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El juez electoral de Morochata, en Cochabamba, Omar Blanco, asumió la competencia de la denuncia contra el presidente Evo Morales por ofrecer obras a cambio de votos en el mencionado municipio, un mes después de que el caso pasara de mano en mano entre el juez y las instituciones electorales.
Blanco, en primera instancia, había declinado resolver este caso argumentando que no tenía competencia, por lo que el 11 de julio devolvió el expediente al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, que a su vez lo remitió al Tribunal Supremos Electoral (TSE).
Sin embargo, días después, el TSE ratificó que el juez debía resolver el caso, por lo que devolvió el expediente al TED y éste lo volvió a enviar al juez electoral.
Omar Blanco confirmó ayer a Los Tiempos que “recientemente me lo han remitido y, como estoy en suplencia de otro juzgado, voy a revisar detalladamente la resolución. En cuanto a la competencia, no habría mayor discusión si es que los argumento son válidos, tendría que proseguir con el trámite”.
El juez explicó que en los próximos tres días emitirá una resolución y notificará del caso a la parte denunciada, en este caso, el presidente Evo Morales.
“Posteriormente se abre seis días de plazo probatorio y luego se emite la resolución correspondiente “, explicó.
El pasado 25 de junio, el TSE envió al juez electoral el informe técnico donde identificó posibles vulneraciones a la Ley de Régimen Electoral, referidas a la prohibición de ofrecer prebendas o dinero de cualquier naturaleza.
El hecho al que hace referencia el TSE ocurrió en Morochata el 18 de junio, cuando el presidente Morales, en un acto público y transmitido por medios estatales, aseveró que si ganaba con el 100 por ciento de votos en esa región les iba a dar “lo que ustedes pidan”.
Otras denuncias
El TSE remitió otros dos informes a los jueces electorales: uno por presuntas faltas cometidas por el candidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, al difundir en un medio televisivo un spot sobre un proyecto de ley.
El otro caso es por un spot pagado por la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin) y difundido en cuatro medios de ese departamento.
El primer caso ya fue enviado al juez electoral de la Circunscripción 44, Lucio Condori, informó la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Sandra Ketels.
“El juez tiene tres días para recibir documentación y notificar y seis días para pronunciarse”, explicó Ketels.
Según el vocero de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, esta tienda política ya fue notificada del proceso, lo que llamó la atención, pues el caso se mueve con celeridad, al contrario de lo que sucede con la denuncia contra el presidente Morales por sus dichos en Morochata.
3 denuncias electorales. A la fecha hay tres denuncias por presuntas faltas electorales: contra el MAS, contra BDN y contra Fedecomin.
SANCIONES VAN DE BS 4 MIL A BS 20 MIL
Según el Reglamento de Propaganda y Campaña electoral, las sanciones por la vulneración a la Ley Electoral y los reglamentos van de dos salarios mínimos a 10. El salario mínimo en Bolivia es de 2.122 bolivianos.
El artículo 120 de la Ley del Régimen Electoral, referida a las multas y sanciones a la difusión de propaganda electoral, menciona que su vulneración “dará lugar a la imposición de sanciones y multas a la organización política y/o candidatura infractora y al medio de comunicación que la difundió, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan”.
“LOS JUECES TIENEN MIEDO AL MAS Y AL EJECUTIVO”
REDACCIÓN CENTRAL
El analista en temas electorales Carlos Cordero aseveró que las decisiones del TSE respecto a la denuncia contra el presidente Evo Morales por presuntas faltas electorales son una muestra más de su falta de autoridad, y afirmó que los jueces tienen miedo al Órgano Ejecutivo.
“El juez que declinó competencia no es por desconocimiento, sino por miedo a pronunciarse contra el Órgano Ejecutivo y mientras estas faltas electorales no tengan una sentencia, un veredicto por parte de un juez sea electoral u ordinario (…) entonces el Presidente va a seguir haciendo usos de los bienes en la campaña”, dijo.
Para el experto, el objetivo de que el caso pase de mano en mano es que transcurra el tiempo y la gente se olvide y vaya perdiendo el interés, de modo que el oficialismo se vea beneficiado.
//Los Tiempos//
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