Fiscalía de Brasil alerta sobre el millonario negocio de los incendios en la Amazonía

En el negocio millonario de las quemas de la Amazonía, prenderle fuego a un área de 1.000 hectáreas vale 220.000 euros en el mercado negro. Ese cálculo aplicado a la devastación en el presente año en la selva amazónica y en parte del Pantanal ascendería a 4,3 millones de euros, según la investigación de la Fiscalía de Brasil.

La indagación se realiza para determinar la participación de grupos de delincuentes en los incendios, de acuerdo a información publicada por el diario español El País.

“Existe la sospecha de una acción orquestada y de una actuación que ha sido largamente trabajada para llegar a este resultado”, afirmó la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, que reunió en Brasilia al equipo especial de fiscales que investiga los delitos que han tenido lugar en la Amazonía Legal, zona que abarca 61% del área del país.

Uno de los actos que están en el marco de la investigación del Ministerio Fiscal es el “Día del Fuego”, un evento organizado por productores rurales, sindicalistas, grileiros, el nombre dado a los usurpadores de tierras públicas, y comerciantes con el objetivo de arrasar parte de la selva y plantar pasto, conforme se anunció en un diario local del interior del Estado de Pará el 5 de agosto.

Un reportaje del programa de televisión Globo Rural mostró que un grupo de al menos 70 personas de las ciudades de Altamira y Novo Progresso —ambas pertenecientes al Estado de Pará y ubicadas en una de las zonas con mayor repunte de incendios— acordó el acto delictivo vía WhatsApp.

El objetivo era, el 10 de agosto, deforestar un área circundante a la carretera BR-163 y demostrarle al presidente brasileño Jair Bolsonaro que apoyan sus planes de rebajar los controles que lleva a cabo el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), el principal órgano de fiscalización ambiental del país.

Fue el propio Ministerio Fiscal Federal del interior de Pará quien alertó sobre los riesgos del "Día del Fuego". Documentos indican que el fiscal Paulo de Tarso Moreira Oliveira le comunicó al IBAMA dichos planes delictivos. El IBAMA respondió, días más tarde, diciendo que no podía actuar debido a la falta de seguimiento de la Policía Militar de Pará y porque la Fuerza Nacional de Seguridad, bajo las órdenes del Ministerio de Justicia de Sergio Moro, había hecho caso omiso a las solicitudes de apoyo.

Los fiscales del equipo especial para Amazonía evitan responsabilizar al Gobierno Bolsonaro sobre el caso, pese a las advertencias que recibieron. “El Ministerio Público mira hacia delante”, dijo la fiscal general, Raquel Dodge.

Por su parte, el fiscal Joel Bogo afirmó que el objetivo principal es encontrar a los autores de los delitos. “Nuestro papel constructivo es el de estimular a los organismos del Gobierno, no solo a los del federal, sino también a los de los gobiernos estatales”, dijo Bogo, uno de los miembros del equipo especial creado por la Fiscalía General de Brasil hace un año.

“Sí, son los miembros de organizaciones criminales quienes realizan la deforestación ilegal de grandes proporciones, incluso mediante financiación”, explicó el fiscal.

“Los fuegos son reflejo del aumento de la deforestación. La quema aumenta porque la frontera agrícola se está expandiendo", completó el fiscal destinado en Rio Branco, en el estado de Acre.

Después de que se emitiera el reportaje de Globo Rural sobre el "Día del Fuego", Bolsonaro ordenó que la Policía Federal también investigue el caso.

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