.jpg)
Por Sandra Sánchez y Raúl Velásquez. Fundación Jubileo.-
EL PAÍS AFRONTA LOS EFECTOS DE LA PEOR CAÍDA EN EL PRECIO DE LOS HIDROCARBUROS DE LOS ÚLTIMOS 34 AÑOS
Parte III: Los Efectos de la Caída para los Beneficiarios de la Renta Petrolera
Efectos de la caída
Bolivia es uno de los países más afectados por el desplome de los precios del petróleo, debido a que más de una tercera parte de sus ingresos fiscales provienen del sector hidrocarburos, por ello un shock externo como el mencionado en los párrafos anteriores terminan, inexorablemente, afectando a las cuentas fiscales bolivianas.
Es así que el precio internacional del barril de petróleo considerado en el PGN 2020 resulta en 31 dólares por encima de la cotización de cierre a marzo de la presente gestión; por tanto, esta diferencia provoca efectos en los diferentes actores del sector y beneficiarios de la renta petrolera durante las gestiones 2020–2021 y, en tanto no haya una recuperación pronta del precio así como de los otros factores mencionados que atañen a la exportación de hidrocarburos, los efectos pueden ampliarse a futuras gestiones.
Beneficiarios de la renta petrolera:
La parte más significativa del ingreso por la venta de los hidrocarburos está conformada por las regalías, participación al TGN y el IDH, estos recursos son los más desconcentrados de Bolivia ya que, una vez que son determinados de acuerdo con normativa durante un determinado mes, se distribuyen de manera directa a todos los departamentos, municipios, universidades y otras instituciones, según el siguiente detalle:
Bajo este escenario, la disminución en el precio internacional del barril de petróleo repercutirá de manera negativa en el precio de venta de la exportación del gas boliviano y, en consecuencia, en los diferentes presupuestos de los beneficiarios finales de esos ingresos. Sin embargo, este efecto no es inmediato, por la forma de cálculo del precio de venta explicada anteriormente; los diferentes beneficiarios empezarán a sentir la baja a partir del mes de abril hacia delante, y en tanto no haya una recuperación del precio o alguna variación favorable en la demanda y oferta del gas esta situación puede mantenerse y los presupuestos que son significativamente afectados deberán reformularse durante el mes de agosto, como indica la norma boliviana.
Por ejemplo, en el caso del departamento de Tarija, según el Presupuesto General de la Nación alrededor del 75% del presupuesto de la Gobernación será cubierto con regalías e IDH, por tanto, aquel monto destinado a proyectos de inversión pública es posible que deba reconsiderarse durante este periodo. Asimismo, la Gobernación tiene un crédito adquirido por 880 millones de bolivianos que comprometen cerca de 10% de las regalías hidrocarburíferas de los próximos 15 años (1).
En el caso de la Gobernación de Santa Cruz, se prevé una reducción de 40% del presupuesto 2020 de este departamento, por lo que varios programas deberán ser incluidos en un nuevo plan de austeridad (2).
Este mismo escenario se reproduce en los municipios, donde se tienen competencias tributarias limitadas y donde se ha creado una alta dependencia presupuestaria a los ingresos generados por las regalías e IDH. Así, por ejemplo, en el caso de Tarija, los presupuestos de los municipios que la componen dependen en más del 80% de esos recursos (3).
Es lamentable que tras haber experimentado en años anteriores (2008 y 2014) un escenario similar, los principales beneficiarios de la renta, como son las gobernaciones y municipios, no hayan podido generar una base económica sostenible o fondos de ahorro que provengan a partir de la misma renta petrolera, que hoy en día hubiera garantizado la sostenibilidad de ingresos para la continuidad de los planes y programas de inversión.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación:
Indudablemente, una disminución en los ingresos por la exportación impacta directamente en las utilidades de la estatal petrolera por varios frentes:
• La disminución de sus ingresos en la participación de YPFB en los contratos de operación.
• La contracción de las economías brasilera y argentina puede ocasionar una baja demanda de gas que, de no encontrarse dentro de los límites del contrato, podrían generar multas para dichos países, de acuerdo con los contratos suscritos.
• Asimismo, una baja en la producción del gas boliviano impacta negativamente en la producción de GLP de las plantas de extracción de líquidos e incrementa las capacidades ociosas de dichas plantas y de las refinerías, lo que le significa un elevado costo para YPFB.
• Ingresos por la venta de urea: En un escenario actual podría complicar la captura de nuevos mercados para este producto y suman los costos de operación de esa planta.
