Números, ajustes y reformas

Por: Susana Seleme Antelo - Periodista                                                                                                 ...


Por: Susana Seleme Antelo - Periodista                                                                                                                                                                                                                                    

Si nos atenemos a las cifras con las que régimen de Evo Morales nos ha atiborrado estos casi 14 años de ejercicio de poder violento, revestido de democracia e impostor, la realidad indica que Bolivia está lejos de lo que pretenden sus altisonantes números. 

Se sabe que la gestión pública y privada basada exclusivamente en números engaña. Es que no se ajusta a la vida cotidiana de mucha gente que araña cotidianamente su sobrevivencia. 

La enorme cantidad de recursos manejados por el Estado Pluricentralista –concentra 90% de la riqueza generada en el país y se niega a un saludable Pacto Fiscal- no tuvo un correlato en la expansión y diversificación de la economía para ocupar a la población económicamente activa (PEA). La misma que entre 70% y 80% es arrojada a la informalidad, al trabajo precario, sin seguridad social, salud y educación públicas de calidad. 

Los tantos bonos creados por el régimen, sobrecargados de propaganda política e ideológica, pueden ser un paliativo, pero no solucionan la raíz de la pobreza: la escasa producción de riqueza con crecimiento de la fuerza de trabajo. En cambio, despilfarró la mayor bonanza económica de toda la historia de Bolivia, de 2006 hasta 2014. 

En ese tenor, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) afirma que la medición de la pobreza debe incluir variables que van más allá de los ingresos. Para ello, se debe tomar en cuenta las brechas de desigualdad en el acceso a recursos, oportunidades, participación política y seguridad ciudadana. El estudio identifica “la pobreza multidimensional” y establece una diferencia sustancial con la forma tradicional de medir la pobreza por ingresos. Así señala que “En 2017, el 34% de la población boliviana era pobre por ingresos, mientras que los pobres multidimensionales llegaron al 61%”, si se toman en cuenta las nuevas variables para su medición. Los investigadores afirman que “la pobreza es la negación de los derechos humanos”. Añade que “las políticas públicas debieran estar orientadas a dar solución a los problemas derivados de la falta de condiciones para su ejercicio pleno, por su relación fundamental con la democracia y el desarrollo”. 

De eso hablamos cuando miramos la pobreza y su reproducción intergeneracional en las mujeres. No solo es con leyes, sino con educación tan mezquina para ellas en áreas rurales y periurbanas hacinadas por la migración forzosa, sujetas a abusos, trata, narcotráfico y feminicidios. Frente a esas lacras, más educación, acceso sin trabas a bienes, servicios, prestigio, poder y libertad. 

Después de escuchar el discurso de Morales, el pasado 6 de agosto, en el 194 aniversario de la creación de la extinta República de Bolivia, confirmamos la convicción de que Morales vive en Jauja. 

No habló de la desaceleración económica en curso por la disminución de los precios del gas, la drástica reducción de su producción y la significativa rebaja de exportación a los mercados de Argentina y Brasil. Eran sus mercados cautivos, hasta la aparición de Vaca Muerta y el Presal, respectivamente. Tampoco mencionó los déficits fiscal y comercial que sufre Bolivia desde hace años y el endeudamiento que crece. 

Según el economista Mauricio Ríos García, hay que hacer ajustes, entre ellos “recortar el gasto… pues el Estado, por definición, no genera valor”. Puede crear empleo, pero no riqueza. 

No aconseja la devaluación, porque “devaluar solamente genera inflación, y está orientado a solventar el modelo del gasto y destrucción de capital”. Los mejores ejemplos son Venezuela y Argentina. Sí exhorta a eliminar la subvención a los hidrocarburos, pues no hay recursos para “seguirla financiando, si no es con más deuda.” Agrega, que habría que “liquidar la gran mayoría de empresas públicas deficitarias o en bancarrota”. 

Ríos García sugiere racionalizar los supernumerarios en todas las empresas públicas. Apunta a terminar con la represión financiera, que “constituye la bolivianización forzosa de la economía” lo mismo que “el control de las tasas de interés crediticio, en niveles muy bajos durante demasiado tiempo”. Tampoco se debería forzar más a la banca “a colocar créditos en sectores que ya están saturados, como producción y vivienda”. Propone terminar con el control de precios y no iniciar procesos de rescate a ninguna empresa, “porque significaría socializar pérdidas, y la gente va a necesitar de sus ahorros para sostenerse”, con la crisis ya en marcha. 

Entre las reformas más sensibles, el economista incita a “recortar y hacer más fáciles y sencillos unos impuestos, y eliminar otros”. Según Ríos, esa es una de las primeras causas de la informalidad. Esa medida sería “un incentivo para que capital fresco y de calidad llegue para invertir en el país”. Es decir, la atracción de inversión extranjera privada, estimulada por el recorte de impuestos, una necesaria flexibilización laboral, así como la reducción del número de competencias del Estado sobre la economía 

Las reformas, según Ríos, deben hacer hincapié en la seguridad jurídica, para la apertura comercial y la firma de acuerdos, empezando por el Mercosur. 

No obstante, a pesar de que los números no cuadran con la realidad, Morales sigue apostando al populismo, sin importarle el 61 % de pobres multifuncionales. 

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Números, ajustes y reformas
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