.jpg)
La independencia y credibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) están puestas a prueba y serán constatadas con el informe sobre la inhabilitación de candidaturas a senadores y diputados, según coincidieron varios expertos en temas electorales.
La expectativa está especialmente centrada en el pronunciamiento sobre la candidatura de Evo Morales como primer senador por Cochabamba en las listas del MAS, aunque también se espera un fallo sobre la candidatura de Mario Cossío como primer senador por Tarija en las listas de la alianza Creemos.
“Si habilitan a esos candidatos, la independencia y credibilidad del Tribunal Supremo Electoral se vendrá abajo, con Salvador Romero incluido”, aseguró a Cabildeo el constitucionalista Carlos Böerth.
Aunque en reiteradas oportunidades el presidente del TSE, Salvador Romero, dijo que ese organismo no se pronuncia “sobre casos particulares”, dejó en claro que “para aspirar a un curul de la Asamblea Legislativa se requiere un tiempo de residencia de dos años en la circunscripción correspondiente. Los requisitos son múltiples, están fijados en la Constitución Política del Estado y en las normas electorales”.
Böerth recordó que “por mandato del Art. 149 de la Constitución Política del Estado (CPE), ratificado en la Ley de régimen electoral para ser candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional, senador o diputado, se necesitan tres requisitos, el tercero es residir permanentemente los dos últimos años inmediatamente anteriores al día de la elección. Evo Morales, al día de la elección, tendrá poco menos de siete meses residiendo entre México y Buenos Aires”.
El pronunciamiento del organismo electoral se conocerá hasta el 10 de febrero. “El martes empieza la verificación de los requisitos, una labor interna en la que se analizará qué candidato cumple los requisitos y ese proceso durará una semana” anunció Salvador Romero, presidente del TSE, al cierre de la presentación de candidaturas el pasado 3 de febrero.
Por encima de la CPE, Morales apela a la CIDH
Adelantándose al fallo del organismo electoral, el expresidente Evo Morales presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo que se garantice su inscripción como candidato a senador en las próximas elecciones del 3 de mayo.
"En el escrito se exige que Bolivia cumpla con la Convención Americana de Derechos Humanos y garantice la oficialización de la candidatura de Morales al cargo de Asambleísta para las elecciones del próximo 3 de mayo de 2020 y la totalidad de pasos decididos para la campaña electoral", destacó uno de los abogados del expresidente, el argentino Raúl Ferreyra, en un comunicado en el que además denuncia la detención de la apoderada legal de Morales y el secuestro de la documentación que respalda su postulación a una senaduría.
Según Böerth, “la historia que cuenta el abogado de Morales es mitad cierta y mitad mentira, es cierto que se detuvo a su apoderada, pero no se ha demostrado que se secuestró los documentos, porque lo han inscrito con sus documentos”.
Añadió que “Si Evo Morales quiere apelar a la CIDH, puede hacerlo, y tendrá una respuesta de aquí a dos o tres años, exactamente como sucedió en su gobierno, cuando de manera absolutamente ilegal inhabilitaron a Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado porque supuestamente vivían en La Paz. Eso sí fue abusivo e ilegal, porque sus domicilios eran Cochabamba y Potosí”.
El caso Delgado y Maldonado
En 2015, el Tribunal Supremo Electoral, entonces controlado por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), impidió que los exasambleístas nacionales Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, ambos disidentes del partido de gobierno, participen en las elecciones subnacionales del 29 de marzo.
La circular 071, emitida por Wilma Velasco, presidenta del TSE, determinó que los diputados y senadores de la gestión 2010-2015 no podían ser candidatos a subgobernadores, asambleístas regionales, alcaldes, corregidores, ejecutivos seccionales y concejales, porque no cumplían con el requisito de residencia de dos años.
Según Böerth esa determinación fue más allá de la Constitución porque amplió el requisito de la residencia por dos años a los asambleístas nacionales del interior del país con residencia temporal en La Paz para representar a los electores de sus regiones.
Delgado y Maldonado impugnaron la Circular 071 y, agotadas las instancias nacionales, en junio de 2015 recurrieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, casi tres años después, en abril de 2018, emitió su fallo concluyendo que se había restringido a los dos ciudadanos el «derecho a postular al cargo de alcaldesa [y alcalde, respectivamente] en las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015» y determinó que, en el plazo de 180 días, el Estado boliviano tenía la obligación de ofrecer “una reparación íntegra a los individuos cuyos derechos han sido violados. (…) El Estado parte debe, entre otras medidas, ofrecer una compensación adecuada”.
Bolivia nunca cumplió con la reparación señalada en el fallo, porque en criterio del entonces ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, el dictamen no era de cumplimiento obligatorio ni para el Ejecutivo ni paraDel Legislativo.
"Este no es un tema que sea vinculante para el Órgano Ejecutivo ni para el Órgano Legislativo, en todo caso, por lo que entiendo, es un tema que vincula por una circular o una resolución al anterior Tribunal Supremo Electoral y al anterior Tribunal Constitucional por una supuesta dilación en la tramitación de un recurso", dijo Arce cuando ejercía como titular de Justicia, en abril de 2018.