Dependiendo de la rapidez en que este escenario sea mejorado, esta disminución en los ingresos de YPFB Corporación puede atenuarse con una disminución de los costos administrativos y gastos de capital; caso contrario, de mantenerse y alargarse, pueden verse comprometidas, además de los gastos corrientes, las inversiones de capital; las cuales, según una planificación preliminar de YPFB Corporación para el 2020, ascienden a 9.267 millones de dólares, bajo el siguiente detalle:
Empresas petroleras con contratos de operación y servicios petroleros:
El impacto en el precio de venta del gas exportado influye directamente en el monto consignado como la Retribución al Titular, el cual está conformado por la devolución de los costos incurridos por la empresa (Capex y Opex) y la utilidad (si hubiera) dentro de un determinado periodo. Este monto es calculado una vez que han sido deducidos los costos de transporte y pagadas las regalías, participaciones e IDH.
Dado que en el país la aplicación de los porcentajes de regalías e IDH son planas para todos los contratos y no consideran el ciclo de vida del proyecto, podrán existir algunos contratos en los que sus costos de producción sean mayores al precio de petróleo de referencia actual y dicha retribución resulte negativa, y en muchos otros se dará una inminente disminución en los ingresos percibidos por retribución; en ambos casos se experimentará un descenso en las utilidades de gestión.
Estos menores ingresos, al igual que en YPFB, pueden aminorarse ajustando los costos operativos para procurar cierta rentabilidad en sus proyectos; además, la naturaleza a largo plazo de las inversiones del sector hace que sean más resilientes a las crisis económicas a corto plazo.
En este sentido, las inversiones de las empresas operadoras para el 2020 definidas en los Planes de Trabajo de Exploración y Explotación ascienden a 673 millones de dólares, que corresponde a 25% del total de las inversiones presupuestada para el sector (upstream y downstream) y el 39% y 55% de las actividades de exploración y desarrollo, respectivamente.
Estos planes fueron presentados y aprobados por YPFB en diciembre de 2019 y cualquier modificación durante el 2020 debe ser presentada a esta misma instancia hasta junio, junto con las razones por las que se solicita el cambio, y deben ser aprobadas por YPFB. Por tanto, las empresas operadoras con problemas de cumplimiento de lo planificado deberán buscar, junto a YPFB, el Ministerio y la ANH, las mejores soluciones para sacar adelante al sector petrolero que, como se observó anteriormente, se encuentra seriamente deteriorado. Adicionalmente, estos cambios en los planes tienen un efecto cadena hacia los contratistas y subcontratistas que trabajan con la empresa petrolera, la cual tendrá que negociar en el marco de los contratos que tenga suscritos con dichas empresas.
A partir de 2021, según vaya avanzando esta coyuntura, y si ésta muestra proyecciones negativas acerca de una recuperación del precio de exportación y escenarios no alentadores sobre volúmenes de venta de gas al mercado externo, junto al descuido en la ejecución de reformas estructurales pendientes en el país para incentivar la inversión en el sector, las empresas operadoras podrían presentar planes exploratorios y de desarrollo mesurados, desacelerando aún más dichas actividades que constituyen los principales eslabones de la cadena hidrocarburífera y que permiten que el sector avance con la consecuente generación de ingresos para el país, necesarios hasta que se pueda desarrollar algún sector que los sustituya.
Tesoro General de la Nación:
Las empresas petroleras nacionales y extranjeras constituyen una fuente importante dentro de los ingresos fiscales, especialmente del Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Así, para el 2018, se estima que el impuesto pagado por dichas empresas ascendió a 98 millones de dólares. Por tanto, como se mencionó anteriormente una posible baja en las utilidades de las empresas petroleras, puede traer consigo un descenso en los pagos que realizarán dichas empresas en julio de 2021, al momento del pago del impuesto mencionado.
Por otra parte, dado que el TGN también constituye un beneficiario de la renta petrolera, la disminución de ésta afectará su presupuesto de manera negativa; sin embargo, este efecto se verá atenuado por los ahorros en la disminución de los gastos de importación de diésel y gasolina que fueron detallados en los acápites precedentes.
Retos a futuro y urgencia de reformas
La volatilidad del precio internacional del petróleo es una de las características del mercado de materias primas, por lo que el país debe rescatar buenas prácticas internacionales implementadas mucho tiempo atrás por naciones que exportan ya sea petróleo o minerales. Entre éstas destaca la creación de fondos de diversificación económica, fondos de ahorro y fondos de sostenibilidad que permitan utilizar estratégicamente los ingresos de la renta petrolera y tener un respaldo para coyunturas como la actual.
La situación del sector hidrocarburos demanda una serie de reformas urgentes que trasciendan a la volatilidad de precios y se enfoquen en los problemas estructurales del sector, entre las que destacan:
(3) Fundación Jubileo, Impacto económico y social del sector hidrocarburos en el departamento de Tarija, 2016.
%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1).jpg)
