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Por: Zulema Alanes.- El 28 de febrero Bolivia amaneció con la noticia de que dos investigadores estadounidenses cuestionaron el fraude electoral en Bolivia constatado por una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que derivó en la renuncia de Evo Morales y en la convocatoria de nuevas elecciones.
En el informe titulado "Bolivia rechazó sus elecciones de octubre por fraudulentas. Nuestra investigación no encontró razón para sospechar fraude" y publicado por el Washington Post, los investigadores John Curiel y Jack Williams aseguran que "Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre en Bolivia".
Tales conclusiones que contradicen la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que hubo "manipulación dolosa" en las elecciones generales del 20 de octubre, derivaron en una suerte de cruzada por legitimar a Evo Morales que se reclama “ganador” de esos comicios y que ha intentado desvirtuar el fraude electoral.
Un día después, el viernes, en una carta a los editores del Post, el jefe de gabinete de la Secretaría General de la OEA, Gonzalo Koncke, afirmó que el artículo de Curiel y Williams "contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones" y subrayó que los resultados de la misión del organismo "demuestran inequívocamente que hubo 'manipulación intencional' de las elecciones".
"La OEA continúa respaldando su trabajo y continuará alertando sobre todos y cada uno de los esfuerzos, como éste, por manipular la opinión pública", aseguró.
Pero el asunto no quedó ahí. El gobierno de México, que asiló a Morales luego de su renuncia, en una carta enviada por su misión permanente ante la OEA pidió aclaraciones a la Secretaría General de ese organismo y demandó que "se solicite a investigadores especializados independientes la elaboración de un análisis comparativo de las conclusiones" de ambos reportes. La carta adjunta el análisis de Curiel y Williams como una investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), aunque el estudio no fue hecho por la prestigiosa universidad estadounidense.
Bolivia respondió de inmediato y denunció que "La Misión Permanente de México ante la OEA, representante de un país que ha sido el abanderado de la no intervención, comete un flagrante acto de injerencia directa en asuntos de Bolivia, sin que nadie le haya atribuido ningún derecho de intervenir en un tema que corresponde exclusivamente a los bolivianos".
¿Quiénes se esconden detrás de esta trama?
Todo apunta a Guillaume Long como el que mandó contratar a John Curiel y Jack Williams, para que elaboren el informe en el que cuestionan las conclusiones de la auditoría de la OEA. Curiel y Williams trabajan en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), pero hicieron el informe por cuenta propia, aunque está claro que utilizaron el prestigio de su institución para lograr una mayor notoriedad.
Long nació en Francia, estudió relaciones internacionales en Londres y luego se radicó en Quito donde trabajó como docente universitario hasta que el 2007 se unió al gobierno de Rafael Correa quien lo designó en varios cargos públicos y finalmente lo nombró canciller. En 2016 Long visitó Bolivia y fue condecorado con el Cóndor de Los Andes por su homólogo boliviano David Choquehuanca. Desde entonces se declaró aliado ideológico de Evo Morales. También se desempeñó como representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, cargo al que renunció en enero de 2018. Actualmente forma parte del staff de expertos, como analista político senior, del Centro de Investigación de Econnomía y Política (CEPR por sus siglas en inglés), con sede en Washington.
El 11 de noviembre de 2019, Long y otros tres expertos del CEPR publicaron un informe bajo el título “¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA” en el que concluyen que “no hay evidencia de que los resultados de las elecciones bolivianas se hayan visto afectadas por irregularidades o fraude” y aseguran que el informe preliminar de la OEA no aporta prueba alguna que pudiera resultar definitiva para demostrar fraude o irregularidades en los comicios de octubre.
En diciembre de 2019, el CEPR contrató a John Curiel y Jack Williams, dos investigadores del Laboratorio de Ciencias y Datos del MIT, “para verificar los resultados numéricos y estadísticos” de su estudio publicado un mes antes tal como lo admiten en su portal web. Está claro que no tenían el propósito de someter a prueba sus conclusiones sino simplemente ratificarlas.
Las sospechas respecto al informe se manifestaron de inmediato. El periodista Boris Miranda cuestionó: “¿Notaron que lo que publicó hoy el Washington Post sobre las elecciones de Bolivia no fue una investigación de ellos y tampoco del @MIT, sino un artículo de los mismos autores contratados por el CEPR que se apuraron a sacar un informe en diciembre? Entonces, nada nuevo”.
