El poder y la caída de Romero. Será procesado por corrupción y narcotráfico. Está solo



Por: Zulema Alanes.- Carlos Romero Bonifaz fue sin duda uno de los hombres más influyentes del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), por ello no es exagerado afirmar que el domingo 10 de noviembre a las 16.52 horas, el mismo día y a la misma hora de la renuncia de Evo Morales, empezó a transitar del poder a la caída.

Tuvo más cargos que cualquiera de los colaboradores de Evo Morales.  El 2006 irrumpió de lleno en la política como Asambleísta Constituyente. Fue ministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente (2008), de Autonomías (2009) y de la Presidencia (2011-2012).  Pasó a la cartera de Gobierno donde cumplió dos gestiones (2012-2014 y 2015-2019).  En casi 14 años, sólo dejó el Poder Ejecutivo para las Elecciones Generales de 2014, donde salió elegido como senador.
Para propios y extraños, Romero fue mucho más que los cargos que ostentaba. Esquivó todas las pugnas internas y, una y otra vez, terminó bien parado al lado de la banda presidencial. A nivel externo supo jugar un rol de mediador y sacó las castañas del fuego en varios conflictos que sus otros colegas de Gabinete no supieron gestionar.  Para él, poner las cosas en orden siempre significó poner las cosas bajo su control.

Nunca estuvo alejado de la controversia y no se libró del desgaste político, de la corrupción y del descrédito que le significó su posición privilegiada en el núcleo de poder que controló el país por más de 13 años.

De la clandestinidad al banquillo de los acusados
Mientras todas las miradas estaban puestas en el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y en otros ocho altos exfuncionarios asilados en la Embajada de México, Carlos Romero pasó desapercibido.  Luego que Evo Morales huyera de Bolivia, se supo que buscó refugio en la Embajada de Argentina en La Paz y se rumoreó que desde las sombras contribuyó a las negociaciones que encaró el gobierno transitorio de Jeanine Añez para pacificar el país.

El 9 de enero su vida dio un vuelco inesperado luego que un periodista del medio español OkDiario lo ubicara ingresando en un apartamento de su propiedad, en la zona de Sopocachi. Horas más tarde Romero se trasladó a su residencia de Auquisamaña, en la zona sur donde un grupo de activistas de la denominada “Resistencia” instaló una vigilia demandando su aprehensión. Dos días después fue evacuado de su vivienda e internado de emergencia en el hospital de la Caja Petrolera.  Desde la clínica habló con los medios de comunicación y aseguró que se encontraba “sin vida y sin esperanza”.  

Este martes Romero fue arrestado por efectivos policiales luego de ser dado de alta y trasladado a las oficinas del Ministerio Público.  Fue aprehendido luego de negarse a declarar en la audiencia instalada para continuar con la investigación del caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELIN ).  Decidió acogerse al silencio, tal vez por la certeza de que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra.

Bajo sospecha por varios delitos
El hombre fuerte del gobierno de Evo Morales se encuentra en el banquillo de los acusados bajo sospecha de estar involucrado en la comisión de varios delitos. Paradojas de la vida, es investigado y juzgado por quienes otrora dependían de su aval y cumplían sus órdenes.

El caso UELIN
Su aprehensión fue ordenada por el caso UELIN cuya investigación se inició en febrero de 2019 con la petición de informe escrito de la diputada Rose Marie Sandoval, sobre los 42 contratos por valor de 61 millones de dólares   con la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL, cuyo propietario, el peruano Nilo Honor, abandonó el país.  La empresa Horizontal de Aviación se hizo de contrataciones millonarias para el mantenimiento de aeronaves de lucha contra el narcotráfico de las fuerzas especiales antidroga “Diablos Rojos” y “Diablos Negros” en las gestiones 2017 y 2018.
Hasta el momento son 23 los involucrados, de los cuales 15 son civiles y sólo cinco prestaron su declaración informativa y fueron enviados a la cárcel. Pero, en los días de conflicto de octubre y noviembre, todos ellos se beneficiaron con detención domiciliaria.  También están involucrados los excomandantes de las fuerzas antidrogas.

El 27 de diciembre de 2019, la diputada Sandoval presentó una ampliación de querella contra Romero y contra otras cinco personas por los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
En el curso de la investigación se constató que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó la contratación de Horizontal de Aviación Bolivia SRL con la resolución jerárquica 003/2016, después  que la empresa descartada en la licitación impugnara el proceso de contratación en 2016.

Caso Illanes
También está siendo investigado por omisión al deber de socorro. En 2016 su viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes fue asesinado luego de ser tomado como rehén por un grupo de cooperativistas mineros que bloqueaban la carretera La Paz-Oruro y que pedían negociar sus reivindicaciones.
Existen evidencias que muestran que Illanes llamó insistentemente a Romero para que acepte negociar las exigencias de sus captores, entre ellas el repliegue del cerco  policial. En vez de ello, la policía avanzó y mató a bala al quinto minero fallecido durante este  conflicto. También fue el tiro de gracia contra Illanes contra quién los mineros descargaron su furia. La autopsia reveló que fue golpeado durante siete horas antes de morir lo que es considerado como evidencia de que esa muerte puedo ser evitada.

Caso Terrorismo
El pasado 6 de enero, los abogados Otto Ritter y Gary Prado presentaron ante el Ministerio Público una denuncia contra los ex ministros de Gobierno Carlos Romero, Jorge Pérez y Hugo Moldiz por haber financiado pasajes y viáticos de jueces ciudadanos para direccionar el proceso.
El caso se enmarca en los sucesos de abril de 2009, cuando se registró el asalto policial en el Hotel de Las Américas contra un supuesto grupo terrorista cuyos miembros fueron ejecutados sumariamente por agentes del gobierno de Evo Morales.  El caso conocido como Terrorismo II,  contra los supuestos financiadores del grupo irregular, fue activado un año después e involucró a 12 personas, dos de las cuales estuvieron diez años presos y sin sentencia, y dos con detención domiciliaria.  Seis fueron sentenciados en proceso abreviado y 16 buscaron refugio en otros países.

Caso Montenegro
El diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterio, pidió al Ministerio Público ampliar la investigación contra Romero por encubrir y proteger al narcotraficante Pedro Montenegro.
La petición fue formulada luego que el jefe nacional de Interpol, Jorge Campos, revelara que hubo una reunión secreta, con Romero, el entonces viceministro de Régimen Interior José Luis Quiroga, el entonces comandante policial Vladimir Calderón, entre otros para encubrir a Montenegro.

Caso Franclin Gutiérrez
Franclin Gutiérrez, líder de Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz  (Adepcoca)  anunció que demandará a Evo Morales y Carlos Romero, entre otras ex autoridades del gobierno del MAS, por su encarcelamiento bajo la falsa acusación de haber ordenado la muerte del teniente de policía Daynor Sandoval, efectivo de la Fuerza de Tarea Conjunta, en La Asunta.
Gutiérrez estuvo encarcelado durante más de un año sin pruebas en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. Es el mismo reciento carcelario donde hoy se encuentra Romero. Sufre una grave dolencia, la soledad política, y personifica la derrota y el desmoronamiento  del régimen de Evo Morales Ayma.

Foto: EFE

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