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El alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, ambos aliados del candidato a la presidencia por el opositor Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, han quedado en menos de una semana imputados y con arraigo, por disposición de fiscales, a menos de tres meses para la votación. En plena intensificación de la campaña electoral,las dos autoridades están acosadas por juicios, lo que se interpreta por ellos mismos y sus defensores como una "persecución judicial y política" atribuida al apoyo que le han ofrecido a uno de los principales adversarios de Evo Morales.
Estos dos recientes casos judiciales que afectan a ambas autoridades han estado precedidos de otras numerosas demandas que han puesto contra la pared en los últimos meses y años a un sinnúmero de políticos y dirigentes adversarios del presidente de Bolivia, varios de los que solicitaron refugio y asilo político, sobre todo en Brasil, EEUU, España y Perú.
Otros dos personajes emblemáticos de la oposición asediados por juicios son el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el exgobernador de Beni, Ernesto Suárez. Entre ambos suman más de 60 procesos, aunque en el último tiempo muchos se han caído por "inverosímiles", refirió Vladimir Peña, dirigente del partido Demócratas, de la alianza Bolivia Dice No, que postula a la presidencia a Oscar Ortiz. Precisamente Suárez ya fue detenido antes en Beni, mientras que el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, de la misma organización política, está encarcelado desde el año pasado.
Este martes, el fiscal de La Paz, William Alave, anunció la imputación formal en contra del alcalde de La Paz, Luis Revilla, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública dentro del denominado caso Alpacoma.
Apoyada en una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la que se determina responsabilidad penal en contra del alcalde, la Fiscalía emitió la resolución de imputación por el deslizamiento que afectó al rio y a la población de Achocalla, en La Paz. De acuerdo con las investigaciones existen los suficientes indicios que hacen presumir que el alcalde es con probabilidad autor de los delitos investigados.
La Fiscalía adelantó que solicitará medidas cautelares para la autoridad paceña y el juez determinará la aplicabilidad. El arraigo es una de las posibles acciones y consiste en impedir que el procesado pueda viajar o desplazarse al exterior del país.
Esa medida fue aplicada hace una semana al gobernador de Tarija, Adrián Oliva, que como Revilla ha establecido una alianza opositora con el candidato Carlos Mesa. La autoridad tarijeña está acusada de irregularidades en la compra de cemento asfáltico para la construcción de la carreta Santa Ana-Yesera.
La esposa del alcalde de La Paz, Mary Cruz Ribera, también acudió a declarar en condición de testigo hace cinco días en el marco de una investigación al programa Yo Soy Mi Primer Amor que dirige a favor de mujeres y contra la violencia que las afecta. "A la fecha son como ocho procesos abiertos este año, todos por diputadas y diputados, alcaldes o dirigentes del MAS. Para dañar nuestra gestión municipal han llegado al extremo de involucrar a mi esposa con el supuesto uso de recursos públicos, sin prueba alguna, para el voluntariado que dirige con tanto éxito en contra de la violencia a la mujer. Estamos sufriendo una persecución política y judicial y un acoso vía estos dirigentes a través de los medios e incluso oficinas de prensa del Ministerio Público. Todo se debe al año electoral y a nuestra decisión de apoyar la candidatura de Carlos Mesa. Es la lógica totalitaria del MAS contra quien piensa distinto", dijo Revilla a Infobae.
Gobernador no puede viajar
Mientras el alcalde de La Paz se queja del acoso judicial, el gobernador de Tarija está impedido de viajar, lo que derivó en su malestar porque no puede desplazarse para realizar actividades fuera del país.
El abogado Yamil García, que fue secretario de justicia del gobenador tarijeño, dijo que Oliva enfrenta cuatro imputaciones en su contra, unas relacionadas a trámites a cargo de unidades desconcentradas en las que se le atribuyó responsabilidad por delegar funciones y designar a funcionarios, es decir sin ningún tipo de participación directa. Tienen que ver con observancia de plazos administrativos.
También hay otras cuatro causas aún en investigación preliminar. "Todas han sido promovidas por funcionarios pertenecientes al partido de gobierno o por empresas vinculadas a la anterior gestión interina a cargo del MAS, ninguna con auditoría previa. En contrapartida, nuestra gestión ha identificado y denunciado casi un centenar de casos contra el ex gobernador Condori, del oficialismo, por hechos de sobreprecio del 400 por ciento, falsedad en contrataciones, alquileres fantasmas de vehículos para fines privados, adquisiciones millonarias direccionadas a favorecer a una empresa y otras. Inclusive se ha solicitado la acreditación del peligro de fuga del ex gobernador porque presuntamente tiene doble nacionalidad. Sin embargo, la mayoría de esas audiencias ha sido suspendida y este no ha sido objeto de medidas cautelares severas", explicó.
La audiencia en la que la justicia dictó el arraigo del gobernador Oliva demoró dos años. Además del arraigo, el juez prohibió a Oliva establecer alguna comunicación con los otros imputados o testigos, la presentación de dos garantes personales y la obligación de presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público.
En el caso del también opositor Bolivia Dice No, el principal partido de la alianza Demócratas, tiene a sus principales líderes Rubén Costas y Enesto Suárez, con juicios durante más de 10 años por la autonomía.
Ambos están arraigados desde hace más de cinco años, sus bienes anotados preventivamente, sus cuentas congeladas y tienen que presentarse cada tres semanas a la Fiscalía.
También hay autoridades como Alcides Villagómez, asambleísta por Santa Cruz, que fue detenido cuatro meses por no suspender al gobernador. Ahora Villagómez es aspirante a diputado plurinominal.
Hay muchos que nuevamente son candidatos después de quedar inhabilitados en la elección de 2015. Fernando Aponte postulante a primer senador por Beni fue inhabilitado junto a otros 227 candidatos en la elección subnacional.
El diputado Rafael Quispe, aliado de Bolivia Dice No, ahora enfrenta un juicio por acoso político a consecuencia de su denuncia contra autoridades del MAS por el desvío de fondos en el Fondo Indígena.
Máximo Gallego, dirigente indígena del norte de Potosí, también fue perseguido por ser uno de los primeros dirigentes indígenas disidentes del régimen en un territorio que antes era bastión del MAS, según Vladimir Peña. Ahora es candidato a primer senador por Potosí. "El hecho que haya muchos perseguidos políticos dentro de la Alianza es una señal positiva, por dos motivos fundamentales. Es la prueba que está la gente que ha hecho resistencia y oposición al proyecto hegemónico. Y la segunda, más allá de las acusaciones y los juicios mediáticos que hace la maquinaria gubernamental, nuestros perseguidos, incluso después de pasar por la cárcel, ninguno ha sido sentenciado ni se ha comprobado la culpabilidad de las acusaciones, y cuando vuelven a una papeleta electoral reciben mayor apoyo ciudadano. En un país con una justicia sometida al Poder Ejecutivo, el veredicto ciudadano es el que cuenta", afirmó Peña.
Samuel Doria Medina, presidente del opositor Unidad Nacional, es otro de los políticos con juicios y arraigo. En el caso del candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, el MAS le abrió una investigación por el caso Lava Jato.
De su lado, el candidato a la Presidencia por el opositor UCS, Víctor Hugo Cárdenas, sigue un juicio para recuperar una de sus propiedades y para que el gobierno le reponga los daños. Hace 10 años que no encuentra justicia.
La candidata Anelín Suárez, del mismo partido, tiene a su marido refugiado en Brasil, mientras que el esposo de la candidata a senadora Erika Oroza fue perseguido y se refugió en el vecino país.
//Infobae//
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