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Por Jimena Mercado.-
Caso San Cristóbal: denuncian a exministros de Evo y hermano de Llorenti por “asociación delictuosa”
El Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros San Cristóbal y la senadora Carmen Eva Gonzales, denunciaron ante la Fiscalía a tres exministros del Gobierno de Evo Morales, sus viceministros y directores, así como a Jorge Amed Llorenti, hermano del exembajador ante la ONU, por varios presuntos delitos cometidos en la anulación del laudo arbitral que daba la razón a los obreros.
Los exministros denunciados ante la Fiscalía: César Navarro, de Minería; quien se benefició del salvo conducto; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, asilado en la Embajada de México; de Trabajo, Milton Gómez; de Justicia, Héctor Arce, además de los exviceministros Iván Bascopé, Alfredo Rada y otros funcionarios que habrían participado en la anulación del laudo arbitral que dio la razón a los 834 trabajadores.
El petitorio planteado ante la Fiscalía apunta a los citados de los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa.
De acuerdo a las explicaciones dadas a Cabildeo Digital, por Henry Cayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de San Cristóbal y el abogado laboralista, Marco Dick fue a partir de la presentación del pliego petitorio de 23 puntos, entregado a la empresa en mayo, que el caso llega a la inspectoría del Ministerio de Trabajo, que en primera instancia intentó la conciliación sin mayor éxito.
El tema de fondo en el pliego fue la exigencia del pago del salario dominical, el pago doble por domingo efectivamente trabajado y el pago doble por feriado efectivamente trabajado.
“Hemos presentado un pliego de reclamaciones donde se ha demostrado que en la planilla por ejemplo en un salario el haber básico era de 15.000 y el salario dominical cero, en el mes de junio después del reclamo del pliego petitorio se bajó el haber básico a 10.000 y el salario dominical subió a 5.000, pero sin que signifique ningún incremento real”, explicó Dick.
Según las estimaciones del sindicato, la minera San Cristóbal incumplió durante 16 meses el pago de estos importes a 834 trabajadores a pesar que la utilidad anual neta de la empresa ascendería a 1.800 millones de bolivianos. La deuda ascendería según los trabajadores a $us 50 millones, pero de acuerdo a la empresa el monto llegaría a $us 200 millons, según los afectados.
“La empresa ha defendido su posición, ha hecho procesos laborales, cuatro recursos constitucionales, unos 20 incidentes, apelaciones que no corresponden”, dijo el jurista.
Las presiones desde la empresa minera y los propios ministros de Estado y sus viceministros derivaron en la renuncia de cuatro directores generales del Trabajo, dependientes del Ministerio de Trabajo, así como otros funcionarios de esa entidad, que denunciaron amenazas y/o despidos injustificados.
Según la denuncia de la senadora Gonzales, los intereses detrás de la defensa férrea de la minera trasnacional por parte de los ministros se explican a partir de que esta empresa se constituyó en “financiadora de campañas y requerimientos de Evo Morales y su entorno”.
Las presiones se habrían manifestado desde llamadas telefónicas del entonces ministro Navarro e Hinojosa, hasta visitas amenazantes de funcionarios públicos enviados por el ex Ministro de Justicia a través de su personal de Transparencia con el propósito de anular el laudo arbitral dictado en agosto del año pasado, por el director General del Trabajo, Nativo Reyes.
Incluso en esas visitas intimidantes habría participado Amed Llorenti en su calidad de “inter-relacionador gubernamental” de la empresa minera, según las denuncias.
“A mí no me ha llamado nadie por si acaso, no voy a aceptar presiones ni de la empresa, ni de los trabajadores, de ninguna naturaleza ni de autoridades que me quieran hacer fallar en contra de la ley, por tanto, voy a fallar conforme a ley”, habría dicho Reyes al sindicato.
A pesar que el laudo arbitral le dio la razón en el 52% de los puntos a la empresa, el sindicato destaca que en ese 48% a favor de los trabajadores, reconoce como legales el salario dominical, el pago doble por domingo efectivamente trabajado y el pago doble por feriado efectivamente trabajado.
Anulan con una resolución un laudo
A pesar que el laudo arbitral nace ejecutoriado, según explicó el laboralista, porque no hay recurso ni administrativo, ni judicial que lo anule, excepto el Tribunal de Garantías que puede anularlo en su forma y el Tribunal Constitucional en el fondo, la directora General del Trabajo, Jenny Ibáñez anula el laudo son una simpe resolución administrativa.
Según los denunciantes, Ibáñez habría justificado su determinación basada en las resoluciones jurídica y técnicas del 3 de diciembre, sin embargo ya habría tomado la decisión un día antes respaldada en el informe que le envió el exviceministro de Trabajo, Iván Bascopé, contra quien hay denuncias de acoso laboral.
“Estamos en shock porque como el Gobierno firmó un pacto con la Central Obrera Boliviana (COB) y estaba del lado de los trabajadores teóricamente, en este caso aunque no se ponga del lado de nosotros, nunca pensamos que se iría a poner del lado de la empresa”, afirma Cayo.
Petitorio
La denuncia penal contempla a los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Minería, César Navarro; de Trabajo, Miltón Gómez; de Justicia, Héctor Arce, además de los exviceministros, Héctor Hinojosa, Iván Bascopé, directora Jenny Ibáñez, además de Jorge Amed Llorenti.
El petitorio de extiende en contra de todas las personas que resultaren autores, instigadores, cómplices o encubridores de los delitos tipificados como uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa.
JMC
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