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GESTORA ESTATAL: Arce Catacora ¡ RESPONSABLE!. 15 millones de $us en 2 contratos para un mismo software.





Por: Amalia Pando




Los aportes para las jubilaciones han servido para enriquecer a todos los que se han arrimado a su administración, en contraste con los propios jubilados que están cada vez peor.


Esos aportes son cuantiosos y una tentación para el gobierno, han llegado a los 19.000 millones de dólares al 30 de diciembre de 2019. Es una cifra exorbitante, inclusive mayor a la Reserva Monetaria Internacional del año 2014, que fue de 15,418 millones de dólares, el mejor año por la bonanza de los precios internacionales de las materias primas.


Las AFPS ganan y los aportantes pierden


Desde el año 1996 la administración de estos recursos está en manos privadas: la AFP Previsión que responde al Banco Bilbao Viscaya Argentaria, BBVA, y la AFP Futuro del grupo Zurich Financial Service.


Y, quién lo diría, bajo el régimen de Evo Morales las ganancias de ambas administradoras crecieron en un 77%. La AFP Previsión, en 5 años se hizo de 22 millones dólares. Es llamativo que el crecimiento de sus ganancias ha ido en aumentado cada año. El 2013 y 2014 la utilidad fue de tres millones de dólares anuales. Los dos siguientes años subieron a 4 millones de dólares y entre el 2016 al 2017 llegaron a los cinco millones de ganancias anuales, según publicó La Razón en agosto de 2018. Rimay Pampa, por su parte, publicó que en un período de 7 años, del 2010 al 2016, ambas AFPs acumularon ganancias por 53 millones de dólares. Por su parte, sus gerentes y planta ejecutiva han percibido ingresos al nivel europeo. El Gerente General percibió 220 mil bolivianos al mes, es decir, 31 mil dólares, una fantasía para el nivel de ingresos de los trabajadores bolivianos.


En 2015, el gobierno anunció que la administración de las pensiones iba a pasar a manos de una empresa estatal, una gestora que iba a reemplazar a las AFPS en junio de 2016. Desde entonces, la transferencia se postergó en tres ocasiones, la última fecha fue fijada por el entonces ministro de Economía y hoy candidato del MAS, Luis Arce Catacora, para septiembre del próximo año, 2021.


Una gran oportunidad para hacer dinero insospechado. El BBVA demandó al Estado boliviano por violar su contrato indefinido ante el CIADI, Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a inversiones, dependiente del Banco Mundial. El monto de la demanda todavía se mantiene en reserva pero será enorme. Y, ¿quién pagará esa indemnización ? Sí, en efecto, los millones saldrán de los aportes a las AFPs.


APORTES VAN A PARAR AL GOBIERNO Y A LOS EMPRESARIOS


Así mismo, anoticiados hace 5 años de la inapelable transferencia, las AFPs, dejaron de cumplir con su principal tarea: multiplicar el dinero de los trabajadores mediante inteligentes inversiones. Por el contrario, el resultado de su gestión fue la caída de la rentabilidad de estos ahorros por dejado del índice de la inflación, por lo tanto, se anota una pérdida neta. La rentabilidad o interés para estos aportes debería estar alrededor del 10 %. Sin embargo, la obtenida por las AFPs fue en promedio del 2,5 %.


Las AFPs optaron por lo más fácil, la compra de bonos y letras del Tesoro en el Banco Central de Bolivia. El Diario del 26 de enero de 2017 señalaba que por ese mecanismo, 5000 millones de dólares de los aportantes pasaron a disposición del gobierno.


Así también, el gobierno de Morales usó 150 millones de dólares de estos recursos para “comprar aliados”, según comentario del economista Pablo Villegas. En efecto, con dinero ajeno y mediante Decreto Supremo se ordenó la apertura de una línea de crédito en el Banco Unión para los empresarios agroindustriales del oriente. Si estos empresarios, por cualquier razón, no llegaran a devolver estos fondos, la pérdida será para los trabajadores y no para el Banco Unión que es solo un intermediario, que además cobra una comisión por esta tarea.


Hay otros empresarios que también se beneficiaron con los aportes retenidos a los trabajadores y no entregados a las AFPs. En total 100 millones de dólares que se buscan recuperar a través de 6000 procesos judiciales, según un informe la fundación Milenio.


