Por: Zulema Alanes.- Carlos Romero Bonifaz fue sin duda uno de los
hombres más influyentes del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), por
ello no es exagerado afirmar que el domingo 10 de noviembre a las 16.52 horas, el
mismo día y a la misma hora de la renuncia de Evo Morales, empezó a transitar
del poder a la caída.
Tuvo más cargos que cualquiera de los
colaboradores de Evo Morales. El 2006
irrumpió de lleno en la política como Asambleísta Constituyente. Fue ministro
de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente (2008), de Autonomías (2009)
y de la Presidencia (2011-2012). Pasó a
la cartera de Gobierno donde cumplió dos gestiones (2012-2014 y 2015-2019). En casi 14 años, sólo dejó el Poder Ejecutivo
para las Elecciones Generales de 2014, donde salió elegido como senador.
Para propios y extraños, Romero fue mucho más
que los cargos que ostentaba. Esquivó todas las pugnas internas y, una y otra
vez, terminó bien parado al lado de la banda presidencial. A nivel externo supo
jugar un rol de mediador y sacó las castañas del fuego en varios conflictos que
sus otros colegas de Gabinete no supieron gestionar. Para él, poner las cosas en orden siempre
significó poner las cosas bajo su control.
Nunca estuvo alejado de la controversia y no
se libró del desgaste político, de la corrupción y del descrédito que le
significó su posición privilegiada en el núcleo de poder que controló el país
por más de 13 años.
De la
clandestinidad al banquillo de los acusados
Mientras todas las miradas estaban puestas en
el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y en otros ocho altos
exfuncionarios asilados en la Embajada de México, Carlos Romero pasó
desapercibido. Luego que Evo Morales
huyera de Bolivia, se supo que buscó refugio en la Embajada de Argentina en La
Paz y se rumoreó que desde las sombras contribuyó a las negociaciones que
encaró el gobierno transitorio de Jeanine Añez para pacificar el país.
El 9 de enero su vida dio un vuelco inesperado
luego que un periodista del medio español OkDiario lo ubicara ingresando en un
apartamento de su propiedad, en la zona de Sopocachi. Horas más tarde Romero se
trasladó a su residencia de Auquisamaña, en la zona sur donde un grupo de
activistas de la denominada “Resistencia” instaló una vigilia demandando su
aprehensión. Dos días después fue evacuado de su vivienda e internado de
emergencia en el hospital de la Caja Petrolera.
Desde la clínica habló con los medios de comunicación y aseguró que se
encontraba “sin vida y sin esperanza”.
Este martes Romero fue arrestado por efectivos
policiales luego de ser dado de alta y trasladado a las oficinas del Ministerio
Público. Fue aprehendido luego de
negarse a declarar en la audiencia instalada para continuar con la
investigación del caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral
Contra el Narcotráfico (UELIN ). Decidió
acogerse al silencio, tal vez por la certeza de que todo lo que diga puede ser
utilizado en su contra.
Bajo
sospecha por varios delitos
El hombre fuerte del gobierno de Evo Morales
se encuentra en el banquillo de los acusados bajo sospecha de estar involucrado
en la comisión de varios delitos. Paradojas de la vida, es investigado y
juzgado por quienes otrora dependían de su aval y cumplían sus órdenes.
El caso
UELIN
Su aprehensión fue ordenada por el caso UELIN
cuya investigación se inició en febrero de 2019 con la petición de informe
escrito de la diputada Rose Marie Sandoval, sobre los 42 contratos por valor de
61 millones de dólares con la empresa
Horizontal de Aviación Bolivia SRL, cuyo propietario, el peruano Nilo Honor,
abandonó el país. La empresa Horizontal
de Aviación se hizo de contrataciones millonarias para el mantenimiento de
aeronaves de lucha contra el narcotráfico de las fuerzas especiales antidroga
“Diablos Rojos” y “Diablos Negros” en las gestiones 2017 y 2018.
Hasta el momento son 23 los involucrados, de
los cuales 15 son civiles y sólo cinco prestaron su declaración informativa y
fueron enviados a la cárcel. Pero, en los días de conflicto de octubre y
noviembre, todos ellos se beneficiaron con detención domiciliaria. También están involucrados los excomandantes
de las fuerzas antidrogas.
El 27 de diciembre de 2019, la diputada Sandoval
presentó una ampliación de querella contra Romero y contra otras cinco personas
por los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
En el curso de la investigación se constató
que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó la contratación de
Horizontal de Aviación Bolivia SRL con la resolución jerárquica 003/2016,
después que la empresa descartada en la
licitación impugnara el proceso de contratación en 2016.
Caso
Illanes
También está siendo investigado por omisión al
deber de socorro. En 2016 su viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes fue
asesinado luego de ser tomado como rehén por un grupo de cooperativistas
mineros que bloqueaban la carretera La Paz-Oruro y que pedían negociar sus
reivindicaciones.
Existen evidencias que muestran que Illanes llamó
insistentemente a Romero para que acepte negociar las exigencias de sus
captores, entre ellas el repliegue del cerco policial. En vez de ello, la policía avanzó y
mató a bala al quinto minero fallecido durante este conflicto. También fue el tiro de gracia contra
Illanes contra quién los mineros descargaron su furia. La autopsia reveló que
fue golpeado durante siete horas antes de morir lo que es considerado como
evidencia de que esa muerte puedo ser evitada.
Caso
Terrorismo
El pasado 6 de enero, los abogados Otto Ritter
y Gary Prado presentaron ante el Ministerio Público una denuncia contra los ex
ministros de Gobierno Carlos Romero, Jorge Pérez y Hugo Moldiz por haber
financiado pasajes y viáticos de jueces ciudadanos para direccionar el proceso.
El caso se enmarca en los sucesos de abril de
2009, cuando se registró el asalto policial en el Hotel de Las Américas contra
un supuesto grupo terrorista cuyos miembros fueron ejecutados sumariamente por
agentes del gobierno de Evo Morales. El caso
conocido como Terrorismo II, contra los
supuestos financiadores del grupo irregular, fue activado un año después e
involucró a 12 personas, dos de las cuales estuvieron diez años presos y sin
sentencia, y dos con detención domiciliaria.
Seis fueron sentenciados en proceso abreviado y 16 buscaron refugio en
otros países.
Caso
Montenegro
El diputado de Unidad Demócrata, Tomás
Monasterio, pidió al Ministerio Público ampliar la investigación contra Romero
por encubrir y proteger al narcotraficante Pedro Montenegro.
La petición fue formulada luego que el jefe
nacional de Interpol, Jorge Campos, revelara que hubo una reunión secreta, con
Romero, el entonces viceministro de Régimen Interior José Luis Quiroga, el
entonces comandante policial Vladimir Calderón, entre otros para encubrir a
Montenegro.
Caso
Franclin Gutiérrez
Franclin Gutiérrez, líder de Asociación
Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca)
anunció que demandará a Evo Morales y Carlos Romero, entre otras ex
autoridades del gobierno del MAS, por su encarcelamiento bajo la falsa acusación
de haber ordenado la muerte del teniente de policía Daynor Sandoval, efectivo
de la Fuerza de Tarea Conjunta, en La Asunta.
Gutiérrez estuvo encarcelado durante más de un
año sin pruebas en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. Es el mismo
reciento carcelario donde hoy se encuentra Romero. Sufre una grave dolencia, la
soledad política, y personifica la derrota y el desmoronamiento del régimen de Evo Morales Ayma.
Foto: EFE