La Fiscalía Departamental de La Paz imputó este miércoles al exministro de Gobierno, Carlos G.R.B., por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias, en el marco del proceso investigativo de presuntos contratos irregulares que habría realizado la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) para el mantenimiento de las aeronaves de los Diablos Rojos y Negros con la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL.
El Fiscal asignado al caso, Germán Rea Salinas, explicó que la probabilidad de autoría de la exautoridad radica en que como máximo representante del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) y durante el ejercicio de sus funciones tenía conocimiento de los procesos de contratación para la UELICN.
“El Ministro de Gobierno tiene la responsabilidad de la ejecución, supervisión y control de recursos del Estado, asimismo de dirigir la gestión administrativa a través de la aprobación de normas en el ámbito de sus competencias. En ese sentido, se presume que tenía conocimiento de las presuntas irregularidades suscitadas en los procesos de contratación desde la gestión 2013 al 2018”, dijo el Fiscal.
Rea Salinas, dijo que a pesar de esas irregularidades el exministro, mediante resolución ministerial, otorgó a la UELICN autonomía operativa, administrativa, legal y financiera. En ese sentido, haciendo uso de sus atribuciones, designó a Lilian K.F.S., como Coordinadora General de esa institución para que lleve todos los procesos de contratación durante las gestiones que ahora son investigadas por la Fiscalía.
De acuerdo con el cuaderno de investigación, la exautoridad de Gobierno pidió recién en la gestión 2019 informes detallados sobre los procesos de contratación y licitaciones internacionales para el servicio de mantenimiento de las aeronaves desde la gestión 2013, adecuando su conducta al delito de Incumplimiento de Deberes.
El Ministerio Público presentó hoy la imputación formal en contra del exministro de Gobierno, para que la autoridad del Juzgado Primero Anticorrupción resuelva la situación jurídica del imputado en audiencia de medias cautelares.