En esa misma línea, el entonces procurador Pablo Menacho aseguró que el dictamen “no tiene carácter vinculante y sólo se trata de una recomendación” y descartó cualquier resarcimiento económico a Delgado y Maldonado.
Hay que blindar el proceso electoral
En opinión de Carlos Böerth, es evidente que Evo Morales está desplegando una campaña de alcance internacional para ponerse por encima de la Constitución y la normativa nacional que regula los procesos electorales.
“La normativa es clara, pero al acudir a la CIDH intenta generar un conflicto jurídico, pero sin bases ciertas. Para eliminar lo que establece la Constitución, la CIDH tendría que emitir una sentencia, no basta una simple comunicación, no hay que temer lo que haga Morales, porque la Constitución se ajusta a los principios del sistema interamericano”, dijo.
En la misma línea, en declaraciones a Página Siete, el constitucionalista José Antonio Rivera sostuvo que “Habrá que esperar que el Órgano Electoral verifique si el ciudadano cumple con el requisito específico previsto por el Artículo 149 de la Constitución” y subrayó que más allá de esa verificación “Corresponde preguntarse si es ético que alguien que fue autor intelectual de un fraude electoral (…), de una persona que incurrió en actos ilícitos tipificados legalmente como terrorismo, delito de lesa humanidad puede postular a un escaño en la Asamblea”.
Según Böerth “hay que blindar el proceso electoral en curso y la manera de hacerlo es midiendo con la misma vara a todos los candidatos e inhabilitar tanto a Morales como a Cossío”.
De esa manera se garantiza la legitimidad del proceso electoral y se despeja cualquier duda en el contexto internacional, dijo, en alusión al comunicado del enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Jean Arnault, que en esta “etapa decisiva del proceso electoral y de consolidación de la paz” exhortó a garantizar que “ciudadanos y ciudadanas, candidatos y candidatas, independientemente de su afiliación política, deberán poder ejercer sus derechos constitucionales y a elegir y ser elegidos con plena libertad, sin atropellos, intimidación o discriminación de ningún tipo”.
Declaración del Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas a Bolivia, Jean Arnault
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha anunciado que, a partir del 3 de febrero de 2020, los candidatos que participen en las próximas elecciones generales podrán realizar una campaña electoral.
Comienza así una etapa decisiva del proceso electoral y la consolidación de la paz en Bolivia. Para conseguir el éxito en este camino, los ciudadanos y candidatos, independientemente de su afiliación política, deben poder ejercer sus derechos constitucionales y elegir y ser elegidos con total libertad, sin abuso, intimidación o discriminación de ningún tipo. La legitimidad del proceso electoral dependerá de ello.
Dado el panorama político que Bolivia vive en este momento, el cual está caracterizado por una polarización exacerbada y sentimientos encontrados de esperanza, pero también de incertidumbre, inquietud y resentimiento después de la grave crisis política y social del año pasado, llevar a cabo este proceso con pleno respeto por los derechos políticos y las libertades fundamentales es realmente un desafío. Es imperativo que surja un llamado unánime a debatir pacíficamente y democráticamente y evitar cualquier acción que viole el derecho a la libertad de reunión pacífica, expresión, asociación, opinión y circulación.
Así mismo, es de vital importancia prohibir el discurso de odio y la incitación directa o indirecta a la violencia o la discriminación ya que estos discursos tienen objetivos partidistas a corto plazo y dañarán la paz, tranquilidad y la gobernanza democrática del país a largo plazo.
Naciones Unidas hará todo lo que esté en su mano para apoyar los esfuerzos del país hacia una elección creíble, transparente e inclusiva. De acuerdo con esto, y con la colaboración y el generoso apoyo de los miembros de la Comunidad Internacional, incluida la Unión Europea y otros donantes, la Organización de las Naciones Unidas:
Brindar al Tribunal Supremo Electoral y a los Tribunales Electorales Departamentales la asistencia técnica que consideren necesaria para que el Órgano Plurinacional Electoral, en sus diferentes casos, cumpla su mandato ejecutivo y jurisdiccional de acuerdo con las altas expectativas que los ciudadanos han depositado en los nuevos gerentes. del proceso electoral
Monitorear proactivamente el respeto a los derechos humanos de acuerdo con criterios internacionales, particularmente en relación con el ejercicio de los derechos políticos de todos los participantes en el proceso electoral, independientemente de su ideología y afiliación política. Se prestará especial atención al respeto y la garantía del debido proceso. En un contexto electoral, es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluido el abuso de los procedimientos judiciales.
Trabajar en la identificación, alerta temprana, monitoreo y seguimiento específico de las denuncias de acoso político y electoral o violencia contra las mujeres.
Ofrecer, en coordinación con las instituciones y la sociedad civil, su acompañamiento a los esfuerzos para resolver conflictos que podrían conducir a un resurgimiento de la violencia y comprometer así la integridad del proceso electoral.
El Secretario General y todo el sistema de las Naciones Unidas han acogido con satisfacción la aspiración de los hombres y mujeres bolivianos de cesar la violencia y celebrar elecciones democráticas.
%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(2).jpg)
.jpg)
