A través de un comunicado, la Red Internacional de Bolivianos en el Exterior (RIBE) pidió a la presidenta, Jeanine Añez, enviar el proyecto de ley de garantías constitucionales a una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para evitar “enfrentar al poder ejecutivo con el legislativo”.
En estos días se suscitaron cuestionamientos y apoyo al polémico proyecto de ley de Garantías Constitucionales que se debatía en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde el exterior, los bolivianos también rechazan esta norma por considerar que solo buscar “dar amnistía a personas que defraudaron y engañaron al país, desbarataron y corrompieron sus instituciones, quisieron perpetuarse en el poder, violaron los derechos humanos e incitaron a acciones vandálicas y terroristas”.
Mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), exige la aceleración de esta norma, desde el Gobierno se ratificó que no se promulgará una norma como esta por ser “innecesaria”. Es así que el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, adelantó que se está “analizando la posibilidad de hacer una consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, consideramos que este proyecto de ley no es necesario”.
En esa línea la RIBE en su comunicado afirman que “es indudable que se tiene que completar la pacificación del país, que se tienen que sanar las heridas, que se tiene que reparar y compensar el daño que sufrieron las víctimas de los dolorosos hechos de octubre y de noviembre, para ello la única forma es mediante el diálogo, los consensos y un trabajo en unidad; bajo ese marco, los medios surgirán adecuada y eficazmente. De ninguna manera esto se logrará mediante la inmunidad, impunidad y la injusticia”
Este proyecto de ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos Constitucionales que ya ha pasado al Senado prevé, entre otros aspectos, la protección para autoridades electas y dirigentes sindicales.
Fuente: ANF
