Por Roger Cortéz Hurtado.-
Con base en la información publicada por periódicos puede descubrirse parte central de una trama, que intenta enturbiarse con declaraciones falsas y novedades contradictorias.
Luis Fernando Humérez, intermediario a pedido de Fernando Valenzuela, Director Jurídico del Min. Salud.
Empecemos con el ex dirigente de fútbol, empresario, testigo voluntario y, ahora, investigado en el caso de los 170 respiradores, Luis Fernando Humérez quién aseguró que el sobreprecio en los equipos no sólo fue calculado para pagar a intermediarios, sino también a los funcionarios del ministerio de Salud para que ayuden a viabilizar la firma del contrato.
“Wálter Zuleta e Iñaki García, (que actúa por delegación de Ignacio Mazzarasa), dueño de la firma IME Consulting, me expresan que se van a considerar parte del incremento en el precio para destinar a la gente del ministerio de Salud a fin de que ellos puedan viabilizar la compra de los respiradores”, declaró Humérez el pasado jueves ante el fiscal.
Humérez, en su primera declaración, reveló que el entonces Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, lo llamó para buscar respiradores con suma urgencia. “Recibo una solicitud del ministerio de Salud a través del señor Fernando Valenzuela para poder conseguir en el mercado internacional respiradores para ser entregados en un plazo no mayor a 10 días”, declaró.
Con este propósito, Luis Fernando Humérez tomó contacto con el abogado Wálter Zuleta Buitrago, ex defensor de Gabriela Zapata que terminó procesado junto con ella por el falso hijo de Evo Morales y desde entonces fugado y radicado en Lima, Perú . Ambos , Humérez y Zuleta, se relacionaron con Ignacio Mazzarasa Escoriasa propietario de IME Consulting, la empresa intermediaria que ofreció y vendió los respiradores marca RESPIRA, fabricados en Barcelona por GPAInnova. Aparece como representante de los fabricantes en esa ciudad catalana Iñaki García.
Walter Zuleta y Gabriela Zapata, foto publicada en julio 2016
Abogado Walter Zuleta, desde Lima promocionó a la intermediaria de Barcelona IME Consulting de Ignacio Mazarassa.
Entonces el trío de intermediarios está integrado por IGNACIO MAZARASA ESCOSRIASA, dueño de la empresa IME Consulting que compró los equipos y los revendió a Bolivia, el abogado WALTER ZULETA BUITRAGO quien es el contacto entre Bolivia y Barcelona, y LUIS F. HUMÉREZ, que operó por encargo del Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela
El abogado Fernando Valenzuela gestor de la compra de los respiradores también fue estrecho colaborador de la exministra de Salud Gabriela Montaño.
GPAInnova COBRÓ POR CADA RESPIRADOR 7,260 DÓLARES
El fabricante, la compañía barcelonesa GPAInnova, asegura que facturó el precio de lista de los aparatos, es decir unos 6.600 euros que representan 7,260 dólares, este precio para un modelo básico incluye los accesorios que no llegaron al país.
El comprador fue IME Consulting, la intermediaria que a su vez le vendió los 170 respiradores al Ministerio de Salud.
“No estamos especulando con precios porque este proyecto ha nacido para ayudar”, declaró a la Agencia EFE el director de comunicación de GPAInnova, Jaume Miras, quien te explicó que el único contacto que tuvieron con el gobierno de Jeanine Áñez fue la visita del Cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja, a sus instalaciones para verificar el producto. La empresa catalana se dedica al tratamiento de metales, pero a causa de la pandemia decidió producir un modelo de respirador desarrollado conjuntamente con el hospital Clínic.
ZULETA Y LA DEFENSA DEL EX MINISTRO MENCIONAN FACTURAS PARA DEFENDERSE
Entonces, desde Lima, a través de Wálter Zuleta Buitrago se hizo el contacto con Ignacio Mazzarasa Escoriasa, el propietario de la intermediaria IME Consulting, la empresa que ofrecía respiradores marca RESPIRA fabricados por GPA Innova.
