El fallo judicial emitido en horas pasadas establece el traslado de ciudadanos que se quedaron varados en regiones distintas a su lugar de origen dentro del país, mas no se refiere a los ciudadanos que se encuentran en frontera.
En horas pasadas, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso que el Órgano Ejecutivo "coordine y viabilice el traslado de más de 474 personas varadas en distintos departamentos debido a la cuarentena general", pero siguiendo protocolos de seguridad y considerando la urgencia y la pertinencia de los traslados a sus regiones de origen.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, manifestó la predisposición del Gobierno de coordinar ese traslado de ciudadanos con la Defensoría del Pueblo, como establece el fallo judicial, pero se espera que esa determinación no sea aprovechada políticamente por esa institución para poner en riesgo la salud de los bolivianos.
Explicó, asimismo, que el Gobierno en el marco del respeto a las normas garantiza siempre el traslado de personas que no estaban en sus regiones de origen, para ello emitió incluso permisos temporales, pero siempre precautelando la seguridad y la salud del resto de la población.
Santamaría cuestionó, que la fundamentación de la Defensoría del Pueblo tenga el objetivo de trasladar a personas pero no proporciona datos fundamentales como su número de cédula de identidad o su ubicación geográfica.
A su juicio, esa falta de coordinación tiene una "intencionalidad más política".
Anunció, sin embargo, que como pasó con otras instituciones, el Gobierno nacional está dispuesto a coordinar con la Defensoría, como establece el fallo, pero siempre velando por el bienestar de la población en general.