LA GESTORA DE CORRUPCIÓN


Luis Arce Catacora en su condición de exministro de Economía armó a lo largo de 5 años una maquinaria de enriquecimiento ilícito so pretexto de la nueva Gestora Estatal de los fondos de pensiones, cuya existencia está justificada por mandato de la nueva Constitución y la nueva Ley de Pensiones.


Pudieron reemplazar a los ejecutivos de las AFPs por funcionarios del gobierno y emplear todo el personal y la infraestructura instalada. Rápido y barato. Pero, si el objetivo son las coimas que dejan las contrataciones directas, las adquisiciones con sobreprecios y las millonarias consultorias, la vía adoptada por Arce Catacora es la más acertada.


Hizo durar el proyecto lo más que pudo, con tres postergaciones y hasta ahora no arranca. La Gestora debía estar funcionando en 2016. Después en 2017. Luego, en 2019 y finalmente en 2021.


En marzo de 2019, cuando Arce Catacora anunció la última postergaciónle echó la culpa al incumplimiento de la empresa panameña Sysde que no entregó el software contratado por 5 millones de dólares. Syade no fabrica software, su especialidad es el asesoramiento empresarial, y sin embargo, obtuvo un contrato directo, sin licitación de por medio. Entre el 2017 al 2019 esta empresa ya había cobrado el 82 % de su contrato. Sin embargo, apenas había entregado 28 de los 83 productos que se había comprometido, es decir tenía un avance de apenas el 34 % del trabajo, según datos proporcionados por el propio ex ministro Arce.


Sirvió de pretexto para contratar - también de forma directa - a otra empresa, una colombiana que tampoco fabrica software, la Heinsohn Business Technology, pero esta vez por 10.9 millones de dólares. ¡Ya vamos por los 15 millones de dólares por un software!


Arce justificó estos contratos asegurando que las AFPs trabajan a mano. No es cierto. Las AFPs, las dos, tienen un registro completo de más 2 millones de afiliados y eso solo es posible gracias a un software de enorme capacidad.


Cuando esta gestora se creó, en 2015, se le asignó un presupuesto de 200 millones de bolivianos. Para marzo de 2019 ya habían gastado 97.5 millones, es decir casi la mitad de su presupuesto, según la investigación de Página Siete. Y, en el presupuesto de la gestión 2019 se le asignaron otros 119 millones de bolivianos.


La Gestora realizó 125 procesos de contratación o adquisición directa, y, de ellos, 8 superan el millón de bolivianos, de acuerdo a SICOES, citado por Página Siete.


Además de las dos empresas contratadas para un mismo software, una por 5 millones de dólares y la segunda por 10 millones de dólares, compraron 3 pisos en el edificio Gundlach por algo mas de 2 millones de dólares. ¡Cada piso a 800 mil dólares!


Figura un contrato para diseño e implementación de un centro de procesamiento de datos por 2.7 millones de bolivianos. Otro, por 14.4 millones de bolivianos para un servidor y licencias Oracle.


En 2017, esta Gestora que todavía no administra ni un peso de los aportes para pensiones, contrató por 24 meses a 3 consultores por un millón de dólares. Y entre los años 2017 y 2019 destinó otros 808 mil dólares para el item de consultorías.


Hasta marzo de 2019, ya había gastado 18,3 millones de bolivianos en sueldos y salarios, equivalente a 2,6 millones de dólares. El Gerente General gana 31 mil bolivianos al mes, unos 5 mil dólares al mes.


Para justificar alguna actividad, Arce transfirió a esta repartición, a partir de enero de 2018, la tarea de pagar la renta dignidad y para ello contrato a 169 empleados, subiendo el número total del personal a 217, para quienes se destino más de medio millón de bolivianos solo en el pago del doble aguinaldo. En diciembre pasado, 25 de ellos fueron despedidos.


Luis Arce Catacora y Mario Guillen, que por muchos años condujo la política de pensiones y que por año y medio reemplazó a Arce en la cartera de Economía , tienen que responder por todas estas millonarias pérdidas causadas a los trabajadores y al Estado boliviano, pérdidas que son inversamente proporcional a las fortunas espurias de la corrupción.

































































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