Zuleta declaró: “Al conocerse la transacción y el análisis trasnochado y politizado, en mi conclusión personal es importante señalar que la factura comercial, los impuestos pagados en España y otros corresponde al precio ofertado, por ende no existe un sobreprecio del intermediario, de acuerdo a su propuesta. La existencia de otras empresas privadas regalando o no sus productos, es irrelevante.”
La abogada del exministro Navajas, afirma haber “presentado facturas” como descargo.
¿Cuáles facturas? De acuerdo a lo que dicen Zuleta y Mazzarasa sólo pueden ser las facturas emitidas por la propia empresa intermediaria al ministerio de Salud de Bolivia, No las del fabricante al intermediario.
Si IME Conaulting compró a 7.260 dólares cada aparato, el total que canceló a los fabricantes es de 1.234.000 dólares, pero sus facturas, según la información pública conocida y reiterada por los fiscales, asciende a más 4.700.000 dólares. Hay una diferencia de 3.466.000. dólares.
Entonces, las facturas mencionadas por Zuleta y la defensa del ex ministro Marcelo Navajas no son prueba de transparencia e inocencia, son más bien evidencia de un negocio con la salud y la vida de quienes pagaremos el crédito de 5 millones de dólares o sea 35 millones de bolivianos , otorgado por el BID.
AUMENTO DE LA CONFUSIÓN. El JUEZ DE LA CAUSA FUE ENCARCELADO
La audiencia de los 5 encarcelados, el ex ministro Navajas, dos de sus colaboradores y dos consultores del BID, fue suspendida porque el viceministerio de Transparencia hizo detener al juez por una causa de otra naturaleza, justo en el momento de la audiencia. Las autoridades judiciales han condenado el procedimiento y han expresado su solidaridad con el juez.
Hoy se sabe que no fueron los fiscales, sino el ministerio de Gobierno que ordenó este irregular apresamiento, que tuvo que anularse tan rápido como se improvisó.
Estos retrasos, enredan las cosas y hacen perder el hilo y la fluidez de cuestiones clave, como las que se señalan a continuación:
Mazzarasa, dueño de la intermediaria y emisora de las facturas, asegura que la fabricante habría cobrado 26,000 por unidad. Pero, de manera terminante, la fábrica GPAInnova niega haber cobrado ese monto. La fábrica afirma, sin ligar a dobles interpretaciones, que como aporte a la lucha contra la pandemia, el precio no superó los 6.600 euros o su equivalente en dólares 7.260.
Los antecedentes se inclinan a favor del fabricante y no del intermediario, que no reconoce que su precio incluía una ganancia exorbitante e inmoral y además una reserva para posibles coimas, según declaración de Humérez.
Mazzarasa Escoriasa, dueño de IME Consulting y otras 11 empresas unipersonales, han cobrado hasta ahora más de 2.3 millones de dólares, lo que equivale a unos ingresos próximos al 100% de lo que pagaron al fabricante de los ventiladores Respira. Pero además la intermediaria IME Consulting amenaza a nuestro país con enjuiciarnos por el saldo no desembolsado de otros 2.4 millones de dólares más perjuicios, por unos equipos “que solo ocupan campo” y que permanecen encajonados porque no funcionan, según las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz y del personal médico.
Mazzarasa ha dicho que está dispuesto a llevarse los equipos y, aparentemente, nadie le ha respondido ni aceptado tan generosa oferta, que debería minimizar el daño económico que ya existe, antes de pagar los 2.4 millones adicionales que reclama el dueño de IME.
Un negocio auténticamente viral -por agresivo, infeccioso, contagioso y de alto riesgo para la salud y la vida- se demora, se enreda y oscurece, pese al compromiso del Ejecutivo de que se actuaría ejecutiva y transparentemente, “caiga quién caiga”.
Sin embargo, siguen apareciendo informaciones y denuncias que sugieren que las compras fraudulentas de equipo y bienes para combatir la pandemia esconden más temas enmarañados, participaciones de otros altos funcionarios y ganancias rápidas, aprovechando la confusión, dolor y temor que trae la pandemia.
Mientras tanto, los contagios avanzan. Beni entró en una situación de desastre y sufrimiento colectivo y los políticos profesionales buscan como mejor alinearse y sacar ventaja de la situación