Conocido el artículo de Curiel y Williams, analistas del CEPR, entre ellos el excanciller del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, Guillaume Long, hicieron eco de la denuncia de Morales de que había sido víctima de un "golpe de Estado".
¿Quiénes son John y Jack?
En su columna de la H Parlante, el periodista Rafael Archondo, refiere que “De John sabemos algo, hizo un doctorado en la Universidad de Carolina del Norte. De Jack, casi nada, es su asistente. Al parecer ninguno ha puesto un pie o un dedo en América Latina. Su especialidad es su propio país”.
Cuestiona que el Washington Post los considere “fuente inspiradora” para entender lo ocurrido en Bolivia durante las anuladas elecciones del 20 de octubre pasado y recuerda que “Lo mismo que John y Jack, dijo en diciembre pasado el CEPR, Centro de Investigación de Economía y Política, con sede en Washington. ¿Convergencia científica en favor de Evo, el honoris causa bonaerense? No. Resulta que el CEPR contrató a John y a Jack, no al MIT; para que analicen las elecciones bolivianas y ellos llegaron a la misma conclusión que sus contratistas. Noble intento por reflotar la noticia. Pero, pescotis”.
Recuerda que el CEPR es “Una ONG liderada por el señor Guillaume Long, ex canciller ecuatoriano durante la presidencia de Rafael Correa. Es cuando la Revolución Ciudadana se abraza con la Revolución democrática y cultural. Todo entre compañeros”.
El expresidente Correa ha suscrito todos los informes del CEPR sobre las elecciones de octubre. Difundió profusamente el informe de Long y su equipo, y se encargó no sólo de dar por ciertas las conclusiones de Curiel y Williams y difundir el artículo publicado en el Washington Post sino que aseguró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “debería irse preso” porque “tiene sangre en sus manos”.
Y a esta suerte de cruzada política por Evo Morales y para desvirtuar el fraude electoral también se sumó el presidente argentino, Alberto Fernández que en su cuenta de Twitter aseguró que “Morales ganó los comicios del año pasado por más de 10 puntos de diferencia, sin que mediara fraude alguno”.
“En Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición al entonces presidente y con la explícita complicidad de la OEA, que estaba llamada a velar por la plena vigencia de la democracia”, escribió Fernández.
Y Evo Morales se apresuró en afirmar en sus redes sociales que “Es una evidencia más del monumental robo que Mesa, Añez, Camacho y Almagro, hicieron a todos los bolivianos”.
Una campaña sin tregua y un proceso por fraude electoral
Evo Morales no ha cesado en su asedio. Y todo hace ver que no sólo ha estado activo en sus cuentas personales en las redes sociales, sino también a través de las redes de influencia que tejió a lo largo de sus casi 14 años de mandato.
De tanto en tanto, aparecen “intelectuales” que respaldan sus teorías de “golpe de Estado”, que desvirtúan las denuncias de fraude electoral, que defienden su derecho humano a la reelección y que defienden su postulación a una senaduría. Se afirma que de esa manera “intelectuales” e institutos de investigación de América Latina, Europa y Estados Unidos están retribuyendo el pago de consultorías, estudios, charlas y viajes financiados por el gobierno de Morales a través del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), creado en octubre de 2013, por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Entre esos contactos se menciona a Noah Friedman Rudovsky, un fotoperiodista vinculado al Wshington Post, varias veces contratado para fotografiar a Evo Morales.
Circulan versiones que aseguran que el estudio de John Curiel y Jack Williams costó nada más ni nada menos que 400 mil dólares que no fueron financiados por el CEPR sino por aportes de la estructura del socialismo del Siglo xxi.
Todo ello, sin embargo, no ha impedido que la Fiscalía inicie un proceso legal contra Evo Morales, Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero por fraude electoral.
El caso fue planteado por el expresidente y presidenciable de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa y la fiscalía anuncio que los demandados serán investigados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado y por haber ordenado a funcionarios del Ministerio de Justicia la manipulación de actas electorales la noche del 20 de octubre de 2019.
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