El fiscal paraguayo Hugo Volpe indicó que el colombiano detenido en Paraguay con el nombre de Marcelo Raymon Díaz Véliz guardó silencio cuando se le tomó su declaración informativa y que ha sido imputado por los delitos de tráfico y comercialización de droga y asociación criminal.
Sobre la identidad del colombiano señaló que preliminarmente le han informado de que se trataría de la misma persona que en Bolivia es conocida como John Wilson Díaz Véliz. En nuestro país, con esa identidad se le abrió un proceso por legitimación de ganancias ilícitas, se lo vinculó al caso denominado Reina de la Piña por su relación sentimental con una modelo que estuvo presa, además de que una trabajadora suya fue implicada en el caso Ostreicher, que derivó en el ‘destape’ de un escándalo de una red de extorsión.
Mientras tanto, en Bolivia, ayer el diputado Tomás Monasterio ‘desempolvó’ los antecedentes de John Wilson Díaz en nuestro país. “Vemos que en 2012 el Estado peruano ya pidió la extradición de esta persona John Wilson Díaz; sorprendentemente, igual que en el caso (de Pedro) Montenegro, autoridades judiciales y el Estado actuaron para proteger a este ciudadano y evitar que sea extraditado”, manifestó.
Según la documentación que expuso, el colombiano figuraba con orden de captura con ‘sello rojo’ para la Interpol.
“Si el Gobierno del MAS no sabe dónde está parado en temas de narcotráfico y si las autoridades judiciales de manera reincidente actúan en función de evitar procesos de extradición o de (personas) buscadas por la justicia internacional, pues lo que queda es entender que los narcovínculos no son historia reciente, sino que se remontan a varios años atrás”, agregó.
Sobre la orden de extradición solicitada por el Gobierno peruano para Díaz Véliz, el jefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, afirmó: “No conozco esa información, pero la investigaremos y después daremos a conocer los resultados”.
Dijo que lo que se conoce es que el colombiano tenía un proceso judicial por legitimación de ganancias ilícitas.
//El Deber//