coronavirus y estableció que incluso las actividades artísticas serán penadas.
La presidenta Jeanine Añez promulgó el decreto supremo 4231 el 7 de mayo de 2020, para modificar el alcance de dos anteriores y prevenir la desinformación ya sea en forma escrita, impresa o artística, amparándose en la declaratoria de emergencia sanitaria aprobada hace dos meses, informó ERBOL.

El decreto 4231, que fue difundido este domingo 10 de mayo, Día del Periodista, precisa que si una persona desinforma puede ser demandado ante el Ministerio Público y responder no solamente por delitos contra la salud pública, como establecía la norma anterior, sino por otros que puedan calificar los fiscales.

A partir de la fecha cualquier persona que "desinforme" incluso de manera “artística”, será pasible a denuncia por la comisión de varios delitos tipificados en el Código Penal.

ERBOL agregó que el nuevo decreto modifica el parágrafo II del artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020; y el parágrafo II del artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020.

Los decretos modificados tenían un texto genérico y señalaban que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán objeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

Sin embargo, explicó ERBOL, con la reciente modificación que se encuentra en la parte de las disposiciones adicionales, se cambia el texto de la siguiente manera: “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

El decreto anterior ya fue usado para detener a dos militantes masistas, calificados como “guerreros digitales”. Uno de los casos, el de Mauricio Jara, quien fue enviado a la cárcel de Palmasola, motivó a que unos 50 periodistas bolivianos criticaran esa medida y exigieran su liberación.

“Al margen de que coincidamos o no con las opiniones de Jara, debemos dejar claro que su detención es ilegal y refleja una preocupante tendencia contraria a la libertad de expresión demostrada por las actuales autoridades”, afirmó el pronunciamiento de los periodistas.

El decreto anterior fue duramente criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y por la fundación Human Rights Watch (HRW) debido a que su contenido es limitante de la libertad de expresión y contrario a lo establecido por tratados internacionales del que Bolivia es suscriptor.

En EEUU han surgido críticas de sectores políticos y de derechos humanos contra algunas acciones del gobierno boliviano, consideradas violatorias de las libertades democráticas, pero el presidente estadounidense Donald Trump respaldó claramente a su colega Añez en temas políticos y bilaterales.