EFECTO DE LA PEOR CAÍDA DE LOS HIDROCARBUROS I PARTE

Por Sandra Sánchez y Raúl Velásquez. Fundación Jubileo.-

EL PAÍS AFRONTA LOS EFECTOS DE LA PEOR CAÍDA EN EL PRECIO DE LOS HIDROCARBUROS DE LOS ÚLTIMOS 34 AÑOS 

• El 2020, por la caída de precios, el país perderá más de $us 1.000 millones en la exportación de gas, lo que afectará principalmente a gobernaciones y municipios.

• Este año, Bolivia vendería gas natural por aproximadamente $us 1.163 millones y compraría gasolina y diésel por $us 685 millones. 

• El efecto del coronavirus originado en China y la disputa de Rusia y Arabia Saudita bajaron la cotización del petróleo.

• Durante el anterior Gobierno se intensificó la extracción de gas en antiguos campos dejándolos en declinación, el único campo nuevo fue Incahuasi. La caída en la producción empezó el 2016.

• Hay una década de atraso en la exploración y el país está ante el fin del contrato de venta de gas a Brasil. 

• A pesar de lecciones pasadas, en Bolivia no se diversificó la economía ni se creó un fondo de ahorro.

• El país necesita una nueva política hidrocarburífera que fortalezca la institucionalidad del sector, pero que también proyecte una transición energética y económica.

El 20 de abril de 2020 fue un día histórico en la cotización internacional del petróleo. Esa fecha alcanzó la inédita cotización de 1 dólar el barril, tomando como referencia el WTI, la más baja de los últimos 40 años. Ya el último día de marzo había alcanzado un valor de 20 $us/Bbl, cotización que no se había registrado desde febrero de 2002. 

La reciente caída del precio internacional del petróleo se originó, en primera instancia, por el efecto del coronavirus en la economía de China y su posterior expansión en varios países de Europa, que provocó una caída de un promedio de 60 dólares por barril a 50 $us/Bbl. Sin embargo, fue la posterior disputa entre Rusia y Arabia Saudita la que definitivamente precipitó una de las mayores disminuciones en el precio internacional del petróleo.

Los cambios en el precio internacional del barril de petróleo no deberían ser extraños para un país como Bolivia que se ha caracterizado por ser exportador de materias primas, primero minerales y luego hidrocarburos. Lo lamentable, es que, a pesar de la crisis vivida en los años 80 con la caída del estaño, o las caídas del mismo precio internacional del petróleo los años 2008 y 2014, el país no haya apostado por la diversificación económica y la creación de fondos de ahorro y estabilización a partir de la renta extractiva. 

Lo complejo de la actual caída, es que encuentra al sector hidrocarburos en su peor momento de los últimos 20 años, con un rezago de al menos 10 años en la exploración de hidrocarburos, una caída constante de la producción de gas natural durante los últimos cuatro años y ante el fin de su principal contrato de exportación con la vecina República de Brasil.

El efecto para el país proviene, por una parte, por el precio de exportación de gas natural que es determinado trimestralmente en función a la cotización del precio internacional; a menor precio internacional, menores ingresos para el Estado. Por otra parte, en los últimos cuatro años se han incrementado las importaciones de diésel y gasolina natural que son realizadas por el país también con base en el precio internacional del petróleo, por lo que esta coyuntura supone un ahorro en estas compras que beneficia al nivel central.

Este aspecto conduce a una puntualización muy importante, y es que se debe diferenciar el impacto según el tipo de actor. Así el nivel Central pierde en su participación en los ingresos por exportación del gas natural, pero también tiene un ahorro por la importación de hidrocarburos por la que paga un precio menor, por lo que no recibe un impacto negativo. Por otra parte, están los niveles subnacionales (gobernaciones y municipios) que verán disminuidos sus ingresos por regalías e IDH, que no podrán ser compensados por otra vía. 

