Un plebiscito que impulse una nueva Constitución, que reemplace a la que fue heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), es "fundamental" e indispensable para superar la crisis social que sacude a Chile, señalaron este sábado tres partidos de izquierda opositora al gobierno de Sebastián Piñera.
Líderes de tres partidos opositores consideraron "insuficiente" la agenda social presentada por el gobierno días atrás, en un intento por desactivar las protestas que se han mantenido firmes a 16 días de su inicio.
"La agenda social del gobierno es insuficiente tenemos que ir a lo fundamental, la primera contrapropuesta que tenemos que nos parece absolutamente clave para todo los demás, es un plebiscito para una nueva Constitución", dijo Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).
Muñoz, quien fuera canciller durante la segunda presidencia de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), afirmó que "la Constitución actual es un obstáculo" para avanzar hacia una sociedad más justa.
Por su parte, el presidente del Partido Socialista y exvocero de Bachelet, Álvaro Elizalde, afirmó que la oposición se va "a jugar entero por un plebiscito" .
"La gente se está expresando en las calles para expresar su malestar por lo que corresponde que se pronuncie democráticamente", señaló el político en declaraciones a la prensa por parte de los partidos opositores PPD y Radical.
Aprobada en 1980, en un cuestionado plebiscito, la Constitución fue un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura en 1990, y asegurar la continuidad del modelo de economía abierta con escasa presencia del Estado en temas como Educación, Salud y Pensiones.
Además del cambio constitucional, los tres partidos proponen que se fijen precios de medicamentos, se realicen aumentos significativos a las pensiones menos favorecidas y se estudien mecanismos para fijar mayores impuestos a los más ricos, entre otros cambios.
La crisis, marcada por violentas protestas y saqueos, provocó 20 muertes, más de un millar de heridos y miles de detenidos, sobre todo la primera semana cuando el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia que significó que salieran los militares a las calles por primera vez desde el retorno de la democracia y en un régimen de toque de queda nocturno.
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