Para la Fiscalía General, el estudio informático sobre el presunto fraude en los comicios atribuidos al Tribunal Supremo Electoral (TSE...
Para la Fiscalía General, el estudio informático sobre el presunto fraude en los comicios atribuidos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sólo constituye “una opinión personal, como las muchas que se han vertido durante la semana”.
El Colegio de Abogados de La Paz señala que si bien no se trata de un delito en flagrancia, por la gravedad de las acusaciones el Ministerio Público ya debió abrir una investigación de oficio.
El jueves, Edgar Villegas presentó en el canal universitario un estudio realizado por un grupo de ingenieros informáticos sobre al menos 12 tipos de irregularidades que favorecieron al Movimiento Al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales, en desmedro de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa. El reporte señala que en el TSE se manipuló de forma intencional el cómputo de votos, hecho que ha generado una crisis a nivel nacional, con paros cívicos indefinidos que plantean la segunda vuelta.
De acuerdo a la Fiscalía General, el informe presentado por Villegas constituye sólo una “opinión personal”, que surgió como tantas que se dieron durante la semana. Además, sin explicar qué tipo de valoración se hizo de las múltiples denuncias ciudadanas que se hicieron en todo el país, sobre la suplantación de actas de votación, la institución señaló que no son considerados delitos.
Sin embargo, la Fiscalía aclaró que si una persona está convencida de que esos hechos constituyen delitos, se debe presentar la denuncia con las pruebas. Hasta ayer, pese al anuncio de múltiples sectores y actores políticos, no se había presentado ninguna demanda penal, según la institución.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, explicó que en el caso de la denuncia hecha por Villegas, si bien no se trata de un delito en flagrancia, la gravedad de las acusaciones permite que se abra un caso de oficio. Estableció mayor responsabilidad sobre los miembros del TSE, quienes al conocer de dichas irregularidades debieron presentar una denuncia, el no hacerlo, constituye un incumplimiento de deberes, que de todas maneras conlleva un proceso penal en su contra.
En relación a las denuncias que se conocieron el día de las elecciones, sobre suplantación de identidad, acarreo de votos y alteración de actas, el exfiscal Milton Mendoza afirmó que todos esos hechos debieron ser investigados de oficio por la Fiscalía. Explicó que la “noticia fehaciente” emitida por medios de comunicación bastaba para abrir una investigación, debido a que se afectó un derecho colectivo.
//Página Siete//
//Foto Los Tiempos//