Esta difícil coyuntura plantea grandes desafíos, tanto en lo referido a una mejor distribución y uso de la renta petrolera, como a aspectos estructurales que pasan por una nueva ley de hidrocarburos que establezca una nueva política hidrocarburífera que proyecte el sector a largo plazo, defina roles claros para cada una de las instituciones que conforman el sector, institucionalice a YPFB como brazo operativo del sector, le asigne el rol fiscalizador de todo el sector a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y establezca condiciones que vuelvan a hacer viable el sector, con miras a una transición energética y económica en el largo plazo.

Parte I: La Herencia Recibida

Situación antes de la caída

A pesar de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno del ex presidente Evo Morales para el periodo 2006–2011, su gestión se enfocó en incrementar la explotación de hidrocarburos profundizando la dependencia fiscal, ya que el mismo llegó a representar más de una tercera parte de los ingresos del Gobierno General (nivel Central y niveles subnacionales). 

Para poder sostener esos ingresos, el Gobierno de ese periodo amplió las zonas de exploración a todo el país, aún sin tener resultados en ninguna de ellas. Más aún, en mayo de 2015, mediante el Decreto Supremo N° 2366, autorizó la exploración en parques naturales y áreas protegidas, y en diciembre de esa misma gestión aprobó, mediante Ley Nº 767, el Fondo de Incentivos para promover las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, financiado con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); pero, contrariamente, no realizó reformas fiscales significativas que permitan ampliar el padrón de contribuyentes.

En el periodo 2009–2015 se incrementó la producción de gas natural en 50% a partir de la mayor explotación de las reservas ya descubiertas décadas atrás y sin realizar actividades de exploración que permitieran reponer las mismas. Resultado de ello, desde el año 2016 se inició un proceso de caída en la producción de los principales campos, siendo el de Incahuasi el único nuevo que ingresó en producción el año 2016. El país alcanzó su punto más bajo el año 2019 con 45,3 MMmcd de producción promedio diaria, como se aprecia en el siguiente gráfico.



Lamentablemente, esta caída en la producción de gas natural entre los años 2015–2019 se produjo en la etapa final del contrato de compra y venta de gas natural al Brasil (GSA) que culminó en diciembre de 2019, justo en el periodo en que se debía mostrar cierta credibilidad y renegociar un nuevo contrato con ese país, pero fue una tarea pendiente que el anterior Gobierno no cumplió, a pesar de tenerlo programado en el Plan Sectorial de Hidrocarburos 2015–2020 presentado por el ex ministro Sánchez. Este aspecto ha obligado al actual Gobierno a renegociar un convenio temporal con Brasil para proceder al cierre del contrato GSA y entrega de volúmenes pendientes; y adecuar, además, la oferta de gas natural a las posibilidades reales de producción que dejó la anterior administración, con el fin de no incurrir en multas por incumplimientos. 

Es importante considerar que la producción promedio diaria de gas natural el año 2019 alcanzó a 45,3 MMmcd, como se mostró en el gráfico anterior. Este resultado está casi un 40% por debajo de la producción proyectada por el Ministerio de Hidrocarburos en su Plan Sectorial 2015–2020, aspecto que fue una constante a lo largo del citado plan y fue reflejo de una errática gestión del sector hidrocarburos durante ese periodo.

Esta dramática situación es resultado de una política hidrocarburífera marcada por la ideología política y el rentismo ofuscado en obtener una mayor tajada de la actividad petrolera sin pensar en la sostenibilidad del sector, omitiendo generar condiciones para hacer viable a la propia empresa petrolera nacional, así como a la inversión de los socios privados.

Un ejemplo de la desinstitucionalización heredada es que en los últimos 14 años la empresa petrolera estatal YPFB tuvo 12 presidentes ejecutivos, todos interinos, manteniendo una estructura establecida el año 2005 y, siendo juez y parte con sus áreas de operación y fiscalización; relegando a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en su rol de control y fiscalización de toda la cadena hidrocarburífera, como lo establece Constitución Política del Estado.


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EFECTO DE LA PEOR CAÍDA DE LOS HIDROCARBUROS I PARTE
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